El expresidente Luis Arce guarda detención preventiva en el penal de San Pedro desde diciembre de 2025, acusado por malversación de recursos del Fondo Indígena, además tiene otros cuatro procesos más en la justicia ordinaria.

Dos casos relacionados con el Fondo Indígena, uno por legitimación de ganancias ilícitas y otros dos de índole familiar, son los cinco procesos que enfrenta el expresidente Luis Arce en la justicia ordinaria.
Fernando Rivadeneira, abogado defensor de Arce, explicó que solo por uno de los casos vinculados al Fondo Indígena tiene detención preventiva, la que cumple en el penal de San Pedro, en La Paz.
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Arce fue aprehendido el 10 de diciembre de 2025, acusado por la Fiscalía por los delitos de favorecimiento al enriquecimiento ilícito, resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, incumplimiento de deberes, uso indebido de influencias y conducta antieconómica.
Presuntamente es responsable de un desfalco de 360 millones de bolivianos (unos 51,7 millones de dólares) del Fondo Indígena, hecho que sucedió cuando se desempeñaba como ministro de Economía durante el Gobierno del presidente Evo Morales.
Los otros cuatro casos, dijo Rivadeneira, aún están en desarrollo, e incluso el que hace referencia a legitimación de ganancias ilícitas, que se encuentra en Santa Cruz, no les fue notificado y el exmandatario no declaró; sin embargo, ya realizaron el allanamiento de su domicilio.
Agregó que los procesos de índole familiar son los que denunció la exfuncionaria de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM), Brenda Lafuente, uno por asistencia familiar y otro por abandono de mujer embarazada; ambos radican en Cochabamba y se encuentran en el ámbito privado.
En la búsqueda de libertad para Arce, su abogado patrocinante planteó un nuevo recurso, cuya audiencia prevista para el martes, fue reprogramada para este viernes en la mañana, debido a que la parte acusadora presentó memoriales que antes deben ser resueltos.
“El juez dispuso la reinstalación para el viernes 29 a las 8:50, se desarrollará la audiencia de citación jurídica de mi cliente, esperamos que recobre su libertad”, indicó el jurista.
Según el profesional, el exjefe de Estado es víctima de ‘lawfare’ debido a que el Gobierno instrumentalizó la justicia para que esté detenido.
“Quieren asfixiarlo económicamente (…) Hay una ‘lawfare’ por parte del Gobierno, es preso político, es inocente y se va a demostrar más temprano que tarde”, señaló el abogado defensor.