La norma avala la participación de las organizaciones indígenas en elecciones de carácter regional y no en comicios presidenciales que son de alcance nacional. Buscan anular esa disposición.
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La Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente Boliviano (Cidob) anunció que concluyó el plazo que había otorgado al Tribunal Supremo Electoral (TSE) para que avale su participación en las elecciones presidenciales sin acudir a un partido político, lo que a la fecha está prohibido por la ley.
En ese marco, indicó que este miércoles presentará un recurso constitucional para frenar los comicios previstos para el 17 de agosto.
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«La Cidob busca que se cumpla plenamente el derecho constitucional que tienen conquistado en el artículo 209 de la Constitución, hace 16 años», afirmó Fausto Ardaya, precandidato de la Cidob, en una entrevista con el programa Que no me pierda que se difunde en la red Uno.
En ese marco, el asesor jurídico constitucional de la Cibob, Luis Ardaya, anunció que este miércoles en la ciudad de Sucre presentarán «una acción de inconstitucionalidad abstracta en contra de los artículos 5 y 15 de la Ley 1096, amparado en el artículo 209 de la Constitución Política del Estado (CPE)».
Los citados artículos establecen que las organizaciones de las naciones y pueblos indígena originario campesinos «posibilitan» su participación «en elecciones subnacionales» y que «deberán solicitar su registro para participar en procesos electorales de alcance subnacional ante el Órgano Electoral Plurinacional» cumpliendo cinco requisitos.
La norma solo avala su participación en elecciones de carácter regional y no en comicios presidenciales que son de alcance nacional. Así lo han dejado establecido por separado los vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Gustavo Ávila y Francisco Vargas, con anterioridad.
El artículo 209 la CPE establece que «las candidatas y los candidatos a los cargos públicos electos, con excepción de los cargos elegibles del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional serán postuladas y postulados a través de las organizaciones de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, las agrupaciones ciudadanas y los partidos políticos, en igualdad de condiciones y de acuerdo con la ley».
Esa es una de las bases de la demanda de la organización.
Medidas
«No teníamos la intención de llegar a esto. Vamos a pedir dos medidas cautelares al Tribunal Constitucional dentro de esta acción; la primera es el registro provisional de la Cidob, mientras dicte sentencia el tribunal; y el segundo es la paralización del calendario electoral hasta que dicte sentencia el Tribunal Constitucional», indicó el abogado.
Explicó que la comisión de admisión del TCP tiene 15 días como plazo para notificar a la Asamblea Legislativa Plurinacional y dispone de otros 45 días más para dictar una sentencia.
«Fuimos por la vía administrativa haciendo las solicitudes de registro de la Cidob al Tribunal Supremo Electoral. Estamos hablando de 34 naciones indígenas», lamentó.
Lima
En ese sentido, el precandidato y el abogado rechazaron las afirmaciones del exministro de Justicia Iván Lima, quien horas antes observó que la solicitud de la Cidob fue firmada por funcionarios del Gobierno y que inclusive participaron en el denominado «gabinete social».
Los dos representantes de la CIDOB aseguraron que las personas citadas por la exautoridad no son parte del directorio de la organización.
«Muchas veces hemos convocado a los ministros para que rindan cuentas sobre acuerdos no cumplidos. El gobierno jamás ha cumplido nuestros pliegos. La Cidob no forma parte del gobierno desde el 25 de septiembre del año 2011, cuando ocurrió Chaparina», aseguró Fausto Ardaya.
No obstante, representantes de este sector participaron en reuniones con el presidente Luis Arce.