Desde el sector productivo exigieron al Gobierno demostrar que no existe protección a grupos avasalladores, mientras que el INRA aseguró cumplir la ley con 70 desalojos realizados en esta gestión.
Fuente: Red UNO
Luego de que un grupo de supuestos avasalladores interculturales ingresó armado a los predios de Santa Rita, en Guarayos, reteniendo de forma ilegal a 25 trabajadores e hiriendo a uno de ellos con un arma de fuego de grueso calibre, el gerente general de la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo), Jaime Hernández, señaló que las autoridades deben demostrar que no existe protección política a estos grupos radicales y ejecutar las órdenes de aprehensión de una vez por todas.
“Las autoridades deben dar señales claras de que no existe ningún tipo de protección política a estos grupos irregulares. Está en manos de ellos hacer cumplir la ley, y eso es lo que nosotros, como sector productivo, venimos exigiendo desde hace tiempo. No solo pedimos que se realicen los desalojos, sino que se capture a los autores, financiadores e instigadores”, afirmó Hernández.
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El productor aseguró que ejecutar las órdenes de aprehensión es la mejor señal de que no existe encubrimiento político.
Por su parte, la directora departamental del INRA Santa Cruz, Magdalena Panduro, afirmó que esta gestión ha realizado 70 desalojos.
“Hemos llevado a cabo 70 desalojos con el auxilio de la fuerza pública. También se han realizado desalojos de buena voluntad, mediante reuniones de conciliación. El problema de los avasallamientos no es reciente, pero en este tiempo ha tenido mayor énfasis. Hemos tratado de cumplir con nuestro trabajo en todos los procesos que corresponden al INRA”, explicó Panduro.
La directora destacó que para frenar los avasallamientos es necesario que todas las organizaciones, instituciones y ministerios colaboren con el INRA y con los productores.
Fuente: Red UNO