Lima afirmó que el principio de preclusión en materia electoral es contundente.
eju.tv /Video: La Hora Pico
Santa Cruz.- El exministro de Justicia, Iván Lima, respondió con firmeza a las versiones que sugieren que el escándalo judicial originado por la filtración de un audio tendría como objetivo reemplazar a la magistrada Fanny Coaquira por su suplente Iván Campero, para supuestamente generar un desconocimiento del futuro presidente elegido en los comicios del 17 de agosto.
“Eso no ocurrirá, definitivamente. Ese es un tema que no es apropiado y no es adecuado que se diga, viniendo incluso del presidente del Tribunal Supremo de Justicia”, afirmó Lima, al rechazar las afirmaciones del magistrado Ricardo Saucedo, quien insinuó que el conflicto judicial tendría efectos sobre el proceso electoral.
Lima aclaró que el principio de preclusión en materia electoral es contundente, y que la situación está bajo control. Señaló además que el presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE) ya respondió institucionalmente al tema. “Felizmente, lo que ha hecho este juez en Coroico va a ser revisado por el Tribunal Constitucional y tendría que dejarse sin efecto”, indicó en La Hora Pico de eju.tv que conducen Belén Mendivil, Jorge Robles y Ernesto Justiniano.
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En criterio del exministro la actuación del juez de garantías de Coroico fue inapropiada, ya que no le corresponde suplantar el rol de la justicia penal, del Ministerio Público, o de un magistrado que debe establecer la veracidad de un documento mediante una sentencia firme.
En ese sentido, sostuvo que “los 11 requisitos que han llenado los candidatos al binomio presidencial y vicepresidencial ya fueron verificados por el Órgano Electoral. Cumplen con certeza y certidumbre, por lo tanto, no hay posibilidad alguna de que este hecho afecte su validez”.
En contraposición, Lima sí reconoció que el conflicto tiene repercusiones dentro del ámbito judicial, particularmente en la elección de magistrados. Recordó que los postulantes deben acreditar méritos como maestrías, doctorados y experiencia docente. “La acusación contra la magistrada Coaquira señala que no contaba con documentos válidos para ser candidata. Eso, de probarse, afecta su habilitación y tendría consecuencias institucionales, políticas y penales”, señaló.
Esta declaración puede escuchar desde el minuto 18:11 del video adjunto en la presente nota.