En Bolivia, al tortura se practica como un método de investigación y, pese a la recurrencia de los casos, no existen sanciones penales para los responsables. Por el contrario, ahora se han impuesto restricciones para el ingreso de psicólogos de la sociedad civil a las cárceles, luego de que se publicara el informe sobre las torturas sufridas por el exdirector del Fondo Indígena, Marco Aramayo, quien falleció hace tres años mientras era sometido a 256 procesos penales.
Fuente: Sumando Voces
Esas y otras revelaciones fueron expuestas en el programa Sumando Voces en Directo, del que participaron la directora del Instituto de Terapia e Investigación sobre las Secuelas de la Tortura y la Violencia de Estado (ITEI), Emma Bravo; el director del Mecanismo de prevención de la tortura de la Defensoría del Pueblo, Juan Ledezma; el presidente de la Asamblea de Derechos Humanos de La Paz, Hernando Calla; y el hijo de Marco Aramayo, que también se llama Marco Aramayo.
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“El Estado no sanciona. En Bolivia no se tiene sentencias penales por tortura”, enfatiza Ledezma, quien señala que entre 2019 y 2022 se hizo un seguimiento a la Policía y se estableció que hubo 1.400 denuncias por hechos de tortura y malos tratos en instancias disciplinarias “y sólo se ha sancionado a 19 personas”. Y las sanciones son leves, según dice, como el traslado de un destino a otro.
Emma Bravo coincide en que no hay sanciones para los torturadores y relata que desde hace tres años, cuando se publicó el informe sobre Marco Aramayo, los psicólogos del ITEI tienen “muchísimas dificultades para ingresar a las cárceles”. Cita como ejemplo la cárcel de Miraflores, donde no puede ingresar Andrés Gautier, psicoterapeuta y fundador del ITEI.
“Se han hecho reuniones con el Ministerio de Gobierno, con Régimen Penitenciario, gobernación de los penales, se nos dicen no hay problema, pero el momento de llegar a la puerta de la prisión siempre hay un problema”, dice.
Casos de tortura
Durante el programa se expusieron los casos de torturas de Marco Aramayo, César Apaza, Juan Laura y Juan Bascopé, pero el ITEI en un reciente informe indicó que, desde 1952 documentó 1833 casos de tortura, de los cuales, 567 corresponden al período de las dictaduras y 1.266 a la época democrática.
Sin embargo, Bravo precisa que “de ninguna manera los 1800 casos reflejan la totalidad de las personas afectadas por tortura” porque “las personas para denunciar tortura tienen que ser muy muy valientes”.
Basado en estos datos, Hernando Calla considera que “ha recrudecido la práctica de la tortura en estos gobiernos del MAS, porque ahí directamente se ha recurrido a las instituciones, tanto a la Policía, pero sobre todo al sistema judicial, como mecanismos de tortura”.
Agrega que, además de la tortura física, existe otra que es la judicial, con la que se ejerce presión psicológica contra los acusados, a los que incluso se les fabrica delitos y luego se les obliga a confesarlos a través del procedimiento abreviado.
Mapeo de la tortura
Bravo señala que entre las causas para la persistencia de esta práctica está la invisibilización de parte del Estado y la tolerancia de la sociedad que, muchas veces, cree que es “necesaria”, como ocurrió el 2019.
“Todos los gobiernos practican la tortura y la niegan, la invisibilizan”, señala y agrega que “no solamente lo hacen policías militares, sino también la judicatura, jueces y fiscales que invisibilizan también la existencia de la tortura”.
Todo esto deriva en impunidad. “Esa es la razón por la cual no hay pues sentencias sobre tortura en nuestro país y se sigue negando esta práctica”, lamenta y dice que, si bien los gobiernos cambian, “los organismos represivos quedan ahí”.
Asegura que quienes torturan son los policías y militares en complicidad con jueces y fiscales. El momento en que “se produce esta práctica es durante la detención, con fines investigativos o de confesión”. También durante los traslados de una cárcel a otra, o cuando los detenidos están bajo régimen de incomunicación.
Bravo señala que hay varios tipos de tortura, entre ellos, la tortura física que se materializa con golpes en las partes más sensibles del cuerpo; la tortura biológica, cuando se impide a las personas comer, tomar agua, ir a al servicio higiénico; la tortura psicológica, cuando son amedrentados, son amenazados.
“Después está la tortura sexual, que comienza con los toqueteos y va hasta la violación con partes del cuerpo (dedos) u objetos. Las mujeres que caen por la 1008, por ejemplo, saben y hasta creen que es lo más normal que les ocurra”, indica.
La Ley y los informes
En Bolivia no existe una ley contra la tortura, por eso, una coalición ciudadana contra este delito promueve la aprobación de una norma que tipifique el delito y lo prevenga. Bravo informa que la norma fue aprobada en la Cámara de Diputados y que actualmente se encuentra en una comisión de la Cámara de Diputados en espera de su tratamiento.
Ledezma, por su parte, dice que las recomendaciones planteadas por el Mecanismo son acogidas en un 50% por las autoridades, pero reconoce que las de tipo estructural definitivamente no son tomadas en cuenta. Por ejemplo, menciona que la recomendación de cerrar la cárcel de San Pedro se convirtió en ley en 2014, pero hasta ahora no se hace realidad.
Sin embargo, él dice que la institución “no busca confrontar de manera directa, sino asesorar a las instituciones del Estado en su fortalecimiento institucional”, para lo que el Mecanismo busca ser visto como aliado en el fortalecimiento institucional.
Marco Aramayo
El joven Marco Aramayo destaca el valor que tuvo su padre de denunciar “el robo histórico a los pueblos indígenas de Bolivia por lo que fue procesado, encarcelado y torturado durante siete años. Y a pesar de su muerte sigue siendo procesado”.
Se refiere a que la mayoría de los 256 procesos que le seguía el Estado no fueron cerrados y, por el contrario, los jueces siguen notificándolo pese a estar muerto.
Asegura que la familia está buscando justicia para su padre y que, una vez que se agoten las instancias en Bolivia, se llevará el caso a organismos internacionales. De hecho, la Fiscalía rechazó investigar las torturas en dos ocasiones.
“Lo que se está tratando de hacer, lo que este grupo de abogados está tratando de hacer y que se reúnen de manera regular es que se agoten las instancias nacionales para después ir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”, corrobora Bravo.