La falta de acceso a la educación superior para mujeres privadas de libertad es una realidad que perpetúa la desigualdad de género en el sistema penitenciario boliviano.
Fuente: ANF
Mientras los hombres pueden acceder a estudios universitarios y formación técnica en reclusión, las mujeres enfrentan serias limitaciones que dificultan su reinserción social y laboral tras cumplir sus condenas.
Según la directora del Instituto de Terapia e Investigación sobre las Secuelas de la Tortura y la Violencia de Estado (ITEI), Bolshia Bravo, esta situación se debe a la falta de programas educativos con perspectiva de género en los recintos penitenciarios.
“Sabemos que al interior de las cárceles hay una gran diferencia; los hombres pueden tener acceso a formación universitaria, pero en el caso de las mujeres es muy diferente. Hemos tenido casos donde tuvimos que luchar a brazo partido para que una de las privadas de libertad de Miraflores que quería terminar sus estudios universitarios lo pueda hacer”, contó Bravo durante la presentación, junto a otras instituciones de la sociedad civil, de una propuesta para reducir la población penitenciaria y mejorar las condiciones carcelarias.
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Según datos de la Dirección de Régimen Penitenciario, hasta diciembre de 2024, la población carcelaria femenina representaba el 6,82% del total de reclusos en el país, que supera la tasa media mundial de mujeres en prisión que ronda el 5%. Esta situación evidencia una problemática específica que no ha sido abordada de manera efectiva. Sin embargo, esta baja representación incide en la falta de atención a sus necesidades educativas, ya que las iniciativas suelen estar diseñadas para beneficiar a la mayoría masculina.
La investigadora y abogada Luisa Chipana, autora del libro “Carcelaria, una aproximación a la situación penitenciaria del Estado Plurinacional de Bolivia”, indicó que la infraestructura inadecuada y la atención de salud insuficiente también son factores que contribuyen a la desigualdad en el sistema penitenciario.
“Sobre las mujeres privadas de libertad es necesario mejorar la infraestructura, la atención de la salud y el acceso a la educación”, señaló Chipana a ANF.
El estudio de Chipana también resalta que la retardación de justicia y la falta de defensores públicos contribuyen a la sobrepoblación carcelaria, afectando especialmente a las mujeres. Además, la investigadora destacó que dentro de las cárceles se replican los roles de género tradicionales, limitando las oportunidades de desarrollo de las internas.
“Vemos cómo dentro de las cárceles se replican los roles de género; en las cárceles de mujeres generalmente hay talleres de costura, tejido, bordado, peluquería, etc., reforzando estos sesgos de género; mientras que en las cárceles de hombres tenemos talleres de metalmecánica, carpintería, etc., también hay universidades”, indicó Chipana.
Bravo coincidió en que los programas de educación en prisión deben diversificarse para incluir a las mujeres en cursos técnicos y universitarios. “En el caso de Qalauma veíamos cómo los jóvenes tenían la posibilidad de terminar el bachillerato y no así las jóvenes mujeres. Todos estos aspectos tienen que ser urgentemente cambiados”, subrayó.
El exdirector de Régimen Penitenciario, Ramiro Llanos, lamentó que en Bolivia no se haya desarrollado una política penitenciaria con perspectiva de género para precautelar y respetar los derechos de las mujeres privadas de libertad.
Llanos señaló que la formación de las mujeres privadas de libertad se limita a actividades domésticas de bajos ingresos, mientras que en los recintos de varones se promueve la capacitación en carreras técnicas y universitarias.
“Hay que pensar en una investigación para implementar una cárcel para mujeres donde ellas tengan acceso a estudio y trabajo, y no solo a labores que les servirán en su vida doméstica, propuso el exfuncionario en contacto con ANF.
Chipana añadió que, debido a la estructura patriarcal de la sociedad boliviana, los sesgos de género se replican en las cárceles, dificultando la reinserción social de las mujeres, donde el perfil de la mujer privada de libertad es de “aquella persona que ha sufrido violencia antes de estar en la cárcel: violencia psicológica, violencia sexual, violencia intrafamiliar, etc., con poco acceso a la educación y por ende con menores oportunidades”.
Bravo destacó que no es necesaria una reforma estructural para mejorar la situación de las mujeres privadas de libertad en materia educativa, sino programas que trabajen en conjunto con organizaciones de la sociedad civil.
“No necesitan de una reforma estructural, necesitan realmente de programas donde se trabaje mano a mano con las organizaciones de la sociedad civil, con una oferta que muchas veces no es tomada en cuenta”, lamentó.
La exclusión educativa de las mujeres en prisión perpetua la desigualdad y obstaculiza su reinserción en la sociedad. Los especialistas coinciden en la urgencia de generar políticas con enfoque de género para garantizar igualdad de oportunidades en formación académica y capacitación laboral. Sin estos cambios, las mujeres seguirán en desventaja dentro y fuera del sistema penitenciario.
/ANF/