San Ignacio de Velasco, en el oriente boliviano, se ha convertido en el epicentro de la deforestación del país. Aunque resguarda apenas el 6,2% de los bosques nacionales, en su territorio se produjo el 15,2% de la deforestación total registrada entre 2021 y 2023. Este desbalance muestra una tragedia ambiental en curso: en San Ignacio de Velasco los bosques desaparecen más rápido que en cualquier otra parte del país.
Fuente: Sumando Voces
Con base en información de la revista Nómadas
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Situado en la Chiquitanía cruceña, San Ignacio cuenta con más de 3,4 millones de hectáreas de bosques y cerca de 773.000 hectáreas de ecosistemas no boscosos, como herbazales. En conjunto, su superficie natural supera incluso a la de algunos departamentos enteros, como por ejemplo Tarija. Sin embargo, la riqueza natural que debería ser su mayor patrimonio es arrasada a un ritmo alarmante.
Desde 2017, San Ignacio lidera el ranking nacional de deforestación. Solo entre 2021 y 2023, perdió 165.049 hectáreas de bosque. Y el 2024 fue aún peor: según la Fundación Tierra más de 1,4 millones de hectáreas fueron arrasadas por incendios forestales, lo que representó el 14,5% del total nacional.
La paradoja es evidente. San Ignacio apenas concentra el 1,2% de la superficie agrícola de Bolivia y el 5,6% del hato ganadero. Su destrucción ambiental, por tanto, no se justifica por su peso productivo. En cambio, está vinculada a un modelo de expansión agroindustrial desregulado y al tráfico de tierras, como denuncian autoridades locales.
«La expansión de la frontera agrícola no puede ser la única causante de la deforestación en nuestra Chiquitanía (…) Esa es solo una parte del problema. Acá tiene mucho que ver el tráfico de tierras, fomentado por el propio Gobierno y sus organizaciones sociales, en un círculo de avasallamiento, toma de tierras, saneamiento ilegal, desmontes y venta de terrenos», afirma la diputada María Renee Álvarez.
Advierte también que estos terrenos suelen ser tomados por sindicatos afines al gobierno y luego vendidos, incluso en áreas protegidas como el Bajo Paraguá, donde año tras año ingresan grupos de avasalladores que incendian el bosque para «chaquear» la tierra.
Las consecuencias no son solo ambientales. La destrucción del bosque ha reducido en un 71,5% la superficie de cuerpos de agua en el municipio desde 1985. Las sequías son cada vez más frecuentes y severas. En 2021, por ejemplo, la represa del Guapomó —principal fuente de agua para 30.000 personas— se secó por completo. En los últimos seis años, el gobierno municipal de San Ignacio de Velasco se ha declarado en desastre por sequía al menos en cinco ocasiones.
También hay impactos sociales y culturales profundos. En la TCO Bajo Paragua, habitan algunas de las últimas familias del pueblo indígena Guarasu’we, cuya lengua está al borde de la extinción. Su vida y su cultura dependen del bosque, pero hoy enfrentan un proceso de despojo silencioso y sistemático.
No todo es devastación. En medio de este escenario, hay iniciativas que ofrecen alternativas. En la comunidad Guarasug’wé del Porvenir, un emprendimiento colectivo basado en el aprovechamiento sostenible del asaí ha generado empleos e ingresos que permitieron revertir la migración. Sin embargo, incluso este modelo fue afectado por los incendios de 2024, que arrasaron parte de sus áreas de recolección.
San Ignacio de Velasco es hoy un símbolo de la contradicción boliviana: una región rica en biodiversidad, historia y cultura, empujada al borde del colapso por un modelo extractivo que no ofrece futuro.