«Donde no hay justicia independiente, la democracia empieza a resquebrajarse y nos preocupa que eso pueda estar pasando en Bolivia», afirmó el senador del Partido Popular, Íñigo Fernández García.
eju.tv / Video: PP Senado
El miércoles 18 de junio el senador del Partido Popular, Íñigo Fernández García, puso ante la Comisión de Asuntos Iberoamericanos del Senado de España el caso de la Justicia de Bolivia y las detenciones «ilegales» de opositores al Gobierno de Luis Arce, entre ellos la del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho.
En el hemiciclo estaba presente Susana Sumelzo, la secretaria de Estado para Iberoamérica del gobierno de Pedro Sánchez.
El senador solicitó que el Ejecutivo español pida a Bolivia cumplir el informe del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU en el caso del gobernador Camacho, cuya detención -según Human Rights Foundation- es arbitraria y viola la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
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El PP además sigue la situación de otros políticos opositores, entre ellos la expresidenta Jeanine Áñez y el exlíder cívico de Potosí, Marco Pumari.
Fernández García recordó que en febrero la citada comisión había aprobado una moción en la Comisión de Asuntos Iberoamericanos en la que instaba al Gobierno de España a pronunciarse sobre la situación de los derechos humanos y el «deterioro» democrático en Bolivia.
«Queremos saber si en cumplimiento de la resolución del Senado del 19 de febrero de 2025, si en cumplimiento de la idea de que el papel de España es defender los derechos humanos, el Gobierno de España ha adoptado alguna iniciativa destinada al Gobierno de Bolivia. Esa es nuestra pregunta», dijo.
«Nos parece que la defensa de la independencia de la justicia es clave, básica, determinante, central, en la pervivencia de un Estado democrático. Donde no hay justicia independiente, la democracia empieza a resquebrajarse y nos preocupa que eso pueda estar pasando en Bolivia», afirmó el legislador español.
Fernández García teme que «la raíz del sistema democrático se carcoma a partir de la intervención de la Justicia por parte de los poderes públicos».
La iniciativa de febrero contó con el apoyo de varios bloques parlamentarios, aunque el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), que representa al Gobierno, votó en contra.
En ella se solicitó además al gobierno de Sánchez condenar «la detención violenta y arbitraria» de Áñez, Camacho y Pumari y las condiciones en las que se encuentran detenidos en penales de Bolivia. En ese marco, pidió la liberación de 250 personas, a quienes consideran «presos políticos».
En otra intervención, Fernández García también dijo que se abordó el «informe de Naciones Unidas sobre las detenciones arbitrarias en Bolivia».
«Es decir, donde no hay una Justicia debidamente separada del poder político, donde no hay una justicia que no esté intervenida por el poder político, difícilmente va a haber seguridad jurídica para todo lo demás», señaló al aludir a los acuerdos académicos y de educación entre los países europeos y la región.