Derechos Humanos activó una campaña para apoyar a la mujer y los cinco niños rescatados. Presumen que hay cómplices que sabían de la situación y no actuaron.
Fuente: Red Uno
Milen Saavedra
La mujer que estuvo dos años encerrada en una casa por su propio esposo, junto a sus hijos, necesita atención médica física y psicológica.
=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas
El caso se conoció a través de la Defensoría de la Niñez del municipio de El Alto, que recibió la denuncia hecha por los profesores y director del colegio al que asistían los niños más grandes.
«Los profesores notaron que los menores de edad estaban lastimados; por eso, se hizo la denuncia pública. Se ha vulnerado varios derechos, nadie puede sufrir tratos inhumanos y degradantes, como ha sufrido esta progenitora juntamente con sus hijos; nadie puede ser privado de su libertad. Eso es muy preocupante y ahora las autoridades deben hacer la investigación minucioso», indicó Virginia Ugarte, representante de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos en El Alto, en Que No Me Pierda.
El agresor fue enviado con detención preventiva. Sin embargo, para Ugarte, debe ampliarse la investigación a posibles cómplices por todo el tiempo que la víctima, de aproximadamente 30 años, estuvo encerrada sufriendo y otras personas «han debido saber». «Ahora necesita una ayuda la progenitora de los menores en este caso», agregó.
Cinco menores fueron rescatados y se conoce que tenía una sexta hija de 10 años, que posiblemente haya sufrido trata y tráfico de personas. Se investiga el paradero de la niña.
«Fueron trasladados a una casa de acogida. En estos días, vamos a hacer la visita para tener contacto con la señora y ver el tema de su salud física, cómo está ella. Estamos pidiendo que sea tratada física y mentalmente, por todo lo que le ha afectado tanto tiempo, estar encerrada juntamente con sus hijos», afirmó.
A la vez, como Asamblea Permanente de Derechos Humanos, entraron en campaña para apoyar a los seis menores, tres niñas de 6, 5 y 3 años, un niño de 8 años y un bebé de 8 meses. «No tienen nada. Queremos velar su derecho a la salud y educación», comentó Ugarte.
Se coordina con psicólogos de la Defensoría de la Niñez y del SLIM, realizarán el seguimiento y supervisión de la casa de acogida.