El presidente en ejercicio, José Alberti, informó que son alrededor de 12 convocatorias a las que no han asistido los concejales ucesistas y la sanción administrativa suma alrededor de Bs 4.000 en tres meses
Deisy Ortiz Duran
Fuente: eldeber.com.bo
La disputa de curules en el Concejo Municipal ha tocado los bolsillos de los concejales ucesistas Miguel Fernández y Gabriela Garzón, quienes han sufrido descuentos por la inasistencia a las sesiones convocadas por la directiva que lideró Israel Alcócer, según informó el ahora presidente en ejercicio, José Alberti.
=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas
Los dos concejales pasaron a la Comisión de Ética el 21 de mayo, pero cada uno también recibió sanciones administrativas que alcanzan a unos Bs 4.000 en tres meses.
Según Alberti, esta situación afectó a tres concejales suplentes de UCS, que tampoco recibieron remuneración por casi tres meses, toda vez que sus titulares no los habilitaron.
“Se les ha aplicado un descuento (a Fernández y a Garzón) de hasta Bs 500 por sesión. La sanción administrativa la hemos hecho cumplir, como dice el reglamento”, manifestó el concejal.
En uno de los informes de la Secretaría de Administración y Finanzas del Concejo figura un descuento de Bs 1.684 por tres días de inasistencia para ambos concejales.
EL DEBER intentó conocer la versión de Garzón y Fernández, pero no obtuvo respuesta. Sin embargo, desde mayo ambas autoridades han venido indicando que no asisten porque desconocen a la nueva directiva, a la que consideran “trucha”. “Han elegido sin respetar el reglamento del Concejo, cambiando de un lugar a otro, sacando (convocatorias) a destiempo. Hicieron todo irregular y de manera ilegal, por lo cual nosotros, que somos respetuosos de la ley, no nos corresponde participar de las sesiones ilegales”, indicó Garzón en una de sus declaraciones.
Sobre las sesiones
Esta semana no se ha realizado ninguna convocatoria a sesión. Alberti reiteró que no se sesionará mientras no exista una respuesta formal del Tribunal Supremo Electoral (TSE) sobre la validez de las credenciales entregadas a los concejales suplentes de UCS, Denny Guzmán y Andrea Negrete.
“No se puede sesionar mientras esta situación no se aclare. El TSE debe pronunciarse de forma oficial”, manifestó Alberti ante la situación que se da con los concejales titulares Alcócer y Mucarzel.
El conflicto se desató luego de que los vocales del TSE, Francisco Vargas y Tahuichi Tahuichi advirtieran que existen observaciones sobre la entrega de credenciales por parte del Tribunal Electoral Departamental (TED). Según Vargas, los procedimientos aún no están cerrados y el TED actuó sin respaldo de la Sala Plena del TSE.
“Hemos hecho las consultas y hemos pedido que la sala plena del TSE nos responda de manera formal, esto en la línea de las declaraciones de ambos vocales, para ver si se han cumplido los procedimientos en las credenciales emitidas y si hay recursos pendientes. Eso me va a permitir tomar acciones concretas, pero lo que no quiero es perjudicar a ninguno de los dos bandos, ni a ucesistas ni a exucesistas”, indicó Alberti.
Espera que ahora que ya se resolvió el tema de Jaime Dunn, que fue inhabilitado como candidato presidencial, dicha solicitud sea agendada por el TSE.
“Yo les pido (a los concejales), paciencia y, sobre todo, respeto a la institucionalidad a ambos bandos. Voy a hacer lo correcto, voy defender la norma y nuestro reglamento”, insistió.
Alberti también rechazó la ocupación de oficinas por parte de Negrete y Guzmán, que se presentaron en el edificio municipal sin que exista un pronunciamiento definitivo sobre su habilitación. Alberti considera que han ingresado arbitrariamente y cuando todavía no tienen credenciales plenamente válidas.
“Ellos no son reconocidos hasta que haya una sesión, donde se lean sus credenciales. Pero, además, esas oficinas por reglamento, le pertenecen al presidente y secretario que son elegidos bajo un protocolo que indica nuestro reglamento”, dijo.
Sobre la denuncia ante el Ministerio Público presentada por Mucarzel y Alcócer, la presidenta del TED, María Cristina Claros, indicó que sus actuaciones han sido ajustadas de acuerdo a sus competencias establecidas en la Constitución y la norma electoral.