Este pronunciamiento surge luego de que la diputada Luciana Campero cuestionó supuestas irregularidades en la habilitación de ambos postulantes en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP). Al respecto, el TSE solicitó informes aclaratorios a la Contraloría para verificar la existencia de deudas firmes o pliegos de cargo ejecutoriados.
eju.tv / Bolivia TV
El Tribunal Supremo Electoral (TSE) confirmó este miércoles que los candidatos Juan del Granado y Roberto Javier Moscoso están habilitados para participar en las elecciones nacionales del próximo 17 de agosto, ya que ambos enfrentan procesos en etapa de apelación y no cuentan con sentencias ejecutoriadas sobre su solvencia fiscal que puedan impedir su postulación. No obstante, un fallo que tenga sentencia ejecutoriada antes de los comicios los puede afectar en sus candidaturas.
El secretario de Cámara del TSE, Fernando Arteaga, explicó que, de acuerdo con la información proporcionada por la Contraloría General del Estado, tanto Del Granado como Moscoso tienen procesos en curso que aún no están concluidos de forma definitiva.
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“En el caso del candidato Juan del Granado, su solvencia fiscal señala un proceso en apelación, lo que quiere decir que todavía no hay un proceso concluido ni con sentencia ejecutoriada. Lo mismo ocurre con el candidato Roberto Javier Moscoso, cuya información de la Contraloría también señala que está en apelación”, detalló Arteaga.
Sin embargo, advirtió que esta situación puede cambiar en caso de que la apelación concluya con una sentencia firme antes de la fecha de los comicios. “Si en alguno o en ambos casos sale una sentencia ejecutoriada antes del 17 de agosto, se verán perjudicados porque eso constituiría una causal de inhabilitación conforme a la Constitución y la Ley del Régimen Electoral”, señaló sobre los dos candidatos de a la ALP por la alianza Unidad, de Samuel Doria Medina.
Este pronunciamiento surge luego de que la diputada Luciana Campero cuestionó supuestas irregularidades en la habilitación de ambos postulantes en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP). Al respecto, el TSE solicitó informes aclaratorios a la Contraloría para verificar la existencia de deudas firmes o pliegos de cargo ejecutoriados que, de ser confirmados, pueden impedir la participación de los candidatos observados.