Fuente: ANF
La reserva en el caso consorcio se amplió por 10 días más, al respecto, el abogado penalista Eusebio Vera afirmó que no amerita esa solicitud porque el Código de Procedimiento Penal (CPP) establece que esa situación solo se aplica en aquellos casos donde se investigan a organizaciones criminales.
El abogado, en declaraciones a la ANF, consideró que es un abuso por parte de la fiscalía y una mal interpretación de la norma ya que, si bien el artículo 281 del CPP permite que se disponga la reserva de las actuaciones para la eficacia de la investigación, es por una sola vez y por el plazo de 10 días.
“Cuando se trata de delitos vinculados a organizaciones criminales esta reserva podrá autorizarse hasta dos veces por el mismo plazo. Sin embargo, en este caso no corresponde que se amplie la declaratoria de la reserva porque no se investiga a una organización criminal, más bien, se descubrió a una presunta red donde están implicadas altas autoridades del sistema judicial”, explicó.
El lunes, los abogados de los implicados en el denominado caso consorcio informaron que la autoridad jurisdiccional decidió ampliar la reserva de las actuaciones por 10 días más y no fueron notificados con esa decisión, anunciaron que presentarán acciones legales para acceder al cuaderno de investigaciones.
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La primera reserva fue dispuesta el 17 de junio y el plazo feneció el viernes, en esa oportunidad se conoció que los fiscales del caso iban a brindar detalles sobre el avance de las investigaciones; empero, no hubo ningún pronunciamiento.
En esa oportunidad, el abogado Eduardo León cuestionó que el caso se haya declarado en reserva porque entre las victimas no se encuentran menores de edad ni se pone en riesgo la seguridad del Estado. A su criterio, se pretende encubrir a los implicados con los nuevos elementos que se obtengan.
Al respecto, Vera cuestionó el accionar de la fiscalía en ese caso, cuando se trata de una investigación donde se ven involucradas altas autoridades del sistema judicial, entre ellos un exministro de Justicia, el expresidente del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz y un magistrado suplente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
A la vez, señaló que los mismos fiscales están vulnerando el principio de transparencia del Ministerio Público la cual está establecida en la Ley 260, el cual establece que esa institución brindará la información correspondiente a las partes.
“Sorprende el actuar del Ministerio Público toda vez que esa solicitud fue realizada por esa institución, cuando en el artículo 5 de la Ley Orgánica del Ministerio Público señala que proporcionará la información investigativa a las partes que intervienen dentro del proceso legal. Entonces, me parece una vulneración precisamente al principio de transparencia que establece esa norma”, puntualizó.
El caso estalló el 11 de junio, cuando el juez de Coroico Fernando Lea Plaza emitió un fallo que suspendía del cargo a la magistrada titular del TSJ Fanny Coaquira. Tras la difusión de un audio, se inició una investigación y se aprehendió a un total de siete personas acusados de manipular una acción de cumplimiento.
Hasta el momento siete de los ocho acusados ya fueron cautelados, aunque la mayoría está internada en clínicas privadas aduciendo cuadros de salud. Existe un mandamiento de aprehensión pendiente que es en contra de la persona que interpuso el recurso legal, se trata de Antonio de la Fuente.