La medida fue anunciada para este miércoles 3 de junio desde las 00:00 y los sectores de este municipio cruceño también declararon personas no gratas a los vocales del TSE, a quienes apuntan por esta situación
El municipio cruceño de San Antonio de Lomerío se declara en emergencia. Sectores sociales y autoridades comunales del municipio anunciaron un paro cívico para este miércoles 3 de junio desde las 00:00 , afirman que se pretende imponer la conversión del municipio en autonomía indígena.
Según el reporte del cacique de la Central de Pueblos Indígenas de Lomerío (Cepil), Jesús Viana, los responsables de esta situación son las autoridades del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y se quiere llevar adelante este tema sin una consulta ciudadana vía referéndum, como establece la Constitución.
“Están violentando las garantías constitucionales del pueblo y sus comunidades al no querer hacer la consulta mediante un referéndum”, señaló Viana en conferencia de prensa, advirtiendo que en su lugar se pretende realizar una “simple asamblea totalmente ilegal”.
Cívicos y representantes de diferentes sectores hicieron el anuncio en las últimas horas
El conflicto se agudiza porque los organizadores de esta asamblea -los excaciques de la Central Indígena de Comunidades Originarias de Lomerío (Sicol)- supuestamente concluyeron sus funciones el pasado 22 de mayo. Por ello, las comunidades consideran que cualquier convocatoria realizada por ellos carece de validez.
“Declaramos personas no gratas a los miembros del TSE y a los excaciques de la Sicol, firmantes de la convocatoria ilegal”, añade el documento de los sectores que tomarán parte de esta medida (aunque el Comité pro Santa Cruz se desmarcó de este tema). Además, no se descarta un bloqueo en toda la Chiquitanía si no se atienden sus demandas.
Por su parte, el presidente del Comité Cívico de San Antonio de Lomerío, Nuco Chuvé Soriocó, enfatizó que el TSE no está contemplando que el estatuto autonómico indígena se lleve a referéndum, sino que se busca aprobarlo “por aclamación, solo levantando las manos”, en una asamblea prevista para el 4 de junio.
Según el reporte, más de 17 comunidades -de un total de 29- firmaron un voto resolutivo rechazando este mecanismo y desconocen la validez del estatuto si no se realiza una consulta popular.
“Hasta la fecha ellos (los excaciques) no tienen ya nada que convocar y, por lo tanto, a partir de esa fecha su accionar es nulo de oficio”, subrayó Chuvé al resaltar que lo artículos del estatuto que se apunta a implementar “vulneran los derechos de todos los más de 7.000 habitantes del municipio”.
Uno de los puntos más controversiales es que, si se aprueba, podría modificarse la sede del gobierno municipal.