El pueblo indígena Tsimane del Sector Yacuma, del departamento del Beni, exigió a las autoridades del Gobierno cumplir con la sentencia del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), que reconoció la titularidad de las tierras a su favor y anuló los asentamientos dispuestos por el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) a favor de comunidades interculturales.
Fuente: ANF
El secretario de organización del Subconsejo Tsiman del sector Yacuma, Mithman Merena, en entrevista con la ANF, recordó que en la sentencia se estableció un plazo para que se dicten medidas precautorias a favor de las más de 14 comunidades que fueron afectadas con los asentamientos.
“Lo que nosotros estamos exigiendo es que se cumpla la sentencia del Tribunal Constitucional Plurinacional, el director del INRA tiene que acatar con la sentencia y desalojar a las comunidades interculturales que están asentadas en nuestras tierras. En caso de que no lo hagan, vamos a asumir otras acciones legales”, afirmó el dirigente indígena.
=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas
El 30 de diciembre de 2024, aunque la resolución fue publicada recién el 26 de mayo de la presente gestión, el TCP concedió tutela a la acción popular que plantearon los indígenas donde exigían que se reconozcan sus derechos como titulares de ese territorio establecidos en la Constitución Política del Estado, convenios internacionales y la Ley 450 de Protección a Naciones y Pueblos Indígenas en Situación de Alta Vulnerabilidad.
Una delegación de indígenas llegó este martes hasta el TCP para sostener una reunión con los magistrados y hacerles conocer su preocupación, ya que hasta el momento las autoridades del Gobierno aún no asumieron acciones para dar cumplimiento a la sentencia.
Al respecto, en una conferencia de prensa, la magistrada del TCP Isidora Jiménez calificó el fallo como histórica y afirmó que el dictamen establece medidas de protección a las comunidades indígenas. Además, pidió a las autoridades del ejecutivo ordenen el desalojo de las comunidades interculturales.
“La sentencia marca un precedente histórico en la protección jurídica de los derechos fundamentales y ancestrales de territorialidad de los pueblos indígenas en Bolivia, en una superficie de al menos 54 mil hectáreas de donde fueron desplazados de manera forzosa por el avasallamiento de sus tierras ancestrales”, afirmó Jiménez.
Al respecto, la abogada de los indígenas, Jhovana Morales, explicó que el INRA tiene un plazo de 30 días para emitir las órdenes de desalojo de las comunidades campesinas y de interculturales que están en ese territorio. Además, dijo que la sentencia dispuso realizar una auditoria a la ABT que emitió resoluciones para la deforestación.
A la vez, la jurista dijo que otra de las acciones que se determinó es que los antecedentes del caso sean remitidos al Ministerio Público para iniciar una investigación por incumplimiento de deberes contra los funcionarios de ambas entidades. Asimismo, se investigue la muerte de una menor de 14 años que se produjo durante una intervención policial en 2021.
“Se está pidiendo que se remita antecedentes al Ministerio Público por incumplimiento de deberes de las autoridades y el posible genocidio que hubo. Hace unos 4 años atrás se denunció que por los desalojos que hubo en el sector, una niña de 14 años falleció por impactos de balines, lamentablemente no se llegó a investigar por el simple hecho que no tenía documentación”, explicó.
Amenazas
Por otra parte, Merena denunció que son víctimas de amenazas y amedrentamientos por parte de los interculturales quienes les advirtieron que no abandonarán esos predios, además no acatarán el dictamen del TCP.
Indígenas tsimanes en la puerta de la Fiscalía General del Estado en Sucre. Foto: Cortesía tsimanes
La delegación de indígenas tsimanes en el Tribunal Constitucional Plurinacional. Foto: cortesía tsimanes
/EUA/ nvg/