Proceso. Políticos y analistas coinciden en la importancia de que esté plasmada en la Constitución. Observan que hay pocos beneficios para el pueblo. Reclaman cambios para mejorar
Hace ocho años los cruceños se movilizaron para exigir autonomía. Eso posibilitó la elección de gobernadores y la creación de asambleas departamentales
Leopoldo Vegas Rondón – [email protected]
=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas
Desde el punto de vista constitucional, la autonomía representa un avance para el Estado boliviano, pero en términos políticos y de gestión pública los gobernantes están en deuda con el pueblo por la falta de acuerdos para administrar el proceso. La conclusión corresponde a dirigentes partidarios y a analistas políticos consultados porEL DEBER sobre los avances del proceso autonómico en el país.
En criterio del municipalista Iván Arias, “en los papeles se ha avanzado muchísimo” porque el artículo 1 de la Constitución Política del Estado establece que Bolivia es un país unitario, plurinacional, comunitario, independiente y con autonomías.
Además, la lucha que se inició el 22 de junio de 2004 con el cabildo en Santa Cruz permitió la elección de gobernadores por voto popular, la conformación de asambleas legislativas departamentales y la redacción de estatutos departamentales y de cartas orgánicas municipales.
En contrapartida, Arias cuestiona que la autonomía departamental “sea rehén del nivel central” porque con la aplicación de algunas leyes los gobiernos subnacionales son incapaces de generar recursos propios y cuentan con escaso margen de maniobra en materia legislativa.
La transferencia de algunas competencias, como educación y salud, pero sin el acompañamiento de los recursos económicos, fue mencionado por el exsecretario de Relaciones Institucionales y actual candidato a senador por UD Óscar Ortiz como una de las causas del poco avance en la gestión autonómica.
Mencionó que, a pesar de que la nueva Constitución está en vigencia desde hace cinco años (7 de febrero de 2009), los gobiernos municipales siguen aplicando la misma fórmula de la Participación Popular para captar recursos con criterios poblacionales, mientras que las gobernaciones perciben fondos de las regalías como en el Estado republicano, que fue derogado por el Estado Plurinacional.
Sin embargo, el concejal y dirigente político del MAS Saúl Ávalos afirmó que el poco avance de las autonomías se debe a que los actores de turno no han asumido su responsabilidad. Mencionó que Santa Cruz es el departamento con más atraso en el proceso, a pesar de que fue el abanderado de la lucha. “El problema no es de plata porque la ejecución presupuestaria anual es baja”, espetó Ávalos.
Cambios
El pacto fiscal, que contempla la Ley Marco de Autonomías seis meses después de que se publiquen los resultados del censo, fue mencionado por Ortiz como el elemento que se requiere para consolidar las competencias departamentales y satisfacer las necesidades de la ciudadanía a través de servicios públicos
El pacto fiscal es indispensable para avanzar
José Luis Santistevan – Municipalista
Hay que establecer que el problema original de la autonomía, que está incorporada en la Constitución Política del Estado como organización política del Estado, es que el nivel central concentra la mayoría de las competencias (entre privativas y exclusiva son 84).
El problema de fondo es que en la Constitución se introdujo una estructura jurídica que centraliza mucho más que las competencias dependientes de los gobiernos departamentales y municipales, como por ejemplo juegos de azar, ley electoral, servicio básico y seguridad ciudadana, en que las gobernaciones y alcaldías solo se dedican a financiar los planes y programas del Gobierno. Eso permitió que se centralice la autonomía constitucionalizada.
Estamos en un modelo centralista de Estado que, aunque cuenta con autonomía departamental y municipal, en la práctica se ha desarrollado en una estructura más controladora de competencias sociales y económicas a través de leyes y decretos. Los gobiernos municipales y departamentales deberían desarrollar legislación más avanzada para que esté acorde con la autonomía.
La Constitución Política del Estado está vigente desde hace más de cinco años y se hace impostergable buscar un acuerdo para aplicar un pacto fiscal para la redistribución de recursos hacia los departamentos y municipios.
La Ley Marco de Autonomías, que establece el pacto fiscal, tiene más de cuatro años de vigencia, pero no se aplica porque los datos del Censo de Población y Vivienda 2012 no se publicaron oficialmente dentro de los plazos establecidos, producto de una manipulación del nivel central del Estado. Estos datos son fundamentales para trabajar en el reordenamiento político, económico y social del país.
Fuente: eldeber.com.bo