En Bolivia, pareciera que la justicia no solo se imparte en los tribunales, sino que también se negocia en los pasillos políticos. Hoy, quienes defienden a la jueza que dejó sin efecto la orden de aprehensión contra Evo Morales exigen el “debido proceso” y el respeto a las garantías constitucionales. Sin embargo, muchos cuestionan que esos mismos actores, cuando estuvieron en el gobierno, manipularon jueces y convirtieron al aparato judicial en instrumento de persecución y silenciaron a muchos opositores.
Bolivia ocupa el puesto 131 de 142 países en el Índice de Estado de Derecho 2023 del World Justice Project, destacándose por su débil sistema judicial y falta de independencia.
Este fenómeno nos lleva a una pregunta clave; ¿qué entendemos por justicia, más aún en el ámbito político? Desde una perspectiva teórica clásica, la justicia consiste en dar a cada quien lo que le corresponde, según lo definía Ulpiano. Sin embargo, lo que se ve es que la justicia se ha convertido en un terreno de disputa donde lo jurídico se contamina con lo político y donde las instituciones se moldean para obtener ventajas en un sinnúmero de estrategias políticas y tiempos electorales.
Vemos que ningún sector quiere alinearse públicamente con figuras que simbolizan el abuso de poder a través de procesos judiciales manipulados. Las experiencias tanto del gobierno de Morales como de Arce, han dejado heridas profundas en la percepción ciudadana. El temor y la constante amenaza a convertirse en víctima de un aparato judicial politizado es transversal.
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Entonces; ¿Estamos ante la antesala de lo que depara el futuro jurídico de los políticos? Pareciera que sí. La población continúa observando con desconfianza, consciente de que la justicia, en lugar de ser un árbitro imparcial, ha funcionado como arma política.
A pesar de los discursos de independencia de poderes de los nuevos integrantes del Tribunal Supremo de Justicia, las decisiones controvertidas de algunos jueces siguen siendo objeto de cuestionamiento público.
Este escenario nos obliga a reflexionar sobre el deterioro institucional, la crisis de credibilidad y la necesidad de reformas. Si la justicia sigue operando como herramienta de poder y no como garantía de derechos, las tensiones políticas no solo persisten, sino que se agravarán, dejando a la democracia boliviana en una situación cada vez más precaria.
Lic. Dennys Peredo Borda
Vicepresidente Colegio de Politólogos Santa Cruz