Pese a esta reducción en la detención preventiva, la población penitenciaria en Bolivia ha seguido en aumento.
Fuente: ANF / La Paz
La Dirección Nacional de Régimen Penitenciario informó que la tasa de detención preventiva en las cárceles del país se redujo en un 3,98% durante el año 2024. Según datos proporcionados por la Defensoría del Pueblo, el porcentaje de detenidos sin sentencia pasó del 62,69% en 2023 al 58,71% en 2024.
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Pese a esta reducción en la detención preventiva, la población penitenciaria en el país ha seguido en aumento. Hasta diciembre de 2024, el número total de privados de libertad alcanzó las 32.035 personas, mientras que en 2021 se registraron 18.703 internos, lo que representa un incremento del 43,5% en solo tres años.
La disminución de la detención preventiva sugiere que una mayor cantidad de internos cuenta con sentencia ejecutoriada. Sin embargo, esta situación se da en un contexto de hacinamiento crítico en las cárceles, donde la sobrepoblación supera el 100% de la capacidad instalada.
De acuerdo con los datos oficiales, el sistema penitenciario cuenta con 46 cárceles, divididas en 26 centros provinciales y 20 urbanos, con una capacidad total para 15.598 internos. No obstante, el número real de privados de libertad a diciembre de 2024 era de 32.035, lo que supone un hacinamiento del 105%.
En comparación con el año anterior, la situación ha mejorado levemente. A diciembre de 2023, la infraestructura penitenciaria podía albergar a 10.526 personas, pero la población encarcelada ascendía a 28.838, lo que generaba un hacinamiento del 174%.
En el último año, la población penitenciaria creció en 3.197 internos. Paralelamente, se ampliaron las instalaciones carcelarias, incrementando la capacidad en 5.072 nuevas plazas. Pese a este avance, al descontar el aumento de internos, la capacidad adicional efectiva quedó en 1.875 plazas.
Las autoridades penitenciarias han señalado que la reducción de la detención preventiva responde a esfuerzos por agilizar los procesos judiciales y priorizar la aplicación de sentencias. Sin embargo, expertos en derechos humanos advierten que el problema del hacinamiento sigue siendo crítico y requiere soluciones estructurales.
Diversos sectores han planteado la necesidad de seguir ampliando la infraestructura penitenciaria y reforzar programas de reinserción social para reducir el número de reincidencias. También se han propuesto reformas al sistema judicial para evitar el uso excesivo de la detención preventiva como medida cautelar.
La Dirección Nacional de Régimen Penitenciario manifestó su compromiso con la mejora de las condiciones carcelarias y la optimización del sistema de justicia. No obstante, el desafío del hacinamiento sigue vigente y se mantiene como una de las principales preocupaciones en materia de derechos humanos dentro del sistema penitenciario del país.