Es sabido que para el llamado “piccheo”, que es la masticación tradicional de coca, sobre todo por parte de campesinos y mineros, sin dejar de mencionar a gente de la clase popular, la hoja producida en el trópico Cochabambino no es preferida porque es más áspera y tiene mayor contenido de alcaloide.
Según informaciones de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico y autoridades del Ejecutivo que participan en la lucha contra el narcotráfico y las plantaciones excedentarias o prohibidas de coca, ésta es utilizada como materia prima del narcotráfico.
Los agricultores de este vegetal se agrupan en seis federaciones, de las cuales el líder resulta ser el presidente Evo Morales Aima. Al margen de la producción cocalera y sus características, son llamativas las revelaciones que fueron publicadas por los medios de comunicación, referidas a una disposición gubernamental que obliga a todos los comerciantes de coca que venden al detalle, asentados en ciudades y diferentes poblaciones del país, a la compra de esa hoja producida en el trópico de Cochabamba, en cantidades previamente establecidas. Aquel que no cumpla con la imposición gubernamental corre el riesgo de perder la licencia que le permite hacer esa labor gremial.
Este hecho afecta a la imagen del país en su empeño por luchar contra el narcotráfico, porque la Dirección General de la Hoja de Coca e Industrialización (DIGCOIN) desde el 5 de mayo de la gestión 2008 obliga a los comerciantes detallistas de hoja de coca a adquirir 5 paquetes de coca, cada uno consistente en 100 libras, que son expendidos en el mercado de la coca de Sacaba, en el departamento de Cochabamba, donde los cocaleros del Chapare comercializan sus cosechas de ese vegetal. Esta imposición gubernamental beneficia a los productores de coca de esa zona, cuyos dirigentes se agrupan en seis federaciones, en detrimento de los comerciantes que venden ese producto al raleo, es decir por libras y onzas. El problema radica en que la mayoría de la gente que “picchea” prefiere la coca producida en los Yungas de La Paz o de los Yungas de Mandiola de Cochabamba, dos zonas consideradas como tradicionales y legales para ese tipo de cultivo.
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La medida gubernamental es producto de un convenio suscrito entre la Coordinadora de las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba con dirigentes de la Federación Nacional de Comerciantes Minoristas por Cuenta Propia de la Sagrada Hoja de Coca de Bolivia, que cuenta con 1.500 afiliados y es a quienes se les impone la adquisición de las 500 libras de la hoja mensual, lo que equivale a que existen 750 mil libras o 370 toneladas de hoja de coca del Chapare que se entrega a los detallistas para que ellos la comercialicen al detalle. Los comerciantes minoristas están obligados a cumplir ese compromiso, si no quieren perder la licencia que tienen para esa forma de trabajo.
Dicho convenio cuenta con el aval del Gobierno, pero se contrapone a la Ley de Sustancias Controladas, más conocida como Ley 1008, porque esta norma no reconoce a la coca que se cultiva en el Chapare como legal, por el contrario, dice que es excedentaria e ilegal. Pero como en Bolivia los que ostentan el poder no cumplen la norma, eso es lo que está ocurriendo con los cultivos de coca en el trópico de Cochabamba. Otro hecho llamativo es que el precio de la coca del Chapare tenía un precio 50 por ciento menor a la de los Yungas de La Paz, pero ahora ese vegetal tiene un precio incluso un poco más alto, lo que quiere decir que existe demanda, pero la misma proviene de medios ilícitos, por lo tanto es ilegal. A pesar de las prohibiciones y la erradicación forzosa, las áreas de cultivo de este arbusto aumentan todos los años, por lo que se dice que en el territorio boliviano hay más de 20 mil hectáreas de coca excedentaria, hecho que las autoridades no quieren reconocer.
Ciertamente la producción de coca en Bolivia se ha incrementado, lo mismo que la fabricación de cocaína en sus diferentes estados. Informes oficiales de las Naciones Unidas mencionan que del 2006 al 2008 este alcaloide subió de 94 a 113 toneladas anuales. Lo más preocupante es que el consumo interno en Bolivia también ha crecido, por lo tanto el narcotráfico avanza peligrosamente y la única forma de frenarlo es intensificando la lucha contra ese mal y con la participación efectiva de las autoridades, las instituciones encargadas de la interdicción y la erradicación forzosa y el apoyo de toda la ciudadanía. En caso contrario, se dará vía libre a esta ilícita actividad que trae consigo muerte, violencia, corrupción y desgracia en las familias.