Las fuerzas evistas confirmaron que marcharán este lunes en la ciudad de La Paz, con rumbo al Tribunal Supremo Electoral (TSE), para exigir la habilitación de su líder como candidato. Paralelamente, el gobierno de Luis Arce y sus aliados cuestionaron los motivos de la movilización y reforzaron las fuerzas de seguridad.
La movilización, convocada el viernes pasado, tiene como objetivo que el TSE acepte a Morales como candidato, pese a que la Constitución Política del Estado, un referéndum, una sentencia del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y una determinación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) lo impiden. Es la segunda marcha con ese mismo propósito en igual número de semanas.
Evo Morales confirmó la marcha a medios de Cochabamba, en cuyo trópico se encuentra refugiado desde octubre del año pasado tras que se emitiera una orden de aprehensión por el delito de trata de personas. En su intervención, el exmandatario confirmó que el objetivo de la propuesta es su candidatura, aunque se apresuró a añadir que también se reclama por la crisis que atraviesa el país y por la supuesta guerra judicial de la que, asegura, es víctima.
“El lunes, todos a La Paz. Si no es por las buenas, si no aceptan, el pueblo se calienta para garantizar nuestra candidatura; vamos a llegar a eso”, advirtió Evo Morales la mañana de este domingo, durante su programa en Radio Kawsachun Coca.
Acusó al gobierno de su exministro de Economía, Luis Arce, de querer eliminar a todas las agrupaciones políticas rivales. Profetizó que eso “el pueblo no lo va a soportar”. “En mi experiencia sindical, eso el pueblo no lo va a soportar y se va a levantar”, dijo.
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No fue el único en mencionar posibles convulsiones, si las autoridades no ceden a sus demandas. Dirigentes evistas de otras regiones, como Potosí, incluso llegaron a amenazar con interrumpir las elecciones si Morales no es candidato.
Por su parte, la aspirante a candidata a vicepresidencia, Wilma Alanoca, anunció la tarde de este domingo la realización de una «marcha pacífica», mediante un mensaje por video, trasmitido por la radio evista Kawsachun Coca. En esta intervención, la exministra de Morales pidió garantías al gobierno «para nuestra marcha pacífica».
«Parece que la respuesta del Gobierno a estas movilizaciones son las detenciones, las gasificaciones», dijo Alanoca, en referencia a los choques de evistas con las fuerzas de policías en la marcha del 16 de mayo y la detención de dirigentes tras el bloqueo de 24 dìas del año pasado.
Al igual que su compañero de fórmula, la postulante a la Vicepresidencia acusó a los vocales del TSE de parcializarse y tratar «de discriminar a la gran mayoría de este pueblo».
Sin embargo, Morales pidió que no lo responsabilicen de las protestas. «Movilización por aquí, por allá, con dirigentes y sin dirigentes, eso veo. Y no echen la culpa a Evo (Morales), por favor, ni a nuestro movimiento político. El problema es económico, de justicia y de la democracia, son tres problemas que se juntan”, dijo.
Gobierno arma sus defensas
El Gobierno comenzó medidas para reforzar su seguridad durante la marcha de este lunes. El Comando Departamental de la Policía de La Paz activó operativos de control en los principales accesos a la Sede de Gobierno, además del resguardo de instituciones públicas estratégicas, como el TSE.
“El Comando Departamental ha reforzado los ingresos a la ciudad con el objetivo de prevenir cualquier actividad ilícita que pudiera afectar a la ciudadanía paceña”, informó el subcomandante departamental de la Policía en La Paz, coronel Andrés Willy Paz.
Entre los puntos estratégicos de control mencionó las trancas de Achica Arriba, Ujará y Cotapata, donde se desplegaron efectivos policiales desde tempranas horas del domingo. Asimismo, se dispuso un operativo especial de seguridad en torno al Tribunal Supremo Electoral y el Tribunal Electoral Departamental, instituciones que permanecerán bajo resguardo mientras persistan las amenazas de movilización.
Asimismo, el Pacto de Unidad, que agrupa organizaciones sociales aliadas con Arce, manifestó su rechazo a las pretensiones evistas. Su vocero, Vidal Gómez, denunció que «sectores radicales» intentan promover una convulsión social con motivaciones “estrictamente personales”.
“Exhortamos al pueblo boliviano a no sumarse a intentos de desestabilización. Bolivia necesita elecciones generales garantizadas”, dijo Gómez.
Aseguró que cualquier intento de convulsión social, dirigido hacia la ciudad de La Paz, representa una amenaza al orden constitucional. “No se puede permitir que grupos irregulares, armados o con intenciones golpistas pretendan pisotear la Constitución Política del Estado. El país necesita un proceso electoral”, agregó.