El proyecto establece que las plataformas deberán impedir el acceso de los usuarios más jóvenes y prevé sanciones que pueden llegar a casi USD 1 millón
Fuente: Infobae
El Parlamento uruguayo tiene a estudio un proyecto de ley que tiene como punto central la prohibición del uso de las redes sociales a los menores de 15 años. La propuesta fue presentada por el diputado de la oposición Felipe Schipani y persigue el objetivo de proteger a niños y adolescentes de los riesgos a los que se exponen en esas plataformas.
Schipani, representante del opositor Partido Colorado, escribió en el articulado que el objetivo es “proteger la salud física y mental, el desarrollo integral, la privacidad, la seguridad y los derechos de niños, niñas y adolescentes frente a los riesgos de los servicios de redes sociales”.
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“Los proveedores de servicios de redes sociales que ofrezcan sus servicios a personas ubicadas en la República Oriental del Uruguay deberán adoptar medidas razonables, proporcionadas, eficaces y auditables para impedir que las personas menores de quince años creen, mantengan, reactiven o utilicen cuentas personales”, dice el artículo que establece la edad mínima para el uso de las plataformas.
Además, el proyecto de ley establece que el incumplimiento de esta medida provocará sanciones sobre los proveedores y otros sujetos obligados de las redes sociales, pero aclara que no habrá una responsabilidad civil ni penal de los padres o tutores de los menores
En el texto, también se establece que las infracciones serán sancionadas según la gravedad, la reiteración, el número de usuarios afectados, el beneficio obtenido, la capacidad económica y la cooperación. El primer nivel de sanción es el apercibimiento y el listado incluye multas de hasta cerca de 1 millón de dólares y la suspensión de la plataforma.
Además, de la restricción de edad quedan exceptuadas las redes sociales que tenga como finalidad principal la educación, el apoyo psicológico o aquellas que no representen riesgos, entre otros.
En la exposición de motivos del proyecto de ley, Schipani plantea que la transformación tecnológica que hubo en los últimos 15 años plantea un “desafío nuevo” para el sistema de protección que ha tenido históricamente el país.
“Las redes sociales dejaron de ser meras herramientas de comunicación y se convirtieron en entornos permanentes de socialización, entretenimiento, información y consumo. Su arquitectura no es neutral: está diseñada para captar la atención, prolongar el tiempo de permanencia, recopilar datos, predecir conductas y ofrecer contenidos personalizados (…) Cuando ese usuario es un niño o un adolescente, la asimetría es especialmente intensa”, argumentó el legislador colorado.
Además, el diputado aclara que las obligaciones del proyecto de ley recaen sobre las empresas que “diseñan y administran las plataformas” con el objetivo de “atrasar el ingreso a entornos comerciales de alta intensidad persuasiva durante una etapa especialmente vulnerable”. Para Schipani, la aprobación de este proyecto de ley aseguraría a los adolescentes “condiciones razonadas de privacidad y seguridad
El legislador enumera que hay “riesgos específicos” en las redes sociales, entre los que menciona el ciberacoso, la “captación sexual”, el grooming, la sextorsión, la difusión de imágenes íntimas y la suplantación de identidad. Agrega que los algoritmos “pueden amplificar contenidos vinculados con autolesiones, suicidio, trastornos alimentarios, violencia, odio, drogas, apuestas o desafíos peligrosos”.
“Un niño no debería ser perfilado para explotar sus inseguridades, impulsos o fragilidades. Los datos sobre estado de ánimo, apariencia, hábitos de sueño, relaciones y preferencias no pueden convertirse en insumos para influir comercialmente sobre personas que todavía no cuentan con plena capacidad para comprender el proceso”, opina el impulsor del proyecto de ley.
Como ejemplo de lo que sucede en otros países, Schipani menciona la experiencia de Australia, que estableció una edad mínima de 16 años para mantener cuentas en plataformas, y la discusión en Francia, cuyo Parlamento debatió durante 2025 y 2026 una prohibición más clara del acceso a redes sociales para menores de 15 años.
