Pese a la fuerte represión que sufrieron en esos años, la Confederación de Nacionalidades Indígenas decidió apoyar a la candidata correísta Luisa González en la segunda vuelta presidencial de abril
Los opositores indígenas del correísmo fueron criminalizados durante el mandato de Rafael Correa (Conaie)
Una de las organizaciones miembro de la Conaie ha decidido pronunciarse individualmente y apoyar a Daniel Noboa, se trata de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana (Confeniae).
Fuente: infobae.com
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Para las elecciones presidenciales de 2025 en Ecuador, el movimiento indígena ha tomado una decisión que sorprende a algunos: apoyar a la candidata correísta Luisa González en el balotaje. Este anuncio ha generado debate, pues el correísmo fue responsable de una de las etapas represivas contra los pueblos indígenas, utilizando el aparato estatal para judicializar sus protestas y reprimir sus demandas históricas.
Sin embargo, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), liderada por Leonidas Iza, ha justificado su respaldo como un acto pragmático en oposición al actual presidente Daniel Noboa, a quien consideran una amenaza mayor para sus derechos.
Ecuador, un país con una fuerte presencia de pueblos indígenas, ha vivido en las últimas décadas una constante disputa entre el Estado y las nacionalidades indígenas por la defensa del territorio y los recursos naturales.
Durante el gobierno de Rafael Correa (2007-2017), este conflicto se intensificó. Líderes comunitarios fueron encarcelados, protestas pacíficas fueron criminalizadas y organizaciones indígenas y ambientales fueron cerradas arbitrariamente.
Uno de los casos más emblemáticos fue el de los 29 de Saraguro, una comunidad indígena en la provincia de Loja. El 17 de agosto de 2015, la policía reprimió con violencia una protesta en la que los saraguros se manifestaban contra las políticas gubernamentales de Correa.
Durante la redada, 29 personas fueron arrestadas y acusadas de paralización de servicios públicos, un delito que conlleva penas de prisión. La Conaie, en su web oficial, indicó que: “Más de mil policías y militares fueron enviados hasta Saraguro para ejercer una brutal represión y violencia en las comunidades… durante el gobierno de Rafael Correa”. Tras años de litigio, la mayoría de los acusados fueron liberados, aunque algunos pasaron meses en prisión preventiva.
Momento de la detención de uno de los 29 de Saraguro durante el correísmo (Plan V)
Casos similares se vivieron en la Amazonía, donde el líder shuar Pepe Acacho fue procesado y condenado por “terrorismo” tras una protesta contra la Ley de Aguas en 2009. La Fiscalía argumentó que Acacho incitó a la violencia, pero nunca presentó grabaciones ni pruebas concretas que justificaran la sentencia. El informe de Human Rights Watch Amazónicos ante la Injusticia concluyó que el juicio estuvo lleno de irregularidades y que los testigos de la Fiscalía tenían vínculos con el gobierno y empresas mineras, lo que ponía en duda la imparcialidad del proceso. En 2018, la Corte Nacional de Justicia anuló su condena por terrorismo, pero en lugar de absolverlo, lo declaró culpable de un delito menor y lo sentenció a ocho meses de cárcel, una decisión que organizaciones internacionales calificaron de arbitraria.
Otro caso fue el de Agustín Wachapá, presidente de la Federación Interprovincial de Centros Shuar (FICSH), quien en 2016 fue arrestado y encarcelado por cuatro meses bajo cargos de incitación a la violencia. La única prueba en su contra fue una publicación en Facebook en la que rechazaba la militarización de los territorios shuar en el marco de un conflicto con una empresa minera china. Human Rights Watch (HRW) denunció que su detención fue una represalia directa contra el movimiento indígena por oponerse a los intereses extractivos del gobierno de Correa.
Más allá de la judicialización de líderes, el correísmo también atacó a las organizaciones indígenas y ambientales. En 2013, el gobierno de Correa disolvió la Fundación Pachamama, una de las principales ONG de defensa ambiental en la Amazonía, utilizando un decreto que permitía al Ejecutivo cerrar arbitrariamente organizaciones de la sociedad civil. La medida fue interpretada como un intento de silenciar la oposición a los proyectos petroleros en territorios indígenas. Este caso también fue documentado por HRW.
Luisa González es la apuesta de Rafael Correa para recuperar el poder. (RC5)
La represión no solo se dio en las cortes o mediante la fuerza policial, sino también desde los medios de comunicación controlados por el Estado. Correa usó sus cadenas nacionales para desprestigiar a los líderes indígenas. En una entrevista con New Left Review, en el 2013, el ex presidente dijo: “Es una locura decir no a los recursos naturales, que es lo que una parte de la izquierda propone – no al petróleo, no a la minería, no a la energía hidroeléctrica, no a las carreteras. Se trata de una izquierda infantil, que sólo puede legitimar a la derecha…”. Entonces, The Global Alliance for the Rights of Nature publicó un comunicado titulado: “El presidente Correa nos declara ‘infantiles’ por cuestionar su visión ‘explotación adecuada’“.
Apenas dos años antes, en 2011, tanto HRM como Amazon Watch habían advertido sobre el descontento de los indígenas y la represión del correísmo contra ellos. Incluso en el informe de 2011 de HRW mostró preocupación por la acusación de “terrorismo” hecha por el correísmo contra los manifestantes indígenas y sus líderes.
Ese mismo año, Bosco Wisuma murió en medio de una protesta contra las políticas extractivas de Rafael Correa. Wisuma era un profesor indígena bilingüe del pueblo shuar. Aunque su muerte no ha sido aclarada por completo, Wisuma se convirtió en un nombre recurrente en el gobierno de Correa y uno de los sentenciados por su asesinato ni siquiera estaba en el lugar donde Wisuma murió.
La muerte de Bosco Wisuma conmocionó al movimiento indígena, que sostiene que el fallecimiento del activista se dio por la represión policial durante las protestas del 2009.
Aunque la protesta indígena fue de escala nacional. El levantamiento con mayor fuerza sucedió en Macas, en la provincia amazónica de Morona Santiago, a 380 kilómetros de Quito. De acuerdo con un artículo de Luis Ángel Saavedra publicado por la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh), “los shuar enfrentaron fuertes operativos de represión implementados por la policía nacional”.
En ese contexto, y tres días después del inicio de las manifestaciones, el 30 de septiembre de 2009, Bosco Wisuma que estaba en el puente sobre el Río Upano, en Macas, murió de un disparo. En esa jornada, según informó una comisión legislativa que se creó en el gobierno de Correa para investigar los hechos, hubo alrededor de 40 policías heridos por perdigones. El gobierno de Correa descartó que la muerte de Wisuma haya sido causada por la Policía Nacional, pues aseguraron que la institución no utiliza ese tipo de armas. Sin embargo, los indígenas aún mantienen que Wisuma fue víctima de la represión policial.
Leonidas Iza, presidente de la Conaie, ha reiterado su apoyo a Luisa González. REUTERS/David Diaz
La persecución a los opositores del correísmo fue tal que, en 2019, la Mesa por la Verdad y la Justicia del Consejo de la Judicatura documentó 247 casos de persecución política durante la década de mandato de Correa, muchos de ellos contra indígenas y ambientalistas.
A pesar de este pasado, la Conaie ha decidido apoyar a Luisa González en las elecciones de 2025, argumentando que el gobierno de Daniel Noboa representa un riesgo mayor para los derechos indígenas. Para algunos, esto es una jugada estratégica de supervivencia política; para otros, una traición a la memoria de quienes fueron perseguidos y criminalizados por el correísmo.