En el orden del día no están contemplados los créditos externos que están pendientes de aprobación en esa instancia legislativa
Una sesión de la Cámara de DIputados. Foto: Red Uno
Boris Bueno Camacho / La Paz
La Presidencia de la Cámara de Diputados emitió la convocatoria a sesión del plenario con un Orden del Día que contempla diez puntos, entre ellos el proyecto que modifica la Ley 026, de Régimen Electoral, para que se incorpore la obligatoriedad de un debate abierto entre los candidatos a algún cargo público elegible, tal cual solicitó el Tribunal Supremo Electoral (TSE), promotor de dicha propuesta, en el tercer encuentro interinstitucional y multipartidario, que se llevó a cabo el mes pasado.
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Los asambleístas están citados a la 77ª sesión ordinaria plenaria de la Cámara Baja, que se llevará a cabo desde las nueve de la mañana de este jueves 27 de marzo; en la agenda a tratar no se contempla ninguno de los créditos externos que están en pendientes de aprobación en esa instancia legislativa y solo se remitirán a abordar otras normas que permiten la transferencia o enajenación de propiedades de diferentes municipios en favor de otras entidades del Estado.
El punto 2 del Orden del Día establece que se tratará el Proyecto de Ley N° 112/2024-2025, “Incorporación a la Ley N° 026 de 30 de junio de 2010 del Régimen Electoral, sobre debate electoral publico y obligatorio para candidatas y candidatos a cargos públicos elegibles”, una de las normas que fue remitida por el ente electoral y que cuya aprobación fue considerada importante para que se implemente en los comicios de agosto venidero.
En cuanto a las otras dos normas que reclama el TSE, una de ellas se refiere a la preclusión electoral, para que el proceso no corra el riesgo de paralización debido a algún recurso que pueda ser presentado por algún candidato o ciudadano que observe algún hecho anterior a que se haga cargo la institución electoral, porque supondría un grave riesgo jurídico debido a los plazos ajustados que se tienen hasta el día de las elecciones nacionales.
“Ingresaríamos a un proceso electoral presidencial con enormes riesgos jurídicos, porque los plazos son muy ajustados. Un día de retraso, entre el 1 de abril y el 17 de agosto, pone en riesgo todo y permitiría la prórroga del actual presidente y los actuales diputados y senadores”, advirtió en pasados días el vocal del TSE, Tahuichi Tahuichi Quispe, en una entrevista brindada a un medio de comunicación de La Paz.
La segunda norma reclamada por el Órgano Electoral a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) es la modificación de la Ley 044, que regula los procedimientos para juzgar a altas autoridades del Estado como el presidente, el vicepresidente, autoridades del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP). Los vocales piden ser incluidos entre los beneficiarios de esa ley, para que, en caso de ser procesados por algún hecho en cumplimiento de sus funciones, sean pasibles a un juicio de responsabilidades.
La convocatoria no contempla el abordaje de los préstamos externos, que el gobierno reclama desde hace varios meses e identifica como uno de los factores para la actual crisis económica, ya que al inyectar esos recursos para la ejecución de diferentes proyectos de inversión se permitiría que circulen dólares en el sistema financiero nacional, lo que permitiría estabilizar el precio de la divisa estadounidense, regularizar los pagos a los proveedores de combustible y abaratar los precios de los productos de la canasta familiar.