La diputada exigió que el Consejo de la Magistratura investigue de inmediato el accionar de la juez Lilian Moreno.
eju.tv /Video: La Hora Pico
Santa Cruz.- La diputada Luciana Campero afirmó que la decisión de la juez Lilian Moreno, quien dejó sin efecto la orden de aprehensión contra Evo Morales, puede y debe ser revertida, ya que el caso en cuestión no se trata de un proceso menor, sino de una denuncia grave por trata y tráfico de personas. Campero pidió al Consejo de la Magistratura realizar una investigación rigurosa.
«¿La medida puede ser revertida? Pienso que sí, según lo que determine también el Consejo de la Magistratura después de la investigación. A ver, hay jueces que venden en muchos casos sus sentencias y resoluciones, y eso se demuestra después de una investigación. Entonces, ya dependerá del Consejo de la Magistratura. Además que se han incumplido ciertos requisitos y formalidades que establece el Código Procesal Penal», explicó Campero en el programa radial La Hora Pico de eju.tv que conducen Belén Mendivil, Natali Justiniano, Jorge Robles y Ernesto Justiniano.
La diputada señaló que existen serias irregularidades en la resolución de la juez Lilian Moreno. “El juez Nelson Rocabado, quien emitió la orden de aprehensión, nunca fue notificado. No se respetaron los procedimientos establecidos por el Código de Procedimiento Penal. Esto representa una violación flagrante de la ley”, agregó.
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La juez, Lilian Moreno, de Santa Cruz, dejó sin efecto la orden de aprehensión que pesa sobre el expresidente Morales, por el caso de trata y tráfico de persona. Fue el juez asignado al caso, Nelson Rocabado, quien declaró en rebeldía al líder cocalero, tras que el expresidente no se presentó a prestar su declaración a la Fiscalía de Tarija. Entonces, también congeló sus cuentas bancarias y emitió una orden de aprehensión.
El Juzgado de Tarija investiga a Morales sobre su presunta relación con una adolescente de 15 años, entre 2014 y 2016, producto de ello habría tenido una hija. El delito por el que se lo acusa es trata y tráfico de personas.
En ese sentido, Campero denunció que la actuación de la juez Moreno podría configurar el delito de prevaricato, considerando que su decisión se dio apenas una hora después de que ella recibiera una denuncia sobre un posible chantaje institucional desde el Tribunal Constitucional. Según la legisladora, los magistrados autoprorrogados estarían presionando por la aprobación de una ley a cambio de la no habilitación de Morales.
“Los autoprorrogados saben que Luis Arce no tiene respaldo popular, y por eso recurren a Evo Morales para proteger sus propios intereses. Esto es un chantaje político que pone en riesgo la democracia y deja en impunidad delitos que afectan directamente a menores de edad”, denunció.
Campero también recordó que el proceso por trata de personas incluye a Morales, así como a los padres de la menor identificada como Cindy. “Yo misma he aportado pruebas a esta investigación. Todos los bolivianos conocemos los elementos que existen. Evo no se presentó a la audiencia, y por eso se emitió una orden de aprehensión. Que ahora una juez, exfuncionaria de Morales, casada con un exdirector del MAS, borre esa orden, es un escándalo judicial”, finalizó.
La diputada exigió que el Consejo de la Magistratura investigue de inmediato el accionar de la juez Lilian Moreno y pidió a la ciudadanía mantenerse vigilante ante lo que considera una grave manipulación del sistema judicial con fines políticos.