La Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo) expresó su preocupación por la suspensión de las exportaciones de soya en Bolivia, asegurando que esta medida impide que los productores reciban un precio justo por su cosecha y afecta la sostenibilidad del sector.
Fuente: ANF
La Paz, 25 de febrero de 2025 (ANF).- La Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo) expresó su preocupación por la suspensión de las exportaciones de soya en Bolivia, asegurando que esta medida impide que los productores reciban un precio justo por su cosecha y afecta la sostenibilidad del sector. La situación fue analizada por Jaime Hernández, presidente de Anapo, y Fidel Flores, representante de los pequeños productores de soya y past presidente de la organización.
Hernández advirtió que la prohibición de exportar grano de soya afecta directamente a los productores, quienes se ven obligados a vender su producción únicamente en el mercado interno.
=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas
“Nuestra preocupación con la suspensión de las exportaciones del grano de soya está referida principalmente a que eso puede significar que el productor no reciba el precio correcto por su producción”, afirmó a ANF.
Explicó que el precio de la soya en Bolivia se define con base en la referencia internacional, particularmente la bolsa de Chicago, descontando los costos de logística de exportación, que usualmente oscilan entre 80 y 90 dólares por tonelada.
“Si no se puede exportar, esa referencia de precio se pierde, porque el productor queda obligado a vender solo a los compradores locales”, dijo Hernández.
El presidente de Anapo alertó que, tras la suspensión de las exportaciones, el precio de la soya ha experimentado una caída considerable. “Hace dos semanas la tonelada se cotizaba en 550 dólares y ahora ya se habla de 450 dólares. Si esta tendencia se mantiene, muchos productores no podrán cubrir ni siquiera sus costos de producción”, indicó.
Hernández recordó que en 2024 Bolivia produjo aproximadamente dos millones de toneladas de soya, de las cuales el mercado interno demandó solo 800.000 toneladas, dejando un excedente de 1,2 millones de toneladas.
“Este 2025 estamos cosechando 2,5 millones de toneladas, por lo que no hay justificación para restringir las exportaciones”, señaló.
Además, comparó la situación de Bolivia con la de países vecinos como Brasil y Paraguay, donde los productores pueden planificar sus ventas con mayor certeza gracias a la libre exportación. “Aquí en Bolivia se restringen las exportaciones y se establecen cupos de abastecimiento, lo que genera incertidumbre y afecta la transparencia del sistema de comercialización”, manifestó.
Por su parte, Fidel Flores, representante de los pequeños productores de soya, destacó que la campaña agrícola de este año se desarrolla en condiciones favorables, pero la restricción a las exportaciones ha desincentivado al sector.
“Estamos esperanzados en poder vender a un mejor precio nuestra producción, pero lamentablemente el bloqueo a las exportaciones desincentiva al productor”, lamentó en declaraciones a ANF.
Flores explicó que la apertura de mercados internacionales permite a los productores negociar mejores precios, evitando quedar sometidos a las condiciones de las industrias nacionales.
“Cuando están liberados los mercados, podemos vender al costo de oportunidad de exportación. Ahora estamos chocando con la restricción y ojalá se encuentre una solución pronta”, sostuvo.
Según Flores, una liberación tardía de las exportaciones no solucionaría el problema, ya que para ese momento muchos productores ya habrían entregado su cosecha a las industrias sin poder negociar precios justos.
“De nada sirve que el gobierno libere las exportaciones un mes y medio o dos meses después, ya va a ser muy tarde porque el productor ya entregó su producto”, afirmó.
Denunció que muchos pequeños productores están cosechando sin tener un precio definido para su soya, lo que los deja en una posición vulnerable frente a las industrias.
“Entregamos con un precio por cerrar y después tenemos que negociar con el producto en manos de ellos. Eso no es justo”, explicó.
El ex presidente de Anapo enfatizó que la mejor forma de garantizar precios justos es permitir que los productores negocien antes de entregar su producción, debido que si la industria ya tiene el producto, “la negociación está en su cancha, y generalmente el productor sale perdiendo”.
Flores aclaró que los pequeños productores no están en contra de vender al mercado interno, sino que buscan mejores condiciones para comercializar su cosecha.
“No tenemos inconveniente en vender a las industrias, porque lo que se exporta en grano es solo el 10%, el resto se queda en el país. Pero si tenemos otros mercados abiertos, el precio se puede negociar mejor y no quedamos a merced de la industria”, explicó.
Asimismo, recordó que Anapo cuenta con 14.000 productores asociados, de los cuales el 70% son pequeños agricultores, quienes tienen menos margen de maniobra para afrontar caídas de precios.
Tanto Hernández como Flores coincidieron en que la suspensión de exportaciones no solo pone en riesgo la rentabilidad de los productores, sino que también compromete la sostenibilidad del sector.
Finalmente, los representantes de Anapo hicieron un llamado al gobierno para que se revierta la medida y se permita la libre exportación del grano.
“Necesitamos políticas que fomenten la producción y que garanticen un precio justo para los productores, en lugar de restringir el acceso a los mercados internacionales”, concluyó Hernández.
/FC/