Parafraseando al gran líder de la democracia latinoamericana, el argentino Raúl Alfonsín: “En Bolivia hay hambre, no porque falten alimentos como en otros países, sino porque sobra la inmoralidad.” Esta frase resume con precisión una de las realidades más dolorosas que enfrenta nuestro país.
Si tuviéramos la posibilidad de recuperar los cuantiosos recursos que, a lo largo del tiempo, han ido a parar a los bolsillos de gobernantes y funcionarios inescrupulosos —en todos los niveles del Estado—, hoy ningún boliviano sufriría hambre. Más aún, podríamos contar con un sistema de salud y educación digno, comparable al de los países más desarrollados del mundo.
Se ha dicho muchas veces que el peor enemigo de los bolivianos es la pobreza. Pero lo que rara vez se subraya con suficiente fuerza es que su causa principal es la corrupción estructural e institucionalizada, tanto en el sector público como, lamentablemente, en algunos sectores de la actividad privada.
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Desde la creación misma de la República, la corrupción y la impunidad han sido una constante en Bolivia. Sin embargo, en las últimas décadas han alcanzado niveles extremos y escandalosos. No por nada, organismos internacionales nos ubican entre los países más corruptos del mundo. Hoy ostentamos el vergonzoso título de subcampeones globales de la corrupción.
Lo más grave es que, pese a contar con un marco legal amplio para combatir este flagelo, esas normas quedan en letra muerta. ¿Por qué? Porque muchos de quienes administran justicia forman parte de esta estructura inmoral. Así, la impunidad se perpetúa, y la corrupción se afianza.
Ante esta situación crítica y considerando que nos acercamos al cierre de un ciclo político-económico, es momento de que Bolivia emprenda un nuevo rumbo. Más allá de los discursos, si existe verdadera voluntad política, los nuevos gobernantes que asumirán funciones a partir de noviembre deben priorizar, con total decisión, valentía y sin cálculos, la lucha frontal y erradicación de este mal en el menor tiempo posible.
Los cuestionados viejos políticos que eventualmente tienen la posibilidad de gobernar este país, tienen la gran oportunidad de reivindicarse ante la sociedad demostrando con hechos concretos su voluntad de trabajar en esta dirección y pasar a la historia como dignos exponentes de la reconstrucción moral ciudadana.
Solo así podremos encarar nuestro futuro con esperanza, especialmente cuando nos preparamos para conmemorar el bicentenario de la fundación de Bolivia. Erradicar la corrupción no solo es una exigencia moral: es el primer paso para construir el país que merecemos.
Fernando Crespo Lijeron