El 9 de septiembre de 2023, el juzgado de Rurrenabaque concedió tutela a la acción popular que presentó el Cpilap donde se ordenó paralizar toda actividad minera ilegal en los ríos Beni y Madre de Dios, Kaka, Tuichi, Quiquibey y Tequeje.
La Central de Pueblos Indígenas de La Paz (Cpilap) presentó este lunes un recurso de acercamiento al juzgado de Rurrenabaque, en el Beni, exigiendo que haga cumplir la medida cautelar que determinó en septiembre de 2024 la paralización de toda actividad minera en los ríos.
“Hemos presentado un memorial de apersonamiento ante el juzgado de Rurrenabaque exigiendo que se de cumplimiento a la acción popular que se resolvió en 2024, vemos un incumplimiento de las acciones que se han determinado. Estamos preocupados porque sigue habiendo asentamientos ilegales de empresas mineras, por la afectación a las comunidades indígenas”, informó a la ANF el presidente del Cpilap, Noe Macuapa.
El 9 de septiembre de 2023, el juzgado de Rurrenabaque concedió tutela a la acción popular que presentó el Cpilap donde se ordenó paralizar toda actividad minera ilegal en los ríos Beni y Madre de Dios, Kaka, Tuichi, Quiquibey y Tequeje.
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Al respecto, el dirigente cuestionó que la autoridad jurisdiccional no haya emitido ninguna conminatoria contra los demandados a casi dos años de emitir la resolución para que se cumpla su fallo. Consideró que existe una vulneración a sus derechos porque la actividad minera aún está vigente.
“Luego que se presentó la acción popular, la actividad minera se paralizó por unos meses ya no se veían barcazas en el río Beni, hubo un cierto desalojo de las empresas. Sin embargo, volvieron a operar con mucha más fuerza, al parecer solo fue una cortina de humo para distraer a los pueblos indígenas”, manifestó.
División
Por otra parte, Macuapa reveló que debido al ingreso de las cooperativas mineras está ocasionando una división en las comunidades porque algunos se están dedicando a la minería por la falta de recursos y desinformación.
“Algunas comunidades están teniendo inclinación por la actividad minera porque los recursos ya no les alcanzan debido a la crisis económica, está afectando a las comunidades. El otro factor es que no están informados sobre la situación de los pueblos indígenas y la contaminación, entonces eso les está obligando a incursionar en la minería”, explicó.
Consideró que esa situación también se debe a la falta de atención por parte del Gobierno en el tema salud, educación y la seguridad alimentaria de los pueblos indígenas a través de proyectos agrícolas.
El fallo
En la audiencia de 2023, el juez determinó garantizar la participación de la Cpilap en el Plan de Acción Nacional para reducir el uso de mercurio como parte del convenio de Minamata. Sin embargo, se conoce que esa organización no fue convocada por el Gobierno para la elaboración del documento.
Instruyó al Ministerio de Medio Ambiente y Agua (MMAyA) que realice un nuevo estudio de calidad de agua y haga una categorización de contaminación ambiental en todos los ríos, sedimentos y peces. Entre tanto, el Ministerio de Desarrollo Productivo debía aplicar medidas de reparación en la mortandad de los peces, ya que es primordial en la alimentación de los pueblos originarios.