Dos ministros-abogados redactaron la acusación contra el encarcelado candidato y los masistas en Diputados la aprobó sin chistar y hasta el Fiscal General se bajó los pantalones ante el gobierno.
Marcharon contra la detención de Leopoldo el 16 de Septiembre (foto El Día)
Ya estaba cantado. La Cámara de Diputados aprobó una acusación contra el exprefecto de Pando, Leopoldo Fernández, que fue redactada en palacio de Gobierno por el exministro Héctor Arze y por el ministro de Defensa, Walker San Miguel, cumpliendo una instrucción expresa de Evo Morales.
La instrucción era inhabilitar de cualquier forma a Leopoldo Fernández para impedir su candidatura a la vicepresidencia. No era necesario cuidar mucho las formas jurídicas. Finalmente no se lo hizo hasta ahora, durante más de un año de encierro del exprefecto y no era el momento para andar con remilgos.
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No se requiere ser un eminente jurisconsulto para darse cuenta que la acusación constituye un engendro cuya autoría hubiera avergonzado al menos letrado de los tinterillos pero finalmente el objetivo es netamente político y en este aspecto, las consideraciones jurídicas vienen sobrando.
Leopoldo Fernández fue trasladado, por Juan Ramón Quintana, de Cobija a una cárcel de La Paz, hace más de un año.
Que los enfrentamientos en la localidad pandina de Porvenir y todas sus secuelas afectaron dramáticamente la conciencia del país, no cabe duda y que deben desentrañarse todos sus orígenes y motivaciones, también. Pero resulta que el esclarecer este luctuoso tema es lo que menos interesa al gobierno. Le interesa solo la forma en que los muertos pueden ser aprovechados políticamente. Así de simple.
Es así que en la acusación solo se incluyen elementos que podrían, supuestamente, mostrar a Fernández como el autor “material e intelectual” de las muertes y han eliminado cualquier indicio que pudiera darnos pistas sobre quienes promovieron los enfrentamientos ya que estos nos conducirían necesariamente al palacio de gobierno y hacia el dictadorzuelo de la Amazonía, el ministro Juan Ramón Quintana.
Por ejemplo se insiste, contra toda evidencia, que Blusher Alpire fue chófer de la prefectura cuando los hechos y documentos oficiales demuestran que en realidad era hombre de confianza de “Chiquitín” Becerra, de la Alcaldía de Cobija, aliado al MAS, y cobraba, además, sueldos del Ministerio de Desarrollo Rural y de la estatal de caminos ABC. Era, en consecuencia, un funcionario del Poder Ejecutivo que se encargó, según sus propias palabras y que no fueron tomadas en cuenta por la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, del trabajo sucio en el marco del montaje realizado por el gobierno.
La aprobación de la acusación se realizó al más puro estilo masista, con el único argumento del rodillo, frente al cual toda otra consideración está demás. El diputado René Martínez está cumpliendo fielmente las órdenes que le dieron a pesar de que como abogado sabe que la acusación no tiene ni pies ni cabeza y le está costando mucho justificarla, pese a su ostensible cinismo.
No deja de llamar la atención de que entre los pocos diputados que están volviendo a ser postulados se cuenten, primero René Martínez quien, al menos en las apariencias, conduce las acusaciones contra Leopoldo Fernández y contra el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Eddy Fernández y segundo, la jacarandosa Elizabeth Salguero, quien dirige el caso de las agresiones contra campesinos en Sucre, en la que involucró contra viento y marea a dirigentes cívicos y parlamentarios opositores.
Es por tanto comprensible que ambos estén poniendo tanto empeño en su labor que nada tiene que ver con la búsqueda de justicia pero ambos debieran saber que el poder es efímero y esquivo y que a todos les llega la hora de rendir cuentas.
En cambio, los diputados que no están volviendo a ser postulados -ni les dieron el encargo de organizar cenas como al diligente «satuco»- se mostraron algo reticentes a asistir a la sesión en la que fue aprobada la acusación y tuvieron que mediar amenazas para que cumplieran la orden emanada de palacio.
La manera en la que se quiere inhabilitar a Leopoldo Fernández es descarada. El diputado Martinez en un almuerzo con el fiscal general, Mario Uribe (ahora funcional al gobierno), acordaron que el juicio ordinario deberá concluir antes de las elecciones generales de diciembre próximo, cosa que todos saben y de acuerdo a los plazos procedimentales resulta imposible pero eso no les preocupa ya que de acuerdo a las prácticas cuartelarias que usa el MAS, “ordenes son ordenes” y no deben ser discutidas.
Un conocido corrido mexicano dice: “ya se murió el arbolito donde duerme el pavo real y ahora va a dormir en el suelo como cualquier animal”. Encierra un aspecto que debiera ser motivo de reflexión para todos aquellos que ahora usan y abusan del poder. Llegará el tiempo en el que de acusadores se conviertan en acusados.