Red de irregularidades: Un ampliado departamental reveló la emisión de personalidades jurídicas fraguadas y resoluciones del INRA falsificadas para negociar predios.
Afectación a comunidades: Señalan que anteriores autoridades avalaron a «falsas organizaciones» que frenaron la titulación de auténticas comunidades campesinas.
Acciones legales: La FSUTCB y la Asamblea Departamental activaron un programa de regularización y anunciaron procesos penales por uso de instrumento falsificado.
Durante la realización de un ampliado departamental que contó con la participación de centrales y subcentrales afiliadas, la dirigencia de la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos del Beni (FSUTCB) y representantes de la Asamblea Legislativa Departamental revelaron una presunta red de tráfico de tierras sostenida en la falsificación de personalidades jurídicas y resoluciones de asentamiento.
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Según expusieron los voceros mediante peticiones de informe escrito dirigidas a la actual administración de la Gobernación del Beni y cruces de información con el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), se constató que supuestas organizaciones —entre ellas la «Central Campesina Integración del Distrito Tres» del municipio de San Javier y la «Central Campesina Patujú»— operaban con documentación incompleta o apócrifa para generar paralelismo sindical.
Falsificación y estafas interdepartamentales
Las investigaciones presentadas en el encuentro sindical detallan que los grupos dedicados al tráfico ilícito de tierras no solo clonaban o fraguaban carpetas de personalidades jurídicas sin cumplir los requisitos de la ley departamental, sino que fabricaban resoluciones de asentamiento atribuidas falsamente al INRA.
Con estos documentos apócrifos, exdirigentes y promotores captaban a personas de otros departamentos (como Potosí, Oruro y municipios del cruceño como San Julián, Cuatro Cañadas y Montero), cobrando altas sumas de dinero a cambio de promesas de asignación de terrenos privados o fiscales en territorio beniano que carecían de respaldo legal.
Asimismo, se advirtió que estas supuestas comunidades prestaban firmas para validar predios privados no inscritos en el INRA e inclusive tramitaban planes de manejo forestal irregulares en la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT) sobre áreas protegidas o de reserva.
Empadronamiento y acciones penales
Frente a esta coyuntura, la ejecutiva de la FSUTCB, Katiuska, junto a la directiva departamental, anunciaron la apertura de una oficina de asistencia jurídica en la sede campesina de Trinidad. Desde allí se impulsará un programa de actualización de trámites y empadronamiento de comunidades para sanear las organizaciones legalmente constituidas.
Asimismo, la dirigencia y las autoridades legislativas confirmaron que se iniciarán las acciones penales correspondientes por uso de instrumento falsificado, falsedad material e ideológica contra los exdirigentes y exfuncionarios involucrados en la entrega de estas documentaciones irregulares.
