Los detallistas son la parte perdedora del singular “acuerdo”, pues quienes optan por el consumo tradicional de la hoja de coca, aseguran que el producto chapareño no es apto para el pijcheo…
Editorial La Prensa
Extraña situación creada por una decisión de la Dirección General de la Hoja de Coca e Industrialización, Digcoin, apoyada en la resolución Administrativa 089 del Viceministerio de la Coca, del 14 de junio de 2007, que obliga a los comerciantes detallistas a comprar como mínimo cinco “paquetes” por mes de hojas de coca —unas 500 libras— del mercado de Sacaba, donde los productores del Chapare ofrecen sus cosechas. Esta decisión deriva de un convenio suscrito el 30 de mayo de 2007 en Sacaba entre la Coordinadora de las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba y la Federación Nacional de comerciantes minoristas.
Si bien el “acuerdo” advierte que el detallista que no cumpla con este compromiso perderá la licencia como comerciante al detalle, funcionarios de Digcoin aseguran que esta norma no es una imposición gubernamental sino que se trata de un convenio de partes para “proteger y revalorizar la hoja de coca chapareña”. Se trata de un documento en el que los productores de coca del Chapare —de las que el presidente Evo Morales es dirigente principal— son la parte beneficiada, pues no sólo les permite comercializar su producción de coca, también les permite entrar en el mercado legal, por lo que la medida trataría de evitar la idea de que la coca del Chapare sólo está destinada al narcotráfico.
Obviamente, los detallistas resultan la parte perdedora de tan singular “acuerdo” pues quienes optan por el consumo tradicional de la hoja de coca aseguran que el producto chapareño no es apto para el pijcheo ni para la preparación de infusiones pues la consideran de sabor desagradable, por lo que evitan su compra. Pero allí no terminan los problemas de los detallistas. Como el “acuerdo” los obliga a adquirir la coca en el mismo mercado de Sacaba, ellos están obligados a transportarla con el riesgo de sufrir decomisos por parte de los efectivos de la FELCN ya que, según los detallistas, los mismos policías tienen la idea de que el destino final de esa coca es indefectiblemente la fabricación de cocaína.
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Todo lleva a suponer que no sólo se trata de obligar al detallista a introducir aquel producto a un mercado legal, lo cual haría más creíble aquella teoría de que el Gobierno sólo pretende “proteger y revalorizar la hoja de coca chapareña” para evitar que se mantenga la idea de que su destino final es el narcotráfico, también llega aparejado con otros problemas. Al difundirse la noticia a través de La Prensa, los productores de coca de Los Yungas reaccionaron con disgusto al enterarse del “acuerdo” pues consideran que se trata de una clara discriminación contra su sector.
Sin embargo, éstos sólo son detalles adicionales de un problema mucho mayor: la evidente producción de coca excedentaria en nuestro país. El Gobierno anuncia un estudio de uso y consumo tradicional de la hoja de coca que determinará la extensión legal del cultivo de coca, para proceder con su erradicación. Ojalá que lo pueda cumplir.