“Es un secreto a voces”, señala uno de los pobladores del Norte de Potosí que sigue de cerca los conflictos ocurridos en Llallagua. Prefiere no ser identificado, aunque lo que dice es algo que muchos murmuran. “Se han manejado armas; no son solo chullpas o sicoyas, son los chuteros, los narcos”, advierte.
Redes de narcotraficantes, contrabandistas y chuteros se enquistan en los ayllus guerreros del Norte Potosí, aprovechando la ausencia del Estado y las carencias de la región. Su alcance no tiene límites, pues cruzan el límite departamental hacia el sur de Oruro, donde otro ayllu combativo llama a su región México Chico.
El pasado miércoles, 11 de junio, cuatro policías murieron en un operativo de desbloqueo de la carretera de ingreso a Llallagua. La población llevaba 10 días aislada por la protesta de los Ayllus del Norte de Potosí en contra del Gobierno central.
“En el conflicto de Llallagua, no solo se trata de los ayllus movilizados ni de todos los ayllus. Hay un alto componente de algo ajeno a nuestros ancestros, a los ayllus y nuestros pueblos indígenas: el narcotráfico”, explica Azucena Fuertes, asambleísta departamental de Potosí.
Entre los fallecidos y heridos se identificaron impactos de bala. Las autoridades afirman que se trata de armas de largo alcance, que requieren precisión. Señalan que podrían ser francotiradores, operando entre los movilizados y actuando de manera coordinada.
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“Nuestro objetivo era y sigue siendo garantizar el libre tránsito. Sin embargo, en el trayecto nos hemos encontrado con grupos organizados que han usado la violencia extrema con dinamita, pedradas y armas de fuego usadas por francotiradores”, manifiesta el viceministro de Régimen Interior y Policía, Jhonny Aguilera.
Añade que las finalidades de estos grupos son políticas, económicas y -en el caso de Llallagua- además hay intereses vinculados al narcotráfico.
“Es una zona donde se tiene información de sembradíos de marihuana y fábricas de cocaína, por eso se la ha denominado México Chico”, explica el comandante de la Policía Boliviana, Augusto Russo.
No solo apunta a que es un área roja por la presencia de actividad ilícita, sino a que estas tienen conexión con el dirigente cocalero y expresidente Evo Morales Ayma, impulsor de las movilizaciones que exigen su habilitación como candidato en las elecciones 2025.
Fuertes afirma que la denuncia no es nueva, que los grupos armados ya operaron en los conflictos de 2019 y nadie hizo nada.
“No es novedoso que haya gente armada, hay gente que está preparada y equipada para enfrentarse a este tipo de situaciones. Yo temo que la esencia histórica y ancestral de los ayllus, ahora, va a ser lamentablemente combinada y confundida con esta presencia de grupos armados que tienen su origen principal en el narcotráfico”.
Los “Ayllus Guerreros”
La región del Norte Potosí es conocida por la presencia de ayllus indígenas, estructurados incluso antes de la Colonia y que pese a varios procesos de colonización se mantienen vivos. Ya sea por su participación en el Ejército del Imperio incaico, en la rebelión katarista en 1780, o las sublevaciones de Chayanta durante la República, son conocidos como los “Ayllus guerreros del Norte Potosí”.
Basta con recordar los sangrientos enfrentamientos que protagonizaron con los ayllus del Sur de Oruro, hasta entrados los 2000, o ver el ritual del tinku, una de sus principales ceremonias, para notar su esencia combativa.
Según el “Atlas de los Ayllus del Norte Potosí, territorio de los antiguos Charka”, los ayllus en toda esa región son decenas y están distribuidos en cinco franjas. Los del Máximo Ayllu Chayanta son los más conocidos. Una parte de ellos son también los que se encuentran movilizados en Llallagua.
Ayllus del Norte de Potosí en marcha en un anterior conflicto. Foto: FAOI NP
Estos “Ayllus Mayores” son nueve: Puraka, Chayantaka, Aymaya, Kharacha, Phanakachi, Laymi (Laimes), Jukumani, Chullpa y Sikuya (Sicoya).
“En este punto de bloqueo, estamos movilizados los Ayllus Chullpas y Sikuyas. Se van a sumar los Jukumani, Laymi, Chayantaka y Phanakachi. Estamos firmes”, sostiene el vocero del comité de bloqueo en Lagunillas, Norte Potosí.
Afirma que su protesta no es política, sino que responde a la crisis económica que los ha dejado sin alimentos ni combustible para trabajar. Una crisis que, sostienen, no puede continuar. Pero ojo, no son todos, pues la división que atraviesa el país, también la viven los ayllus.
“Manifestamos, como Ayllu Sikuya, que se realizó el cambio de autoridades. Las nuevas han llevado adelante una reunión y habrá un cabildo. Hacemos un llamado al Ayllu Chullpa para que se entre a un diálogo pacífico. Con bloqueos en nuestro propio lugar no se resuelven los problemas económicos, empeora la situación de nuestros hermanos”, manifiesta el tata Segundo Mayor, Hilarión Cruz.
Los movilizados, entre los que también hay sikuyas y jucumanis, según la lista de detenidos, afirman que ese territorio es suyo, incluyendo Llallagua. Y es que sobre sus territorios ancestrales se han superpuesto los territorios provinciales y luego los municipales.
“En el Norte de Potosí existen poblados con gran concentración de gente, como Llallagua, Catavi, Siglo XX y Uncía que ahora están circundados por varios ayllus. Estos, a la vez, colindan con los del sur de Oruro, como los Qaqachacas. Los conflictos, incluso por límites, tienen una larga data; de ahí surgieron los proyectos para los Ayllus en Paz”, explica Fuertes.
“Ayllus en Paz” es parte de la pacificación de la zona, no solo norpotosina, sino del sur de Oruro. En esta área de límite, sumida en la extrema pobreza, por años se vivió una de las luchas internas más violentas y antiguas, entre los Jukumanis y Laimes de Potosí y los Qaqachacas de Oruro.
Tiene sus antecedentes siglos atrás, antes de la Colonia. Durante décadas, estos pueblos protagonizaron sangrientas batallas por territorios discontinuos que escaparon de las divisiones territoriales impuestas por la Colonia y la República.
Para pacificar y delimitar sus territorios, el 7 de enero de 2014, el presidente Evo Morales promulgó la Ley de Delimitación Interdepartamental Oruro – Potosí y proclamó el fin a la guerra de ayllus. Pero según los registros, el último enfrentamiento se produjo en enero de 2000.
Ayllu Chullpa en el punto de bloqueo en Lagunillas. Foto: FAOI NP
Una madrugada los Qaqachacas de la provincia Avaroa, del sur orureño, dejaron como saldo 18 muertos y 10 heridos en el asalto y quema de 25 casas de la comunidad de Sora Sora, del Ayllu Laimes. Portaban armas dotadas en la Guerra del Chaco.
Según determinaron las investigaciones, el asalto fue una venganza ante un ataque -de una semana antes- protagonizado por los Laimes y que dejó varios heridos. Hasta ese año, el 2000, los asaltos y ataques eran una constante.
Aunque por años, las autoridades anunciaron la pacificación y hasta emprendieron el desarme, los intentos no prosperaron hasta que los mismos ayllus buscaron una salida. En los archivos del periódico El Potosí hay una fotografía tomada meses después de este último enfrentamiento a los pies del Cerro Rico. En ella se ve a dos dirigentes de los ayllus en guerra dándose la mano para acordar el camino a la paz.
Para mantener esta paz y mejorar las condiciones de las comunidades se invirtieron varios recursos y se implementaron diferentes proyectos, tanto desde la cooperación internacional y las ONG, como desde el mismo Estado, en sus diferentes niveles de gobierno.
“Desde 2021 hemos aprobado proyectos específicos para los ayllus, con nombre y apellido, hasta canchas de césped sintético y una obra promovida por la Gobernación. Además, la ALDP tiene una mayoría del MAS”, sostiene la asambleísta.
Pero esas obras, en la mayoría de los casos no vienen solas, sino como una herramienta prebendal para obtener el apoyo político de las bases.
“En los últimos 20 años, en los que el MAS está en el Gobierno, las bases de estos ayllus han sido manejadas por malos dirigentes, malas autoridades originarias y campesinas. Los chantajean para que acudan a las movilizaciones. Se ha prebendalizado su participación. Pero también hay otros chantajes, uno surge a partir de la propiedad de la tierra”, explica la autoridad.
El saneamiento de tierras se hizo como TCO (Tierra Comunitaria de Origen). Las familias tienen terrenos para sus viviendas, el cultivo y la crianza de animales, pero la tierra no les pertenece, porque es de la comunidad.
“Bajo el principio de que la tierra es comunitaria, puede ser usada, pero si deja de cumplir un bien social se revierte. Ese era el principio original; sin embargo, este se desnaturaliza para el chantaje. Para sacarlos a las movilizaciones les dicen que les quitarán su tierra. Hay casos documentados en los que les quitaron”, afirma Fuertes.
¿México Chico?
“Hay personas con armas, estos son los Qaqachacas, México Chico”, señala una persona, en un video tomado en un punto de bloqueo en Llallagua, el 11 de junio. No es el único registro.
“Este tema de México Chico está en investigaciones, por supuesto que deben tomarse las acciones correspondientes, desde el Ministerio de Gobierno y las instancias llamadas por ley”, sostiene la ministra de la Presidencia, Marianela Prada.
Mientras que el comandante Russo afirmó que estas actividades ilegales serán investigadas a fondo para combatir el delito y dar seguridad a la población.
“Estamos cruzando información con diferentes instancias estatales, como Migración, para identificar a las personas que ingresan de manera irregular y exigir su retiro si corresponde. También estamos verificando la legalidad de quienes permanecen en el área para evitar actividades ilícitas”, dijo.
De acuerdo con los reportes preliminares, México Chico sería una localidad cercana a Llallagua en la que existen pozos para la fabricación de cocaína y carpas solares para la plantación de marihuana. Una zona dominada por los narcotraficantes.
La denuncia no es reciente. No se trata solo del narcotráfico o un lugar en específico.
“México Chico existe desde hace años, sus actividades ilícitas no son secretas, todos conocen. En las redes sociales están sus fiestas patronales, sus invitaciones, grupos que le componen canciones. No está en Llallagua (Potosí), está en Challapata (Oruro), donde cada vez hay francotiradores. Pero el tema no está solo en un lugar, sino de toda una región, es una especie de corredor para el crimen”, sostiene una fuente de esta región.
En el territorio Qaqachaka se levanta una población algo alejada de la carretera principal. Es pequeña en comparación con otros pueblos, controla el ingreso de personas extrañas o autoridades. Nada se mueve sin que ellos lo sepan.
Son un ayllu del sur de Oruro, pero colinda con los ayllus del Norte Potosí. Su región, de topografía difícil, pero propicia para los caminos de herradura, hace que cree una especie de corredor para el paso y operación de redes de autos robados, contrabando y narcotráfico.
Si uno busca México Chico en las redes sociales, sin duda verá videos sobre sus fiestas. Hay uno que llama la atención.
“La poderosa morenada de México Chico, Marka Qaqachaka, comunidad Cotaña, sus pasantes Hipólito Mamani Mamanillo, el popular Scanner, saludan muy cordialmente y les invitan a todos los vecinos, familiares residentes en Bolivia y en el exterior, principalmente en Chile, a la fiesta a realizarse en la comunidad Qaqachaca, México Chico”, señala la invitación a la fiesta 2021 del denominado México Chico.
El alférez, “el popular Scanner”, es uno de los “chuteros” más buscados en el país. En 2023 fue identificado como miembro de una red internacional de robo de autos. Huyó tras emboscar a una familia chilena que ingresó a Challapata para recuperar su tractocamión.
Una imagen de la transmisión de la fiesta en México Chico. Foto: Captura RRSS
Entonces, el diputado Enrique Urquidi denunció la existencia de México Chico. Afirmó que las denuncias de contrabando de autos robados venían desde 2021 y que la comunidad Qaqachaca había dejado el trabajo agrícola para pasar a la producción de cocaína, convirtiendo la región en un territorio sin ley.
Pero los antecedentes vienen incluso desde mucho más atrás y abarcan hasta el territorio potosino, mostrando cómo el crimen organizado se enquista en la región y en los ayllus. En 2010 una noticia daba vuelta al país: Indígenas del Norte Potosí lincharon a cuatro efectivos de la Dirección Nacional de Prevención e Investigación de Robo de Vehículos de Oruro. La situación fue tal que las autoridades no podían ni siquiera ingresar a la región a recuperar los cuerpos.
El hecho se produjo en una comunidad indígena de esa región. Las autoridades locales y otras originarias confirmaron el asesinato y que los cuerpos habrían sido enterrados en tres diferentes comunidades.
El jefe de la Policía del Norte Potosí, de aquel entonces, Orlando Ávila, informó que a lo largo del camino había francotiradores. Sostuvo que los ayllus, tanto del Sur de Oruro como del Norte de Potosí, estaban fuertemente armados, pues desde hace algún tiempo se dedicaban a la compra y a la venta de vehículos indocumentados en las zonas de los valles y el oriente boliviano.
Entonces se supo que no solo se trataba de la comunidad Qaqachaca, sino que había varios poblados similares a lo largo de toda esta región. El hecho puso la zona en la mira de las autoridades y, en 2014, alertaron que el narcotráfico se expandía a Challapata en Oruro y al Norte de Potosí. Apuntaban a los Qaqachacas.
Efectivos encontraron plantaciones de marihuana en Lagunillas. Foto: Captura
En esos días, habían ocurrido al menos dos balaceras en Challapata cuando se interceptaron vehículos que transportaban cocaína. Desde entonces hay varios reportes de emboscadas.
“Son regiones pobres, no hay cultivos, hay contaminación minera, hay sequías… Los delincuentes se aprovechan de esto para captar a los pobladores en estas actividades que para ellos generan ingresos”, afirma la fuente consultada.
Herminio Fernández, asambleísta departamental, denuncia que hay al menos 10 comunidades vinculadas a la producción de droga desde 2023, pero las autoridades no tomaron acción alguna.
Francotiradores
Como dice la asambleísta Fuertes, este tipo de emboscadas no son novedosas. El 23 de noviembre de 2024, una caravana de patrullas policiales sufrió un ataque armado, cuando se dirigía a desbloquear la carretera Oruro-Potosí.
Al igual que ahora, grupos afines a Morales bloqueaban la vía en defensa del líder cocalero, contra quien pesa una orden de aprehensión por trata. A la protesta se sumaron consignas políticas y económicas.
Los disparos, de largo alcance se dieron en el tramo Challapata y el cruce Ventilla. Cinco vehículos de la Policía fueron alcanzados por proyectiles que dejaron agujeros en los motorizados. Se identificó a dos francotiradores en los cerros.
El 10 de noviembre de 2019, en la región se produjo otra emboscada, también en defensa de Evo Morales. En aquella ocasión, un grupo armado atacó a la caravana de mineros y universitarios que se dirigían desde Uyuni (Potosí) hasta La Paz, para apoyar las protestas en contra del entonces Presidente. El ataque se registró en la zona de Playa Verde, en el tramo Challapata-Huancané.
“Se calcula que los disparos provenían de una distancia entre 400 y 700 metros de los cerros, lo que permite inferir que las armas de fuego empleadas eran largas. En una visita ocular sobre el terreno adelantado durante el mes de abril de 2021, el GIEI encontró decenas de vainas de proyectil dispersas en uno de los cerros desde donde se produjeron los disparos” señala una parte del informe final del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) Bolivia, sobre los hechos de2019.
Según la evaluación técnica, los proyectiles y las vainas eran compatibles con fusiles Mauser, munición 7,65×53 mm de fabricación belga. Sin embargo, no era posible descartar el uso de otros rifles de guerra, “pues el tipo de vaina encontrada es también compatible con otros modelos de fusiles”.
“Hay un saldo de cinco personas heridas de bala. En ese entonces ya habíamos denunciado la existencia de México Chico, en el tramo entre Oruro y Potosí, pero nadie nos hizo caso. Aquella vez se advirtió la presencia de gente armada”, afirmó Fuertes.
La cuota de poder
Puede que no sea tan visible como en el caso de Andrónico Rodríguez o Leonardo Loza —cuotas de poder de las Seis Federaciones del Trópico—, pero eso no significa que no exista en el norte de Potosí un peso político importante y cercano al MAS, a Luis Arce o a Evo Morales.
En la Asamblea Legislativa Departamental de Potosí, hay 32 asambleístas de los cuales 24 son del MAS. Esta gran mayoría de curules azules fueron ganados principalmente en el Norte de Potosí.
En la Asamblea Legislativa Plurinacional, su peso estuvo en la gestión de Israel Huaytari, diputado por Potosí, del ala “arcista” del MAS, que ocupó la presidencia de la Cámara Baja en 2024. Proveniente de la FAOI-NP, fue investigado por enriquecimiento ilícito.
En su declaración jurada figuraban 10 bienes, una deuda de 2,7 millones de bolivianos, activos por más de 600 mil bolivianos y un total de rentas recibidas de 294.216 bolivianos. En su contra hubo varias denuncias.
El diputado Antonio Colque, también proveniente de Norte Potosí, señaló que Huaytari no era reconocido por las organizaciones sociales de esta región, como lo era él, que también es legislador del MAS, pero del ala “evista”.
Colque también fue denunciado. El 4 de octubre de 2022, se difundió un audio en el que presuntamente se escucha al diputado negociar cargos en el Órgano Judicial con el expresidente del Consejo de la Magistratura, Marvin Molina. Esta última autoridad indicó que el material fue registrado en una reunión de 2021. Colque negó la acusación.
Ayllus en los puntos de bloqueos. Foto: FAOI NP
Pero más allá del curul, Colque es uno de los dirigentes “evistas” de peso. En 2024, en medio de los bloqueos de grupos afines a Morales, dirigió y apoyó el único punto de bloqueo en Potosí.
Otro de los dirigentes importantes que lideran esta región es el jiliri Apu Mallku del Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (Conamaq) “evista”, Ramiro Jorge Cucho, proveniente de los Charca Qhara Qhara “Ayllus Guerreros”. En noviembre pasado, el dirigente fue detenido y enviado a un centro penitenciario por encabezar las protestas del Pacto de Unidad, que derivaron en un bloqueo de caminos de 24 días en Cochabamba.
La medida incomunicó las rutas hacia el oriente y occidente del país, causando una pérdida económica superior a los 2.200 millones de dólares en los sectores productivos, según informó el Gobierno. Durante las movilizaciones amenazó con hacer correr sangre en las carreteras si se inhabilitaba la candidatura de Morales.
El 29 de abril pasado, tras que Jorge Cucho cumpliera su detención preventiva, la FAOI-NP, que hoy se encuentra movilizada en Llallagua, recibió al dirigente con una comitiva, flores, vivas, fiesta y algarabía.