El advenimiento de la democracia el 10 de octubre de 1982, fortaleció los ámbitos de la libertad, la participación ciudadana y la responsabilidad política, dando lugar a una preocupación firme por la equidad social y una distribución más justa de las riquezas, pero no es menos cierto que el año 2010 comenzó a brotar enclaves autoritarios que comenzaron a quebrantar los derechos de los ciudadanos, socavar los cimientos de la institucionalidad, además de niveles intolerables de violación de los derechos de niñas y adolescentes.
Entonces, la libertad en Bolivia no permite juicios complacientes; representa una libertad conquistada por una generación de jóvenes que ofrendaron sus vidas, que tiene un alto valor de cara al pasado reciente. Comparada con el autoritarismo predominante desde 2010, la democracia prevaleciente, debe significar un cambio decisivo, lo que no me inhibe hacer una mirada crítica a la democracia realmente existente, a los desafíos para el presente y a las falsedades que se propalan.
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Sin embargo, después de diez elecciones generales de 1985 a 2020, y como nunca antes en 42 años de democracia, el panorama político es incierto por la difícil situación económico-social, un ambiente de desencanto de la ciudadanía y la incomprensible decisión del Movimiento Al Socialismo y de su jefe absoluto que, a toda costa, quiere seguir burlándose de los bolivianos, violando la Constitución Política del Estado.
A lo anterior se suma el porfiado capricho de otros que, pese a haber sido derrotados en las elecciones de 2005, 2009, 2014 y 2020 insisten con su postulación, con excepción del ahora aspirante por la alianza APB Súmate, a quien el año 2002 le arrebataron la Presidencia con la guerra sucia inclemente orquestada por el otrora MNR y secundado por ADN, al que lamentablemente, se prestaron algunos miembros de la extinta Corte Nacional Electoral.
La gran diferencia este año 2025, es que el partido de gobierno está partido en cuatro, choquehuanquistas, evistas, gobiernistas y masistas, pero ninguno representa el antisistema dilapidador, destructor y violador de derechos fundamentales y garantías constitucionales del período 2010-2025, como tampoco encarnan los sistémicos, dúctiles y yuntas de los diferentes gobiernos, como son UN, FRI, MNR, UCS, PDC, MDS, MAS, MTS, NGP, ADN, FPV y PAN-BOL, estos tres últimos tienen observaciones por parte del Tribunal Supremo Electoral por no estar adecuados a la Ley de Organizaciones Políticas.
Lamentablemente, el actual sistema electoral, no establece prohibiciones a la campaña electoral antes de la emisión oficial de la convocatoria y aprobación del calendario electoral con miras a los comicios del 17 de agosto próximo, y ese vacío jurídico-legal y administrativo, permite que quienes quieren aspiran a ocupar el mamotreto del centro histórico de Nuestra Señora de La Paz, estén de jarana, y lo que es peor, con acusaciones, denuncias y hasta uso inadecuado del vocabulario, algo inadmisible en un país serio, civilizado y con virtudes democráticas.
La guerra sucia de todos contra uno se repite 23 años después, y día que pasa se muestran más belicosos porque todos dicen falsedades articuladas de manera deliberada para desacreditar al mejor posicionado con miras al 17 de agosto de 2025, cuyo certificado de excelencia es indisputable por los logros alcanzados como servidor público, pero que sus responsables de medios y asesores de campaña no saben preservar porque no son creíbles, sólidos ni solventes, lo que es muy bien aprovechado por los ‘waykaysiris’ acostumbrados y holistas de la derecha e izquierda radical y del socialismo siniestro.
*El autor es Abogado y docente en la UMSS