Presidente del TSJ: “Es una justicia que la estamos recogiendo del suelo”


La autoridad afirma que si no se redobla el personal, no habrá celeridad en fallos de la justicia boliviana

Romer Saucedo, presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). Romer Saucedo, presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

 

Fuente: Correo del Sur / Sucre / Bolivia
William Zolá

El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, en entrevista exclusiva con CORREO DE SUR, revela que los magistrados posesionados en enero recibieron una justicia desacreditada y a los bolivianos les pide paciencia y que depositen su confianza en la tercera generación de autoridades judiciales elegidas por voto, cuyo reto es construir una nueva justicia. Ratifica que en 100 días se conocerán los primeros resultados.



Dice que los primeros cambios en la justicia comenzaron con el desarrollo de las herramientas tecnológicas; unas de las primeras medidas que entró en pleno funcionamiento es el Sistema de Gestión de Causas, precisamente en el TSJ, que permite a los litigantes y abogados acceder a sus expedientes sin necesidad de llegar a Sucre. El desafío para esta gestión es la política de ‘cero papel’ y no dar lugar a la corrupción.

En el contexto de la conmemoración del Bicentenario de Bolivia, Saucedo confirma el compromiso del Órgano Judicial de poner en funcionamiento, como prueba piloto en Chuquisaca, el Sistema Único de Gestión de Causas (SUGC), que permitirá la interoperabilidad en materia penal entre las instituciones de la administración de justicia.

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Según la máxima autoridad judicial, no podrá haber independencia judicial si no existe independencia económica, y esa es la “pelea” que comenzaron las tres instancias del Órgano Judicial: TSJ, Tribunal Agroambiental y Consejo de la Magistratura, lograr que el Estado otorgue al menos un 3% del Presupuesto General de la Nación (PGN).

Encaran esta demanda presupuestaria ante los órganos Ejecutivo y Legislativo. Saucedo revela que enviaron una nota al presidente Luis Arce para que, con “voluntad política”, intervenga en la crisis presupuestaria del Órgano Judicial. Paralelamente, impulsan la aprobación de una ley que fije como presupuesto mínimo aquel 3%.

En la siguiente entrevista, habla también de la situación crítica de los tribunales departamentales de justicia, que no tienen ni papel, ni tinta para tóner y tampoco pueden hacer mejoramientos de sus infraestructuras.

CORREO DEL SUR (CS). Con el diagnóstico que tiene del Órgano Judicial, ¿qué resultados se mostrarán en el término de los 100 días que Ud. se fijó como plazo?

Romer Saucedo (RS). En estos primeros 100 días estamos trabajando en el desarrollo de herramientas tecnológicas; hemos trabajado en la consolidación del Sistema de Gestión de Causas que se tiene en el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), lo hemos socializado, ya está en funcionamiento: (ahora) los abogados no necesitan venir de otras partes del país, directamente pueden acceden a la plataforma y ver el estado real de sus causas. Necesitamos trabajar también el Sistema Único de Gestión de Causas en materia penal, que como establece la Ley 1173 (de Abreviación Procesal Penal) podamos llegar al cero uso de papel; esto lo puede hacer a través de la misma plataforma similar al sistema que utiliza la Fiscalía con el sistema JL (Justicia Libre).

Hemos avanzado y estamos a punto de firmar un convenio con el Consejo de la Magistratura para migrar la base de datos (del Sistema Único de Gestión de Causas, SUGC), queremos entregárselo hasta el 25 de mayo como regalo del Bicentenario a Chuquisaca, que sea acá el plan piloto y para el 6 de agosto entregárselo al país ya funcionando, ya puesta en marcha. Esos son los principales desafíos en los cuales hemos estado avanzando pese a las limitaciones que tenemos en tema presupuestario.

CS. ¿Qué beneficios trae el Sistema Único de Gestión de Causas?

RS. Va a permitir que el ciudadano tenga un acceso directo a la justicia, conforme establece la Constitución Política del Estado, mayor transparencia; que las notificaciones se realicen directamente con un solo clic, sin necesidad de que el usuario o el litigante esté pendiente de que un funcionario tenga que realizar su notificación. Va a permitir tener mayor transparencia, y eso es una forma también de luchar contra la corrupción, que es uno de los pilares de esta gestión: declarar tolerancia cero a la corrupción.

CS. ¿El presupuesto será determinante para concretar las propuestas que fueron socializadas por los nuevos magistrados para llegar a este alto tribunal?

RS. No podemos hablar de una independencia judicial si no luchamos por una independencia económica, son aspectos que van de la mano. Es por eso que de manera coordinada y además consensuada, yo diría algo histórico con el Consejo de la Magistratura, hemos podido ponernos de acuerdo para pelear entre todos, tener el 3 por ciento de presupuesto mediante una ley que garantice al Órgano Judicial su funcionamiento.

Hablar del tema presupuestario pasa por tener condiciones para entregarle al mundo litigante mayor calidad en la administración de justicia.

CS. ¿Ante qué instancias se está gestionando el presupuesto?

RS. Hay una iniciativa legislativa que fue remitida por el TSJ en su oportunidad, (la misma) que está en la Cámara de Diputados, que nosotros vamos a seguir apuntalando eso. Paralelamente nosotros estamos pidiendo al presidente Luis Arce que él, a través de la voluntad política, pueda intervenir para que momentáneamente nos ayuden con la inyección de 140 millones de bolivianos, que es lo que tenemos desfasado del año pasado; pero que, además, la Asamblea Legislativa pueda comprometerse no solo con el Órgano Judicial sino con el pueblo. La administración de justicia es un servicio que tiene que estar a disposición del pueblo y es por ello que necesitamos que ellos consideren esta situación, este clamor que estamos haciendo del 3 por ciento para el presupuesto del Órgano Judicial.

CS. Tomado en cuenta el déficit presupuestario, no se harán ajustes a nivel interno en cuanto a los gastos?

RS. Los gastos están al mínimo, se ha reducido; inclusive hay tribunales departamentales que no tienen tinta, no tienen tóner, no tienen papeles, no podemos hacer mantenimientos a los edificios donde funcionan; entonces, ¿qué más reducciones podemos hablar si ni siquiera tenemos las condiciones mínimas como Órgano Judicial? Tenemos personal que no ha podido ser contratado.

Aquí, en el TSJ, por darle un ejemplo, no tenemos un secretario de juicio de responsabilidades, porque es un funcionario que cumplió su contrato hasta el 31 de diciembre y esa partida no la tenemos y no podemos contratar a un nuevo personal, y eso nos impide retomar el juicio de responsabilidades, por darle un ejemplo. A ese nivel hemos llegado como Órgano Judicial.

CS. En la anterior gestión se decía que cada una de las salas especializadas tenía como 10 profesionales, entre asistentes y letrados para la proyección de sentencia…

RS. Eso no es así. (Actualmente) se maneja un letrado, un secretario y dos asistentes por magistrado. Este es un equipo mínimo de funcionamiento. El personal que se requiere tendría que ser el doble para darle mayor agilidad a la tramitación de causas.

Estamos hablando de que el TSJ está funcionando al límite, con lo mínimo que se puede trabajar.

CS. ¿Qué acciones se realizan luego del informe de auditoría de la Contraloría General del Estado que reveló irregularidades en el manejo de los recursos del Órgano Judicial?

RS. Hemos enviado nosotros, como directorio de la Dirección General Administrativa y Financiera (DGAF), una nota a la Contraloría General del Estado haciéndole una solicitud de aclaración de ciertos puntos que no nos parecían del todo claros, y necesitamos que la Contraloría nos aclare. Aún no nos ha respondido a esa solicitud; una vez nos respondan, donde haya indicios de responsabilidad penal, civil, administrativa, nosotros vamos a iniciar las acciones sin ser ‘alcahuetes’ de nadie. Vamos a ser drásticos con lo que establezcan los controles de auditoría interna y externa.

CS. Sin embargo, el Consejo de la Magistratura ya inició una auditoría a la DGAF…

RS. Es parte de las atribuciones que tiene el Consejo de la Magistratura: el control y fiscalización sobre los temas administrativos. Por lo tanto, no podría manifestarme en relación a atribuciones que son específicas del Consejo.

CS. ¿El TSJ tiene un plan de acción para liquidar las causas rezagadas de las salas especializadas?

RS. Necesitamos, como le decía, por lo menos doblar el personal si queremos realmente poder descongestionar las causas que se tienen. Los magistrados, a través de sus salas, cada uno está dando el mayor de sus esfuerzos. El personal que está con ellos está trabajando todos los días en poder resolver la mayor cantidad de causas posibles. Sin embargo, si no contamos con los recursos humanos correspondientes, no vamos a poder garantizar mayor celeridad en la tramitación de causas.

CS. ¿Cuál es el estado de las causas? ¿Ya están resolviendo demandas de este año?

RS. Hay causas remanentes de gestiones pasadas y, paralelamente, se está avanzando con causas nuevas. Se está trabajando en ambos sentidos, las causas remanentes y las nuevas se están tramitando ya.

CS. En la anterior gestión, los magistrados fueron observados por sus constantes viajes: permanecían poco tiempo en sus despachos. ¿Cómo se va a controlar esto?

RS. Hay un compromiso de todos los magistrados de dedicar, inclusive, fuera de horario de lo que establece el horario laboral. Ustedes pueden darse una vuelta cualquier día de la semana y van a ver que salimos a las 20:00, 21:00 de las oficinas del Tribunal.

Es decir, estamos redoblando esfuerzos; el desgaste físico es tremendo con el ritmo que venimos, pero hay un compromiso. Más allá de lo que hicieron en anteriores gestiones, nosotros tenemos un compromiso con el pueblo boliviano y lo estamos asumiendo con responsabilidad.

CS. ¿Qué les pide a los bolivianos que esperan una justicia más creíble?

RS. Pedirle a la población boliviana que confíe en nosotros. El desafío es muy grande, pero la voluntad que tenemos nosotros, el compromiso, el representar con legitimidad ese voto que nos dio la ciudadanía, eso es lo que nos fortalece, nos da energía para cambiar la justicia, para devolverle la credibilidad que cuesta. Es una justicia que la estamos recogiendo del suelo, es una justicia que estaba totalmente desacreditada y nosotros estamos trabajando para volver a construir. Cuesta volver a generar credibilidad. Por eso les pedimos que tengan paciencia y que confíen en lo que estamos haciendo nosotros.


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