Decenas de mujeres se reunieron esta jornada en Cochabamba y exhibieron las cartas que las mujeres que sufrieron violencia escribieron a mano al presidente Arce.
Fuente: Correo del Sur
Agrupaciones de mujeres enviarán mil cartas al presidente Luis Arce para exigirle que tome acciones concretas contra la violencia machista y reincorpore el presupuesto destinado a aplicar una ley vigente, informó este lunes la Fundación Voces Libres.
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«Hoy vamos a tomar acciones más concretas, vamos a exigirle al presidente de Estado enviando estas cartas de mujeres que han sufrido violencia (…) que nos dé una respuesta sobre la reincorporación del presupuesto que ha sido reducido», dijo la coordinadora nacional de Voces Libres, Mercedes Cortez, a los medios locales.
Decenas de mujeres se reunieron esta jornada en la plaza 14 de Septiembre de la ciudad de Cochabamba y exhibieron las cartas que las mujeres que sufrieron violencia escribieron a mano al presidente Arce.
Cortez dijo que el propósito de su estrategia es que «cada día le llegue una carta» al mandatario para «denunciar» además que la Ley 348 para Garantizar a la Mujer una Vida Libre de Violencia «nunca fue aplicada por falta de estrategias y políticas públicas».
«La violencia se aprende, la no violencia también», «La violencia es un problema de todos, aprendamos a superarlo» y «Si con ley nos matan, imagínate sin ella», fueron algunos mensajes que las manifestantes mostraron en carteles durante su actividad.
Distintos colectivos feministas, organizaciones sociales y autoridades del Gobierno conmemoraron el fin de semana el Día Internacional de la Mujer con manifestaciones y actos en varias regiones del país, y exigieron acciones contundentes por parte del Estado contra la violencia hacia la mujer.
Bolivia está entre los países de la región con los índices más altos de violencia hacia las mujeres.
La Fiscalía boliviana registró del 1 de enero al 7 de marzo 8.477 casos de delitos relacionados a la violencia contra la mujer.
De ese número, 6.518 fueron denuncias por violencia familiar o doméstica, se registraron 11 feminicidios, 554 casos de abuso sexual y 515 de violación.
La Ley 348 castiga el feminicidio con 30 años de prisión sin derecho a indulto, la pena máxima dispuesta en la legislación boliviana.
Las organizaciones feministas reclaman desde hace años que esta norma no se cumple plenamente por carencias como la falta de presupuesto y personal adecuado para atender estos sucesos.
El año pasado, un grupo de legisladores del oficialista Movimiento al Socialismo (MAS) propuso reformar la norma por considerarla «antihombres», lo que fue rechazado por activistas, la oposición y el Gobierno nacional.
El Sistema de las Naciones Unidas en Bolivia hizo, el 8 de marzo, un llamado a «proteger y ampliar los avances en el ejercicio de los derechos y el empoderamiento de las mujeres y niñas, y a evitar cualquier retroceso en la construcción del camino hacia la igualdad».