Según CEJIS, el terreno está preparado para el arribo de empresas sin salvaguardas para los territorios indígenas, con los bosques mejor conservados. Desde los privados y la Coica aluden a miembros del Estado boliviano involucrados en este negocio
Fuente: El Deber
“La apertura reciente de Bolivia al mecanismo del mercado de carbono está en el telón de fondo de la sorprendente firma de contratos entre representantes del falso Estado de Kailasa y dirigentes de territorios indígenas de tierras bajas”, inició la entrevista del Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas de Bolivia (ODPIB), realizada a Miguel Vargas, director del Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (CEJIS).
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Dijo que uno de los casos que se está viendo ahora es el de Kailasa, ya que en el fondo, si se leen los convenios que enviaron a territorios indígenas, el planteamiento es crear áreas para conservar el medioambiente, el bosque, frente a la deforestación y el desarrollo de actividades extractivas.
Agregó que, como Kailasa, hay personas, organizaciones y/o fundaciones, y empresas desarrolladoras de proyectos tratando de promover convenios en los territorios indígenas de Monte Verde, Lomerío, en el TIPNIS y en el Territorio Indígena Multiétnico II (TIM II). “Incluso llegaron a firmar acuerdos que se regulan por la normativa comercial, ante la ausencia de una regulación clara a nivel nacional para estos proyectos de empresas privadas”, aludió.
Considera que mecanismos como la consulta previa no se están cumpliendo, y puso de ejemplo lo ocurrido con los Cayubaba y Baure, y su relación con Kailasa.
Desde un principio, cuando se dio a conocer el caso de Estados Unidos de Kailasa, Adolfo Chávez, de la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (Cidob) liderada por Tomás Candia, y también miembro de la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (Coica), relacionó la llegada de este grupo religioso hinduista y los contratos de arrendamiento perpetuo con varias naciones indígenas, con los mercados de carbono.
Chávez dijo que desde el principio de sus conversaciones con los dirigentes que firmaron estos contratos, ellos mencionaban los mercados de créditos de carbono. “Se está utilizando este tema para que Kailasa sea la representación legal de todos los territorios indígenas”, aseguró.
Para ilustrar sobre los ingresos económicos que podrían llegar con el tema del carbono, Adolfo Chávez reseñó que entre varios territorios indígenas, como Guarayos, Monte Verde, etc., suman más de un millón de hectáreas, y que suponiendo que una sola hectárea de un determinado bioma absorba tres toneladas de emisiones del carbono, y que por tonelada se pague entre tres y nueve dólares, al menos se recibiría otro millón de dólares anual por esa superficie.
“Y cuando se habla de dólares a los hermanos, hay dirigentillos que no saben la historia de su pueblo, cometen errores y no separan la forma en que esto afectaría en el tiempo a los pueblos indígenas. Ellos están dando su representación a otra persona a la que no le ha costado nada, solo con la excusa de la venta del carbono”, dijo sobre la firma de arriendo perpetuo, realizada entre varios dirigentes indígenas y los representantes de Kailasa.
La versión de los privados
Olvis Camacho, del sector forestal y conocedor del tema, cree que el carbono es un producto como cualquier otro, que para ser comercializado debe producirse en la cantidad y calidad adecuadas, “algo que solo el sector privado puede lograr”.
Dijo que mucho se habla del potencial de los bosques de Bolivia para captar divisas y financiamiento, pero considera que aún falta superar la prueba de la adicionalidad contable, legal y financiera. “No tengo evidencia de que se haya realizado un estudio serio sobre el tema que permita conocer con certeza la viabilidad y el potencial económico del país en este ámbito”, aseguró.
Para él, este tema tiene muchos desafíos, como los mecanismos de financiamiento, y que las políticas estén alineadas con la participación del nivel subnacional y con incentivos adecuados para el sector privado, incluyendo a las comunidades, “no olvidemos que los bosques, los suelos y la infraestructura productiva no están en manos del Gobierno. Por tanto, el gran reto será atraer al sector privado. En el caso de las comunidades, sus dirigentes ya han abierto los ojos ante el abundante marketing sobre los bonos de carbono”, aseveró.
Alfredy Álvarez explicó que la empresa Rusteak SRL ya hizo el trabajo de medición de carbono de cinco territorios indígenas en 2023: Monte Verde, Isoso Cabi, Itonamas, Tipnis y Lomerío, en los que se calculó el carbono neutral, como primer paso para una pre factibilidad de proyectos.
Explicó que hay parámetros para calcular el valor económico en estos mercados de carbono, “depende de quién hace el lobby, con qué empresa uno va a trabajar los proyectos de desarrollo para obtener las certificaciones que pide el mercado. En el tipo de bosque promedio que un proyecto puede generar, y que sea lucrativo, hablamos de entre 40 y 50 toneladas de CO2 absorbidas por año, y se manejan precios desde los 3 hasta los 6 dólares por tonelada, que pudiera pagarse por crédito de carbono”, detalló.
Asimismo, dijo que si el bosque es más húmedo, tiene mayor capacidad de absorción de carbono, pero también tienen particularidades distintas los bosques chiquitano, chaqueño, etc., para disminuir el carbono neutral.
Cambios en la normativa
Miguel Vargas recordó que desde octubre de 2024, la norma boliviana abrió las puertas al desarrollo de este negocio, que tiene en la mira a los territorios indígenas, que todavía conservan sus bosques. “Lo que está ocurriendo en el país es el resultado del cambio de un paradigma en las relaciones del Estado boliviano respecto de las políticas de conservación internacional, que básicamente plantean la mercantilización del medioambiente y de los recursos naturales”, agregó.
Vargas remarcó que en el Legislativo se presentó una acción de inconstitucionalidad abstracta a los contenidos de la Ley 300, Ley Marco de la Madre Tierra y Desarrollo Integral, para declarar inconstitucional la no mercantilización de los servicios ecosistémicos.
“En este contexto, un primer elemento es que la Sentencia Constitucional 040 establece la inconstitucionalidad del principio de la no mercantilización, es decir que va en contra de los tratados internacionales que ha suscrito el país, como el Protocolo de Kioto y el Acuerdo de París. Esto da pie a entrar en la dinámica del mercado de carbono”, cuestionó.
Como segundo elemento, para Miguel Vargas tiene que ver con la decisión política del Gobierno de desarrollar estos proyectos. Para eso, dijo que al amparo de la decisión del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), se promulgó el Decreto Supremo 5264, a través del cual el Estado boliviano permite que, por un lado, las instancias de Gobierno puedan gestionar estos recursos, a partir de proyectos a desarrollarse en niveles subnacionales y entre gobiernos, y por otro lado, indicó que se abre la ventana a que también empresas privadas “piratas del carbono ingresen al país sin ningún tipo de fiscalización o regularización, y empiecen a realizar negociaciones directas con las comunidades indígenas”.
Terremoto Kailasa
Desde el domingo pasado, EL DEBER dio a conocer la firma de convenios de arrendamiento por mil años, renovables automáticamente, entre el grupo religioso hinduista de Estados Unidos de Kailasa, y por lo menos tres territorios indígenas amazónicos: cayubaba, esse ejja y baure.
Las reacciones no se hicieron esperar, y fueron subiendo de tono, hasta ocasionar que los habitantes de la comunidad Exaltación (Beni), en territorio cayubaba, e intepelen a tres miembros de Kailasa, exigiéndoles que muestren la documentación negociada por su dirigencia.
Finalmente evidenciaron una serie de irregularidades, como la firma de papeles con espacios en blanco, sin consulta previa a las bases, abriendo incluso la posibilidad de transferir terrenos dentro de un territorio con titulación colectiva. Asimismo, en ese momento se descubrió que también el territorio guaraní había entregado sus documentos, para que sean revisados por un consorcio.
Molestos, los lugareños de Exaltación pidieron la expulsión de los irlandeses, que fueron enviados a Trinidad. Paralelamente, en Santa Cruz, Migración hizo un operativo en el residencial Palermo, en el que detuvo a una veintena de extranjeros, todos miembros de Kailasa. Sin embargo, hasta ahora mantuvo la situación de estas personas en reserva. Por este tema, el alcalde de Exaltación denunció que él y su familia han sido amenazados vía telefónica.
Ante el escándalo por el negociado de tierras indígenas, y la difusión de una fotografía del presidente Luis Arce con una representante de Kailasa en el aniversario de una de las Cidob, recién al finalizar la semana la Cancillería sacó un escueto comunicado, asegurando que Bolivia no tiene relación alguna con Estados Unidos de Kailasa.
Fuente: El Deber