Desde 2020, las comunidades de Buena Vista y Entre Ríos (San José de Chiquitos, Santa Cruz) han enfrentado serias dificultades debido a la construcción de represas en el río San Lorenzo, cabecera del río Tucabaca, cuyas aguas desembocan en el Parque Nacional Otuquis.
Fuente: Sumando Voces
En agosto de 2024, decidieron presentar una demanda por daños ambientales y en noviembre lograron una primera victoria, cuando un juez ordenó la remoción de una de las represas construida en tierra fiscal, según dictaminó el Tribunal Agroambiental, hecho que se concretó en diciembre pasado. Sin embargo, aún quedan dos represas en litigio, ubicadas dentro de la hacienda ganadera San Lorenzo, lo que mantiene activa la lucha legal de los habitantes de estas comarcas.
Este caso no solo es relevante para las comunidades afectadas, sino que podría marcar un precedente histórico en la defensa del agua y los derechos indígenas en Bolivia. Las comunidades han reiterado su llamado a las autoridades para que se garantice el cumplimiento de las normativas ambientales y se tomen medidas urgentes para la protección del agua.
Tucabaca refuerza la demanda
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En horas pasadas, el Comité de Gestión del Área Protegida: Reserva Municipal de Vida Silvestre Valle de Tucabaca (Roboré) se ha unido al proceso judicial en un momento clave. Su participación busca garantizar que se restituya el cauce del río San Lorenzo, se restaure el ecosistema afectado y se indemnice a las comunidades perjudicadas. La organización destacó que la alteración del caudal del río afecta directamente la cuenca del río Tucabaca, un recurso vital para el equilibrio hídrico de la región.
En ese contexto, dicho comité se convierte en el tercero coadyuvante en la demanda interpuesta por la comunidad de Buena Vista ante el Juzgado Agroambiental de Roboré. Esta acción fortalece la batalla legal por la remoción de las represas que han alterado el cauce del río San Lorenzo y restringido el acceso al agua de las comunidades de el Territorio Comunitario de Origen (TCO) Turubó Este de San José de Chiquitos.
La audiencia principal está programada para este viernes 4 de abril, a las 9.00 en el Juzgado Agroambiental de Roboré (Av. del Ejército, inmueble Biblioteca Municipal). La decisión que tome el juez podría significar un triunfo inédito para las comunidades indígenas en su lucha por la justicia ambiental.