El empresario y candidato a la presidencia plantea medidas drásticas para erradicar la oscuridad estatal e imponer transparencia total en las instituciones públicas.
eju.tv / Video: Alianza Unidad
A tan solo diez días de las elecciones del 17 de agosto, Samuel Doria Medina lanza su segunda propuesta de Decreto Supremo que se constituye en una ofensiva directa contra el secretismo estatal que – según afirma –, ha socavado la democracia, fomentado la corrupción y manipulado la información pública en Bolivia durante los últimos 20 años. ‘Se acabó el secreto’ es denominada la propuesta de norma que consta de once artículos y apunta a abrir completamente los archivos del Estado.
El documento será la segunda norma que el empresario paceño emitirá el mismo día de su eventual posesión. Con este gesto, el candidato busca consolidar un eje discursivo centrado en la transparencia, el control democrático y la rendición de cuentas públicas, aspectos que fueron objeto de críticas a los sucesivos gobiernos del Movimiento al Socialismo (MAS), por haber cerrado bajo una infinidad de candados el acceso a la información.
“Si soy presidente, el segundo decreto que aprobaremos acabará con el secretismo, la manipulación y silenciamiento de la información de los últimos 20 años. Acceso amplio a todos los datos estatales con 11 medidas contundentes. Todos los contratos, convenios y acuerdos con Estados, organismos internacionales, empresas, etc. serán publicados. Los parlamentarios y periodistas ya no sufrirán por falta de información oficial”, escribió el candidato de la Alianza Unidad en sus redes sociales.
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El MAS convirtió la información pública en un ‘recurso de poder sectario’, denuncia el texto, al tiempo que cita ejemplos que van desde los contratos de litio firmados en secreto hasta la opacidad en las cifras del gas y el manejo de las reservas internacionales del Banco Central. “En los últimos 20 años los sucesivos gobiernos del MAS han considerado a las instituciones gubernamentales y estatales como su propiedad y no como espacios plurales bajo el control democrático del pueblo y las leyes”, resalta el documento.
Critica al masismo por haber suspendido o trastocado las normas de transparencia que existían al negarse a entregar información sobre la administración de la cosa pública, información que por eso ha dejado de ser pública y se ha convertido en un ‘recurso de poder’ exclusivo. “La falta de información no solo ha servido a los objetivos políticos de los impulsores del secretismo estatal, sino también ha permitido alcanzar los peores niveles de corrupción de la historia de la democracia boliviana”, señala otro de los considerandos.
La propuesta se enmarca en una crítica estructural al manejo informativo del Estado bajo los gobiernos del Movimiento Al Socialismo (MAS). El decreto plantea revertir esa lógica con disposiciones que obligan a publicar contratos con empresas transnacionales, revelar bases de datos oficiales y abrir al escrutinio público los análisis económicos, judiciales y financieros generados por entidades las entidades estatales. “Los funcionarios que transgredieran esta disposición serán procesados por desacato a la autoridad y otros delitos asociados”, establece el Artículo 1, en un tono que marca una diferencia con los gobiernos del MAS.
Entre otras medidas destacadas se incluye la obligación de que el presidente dé una conferencia de prensa semanal con preguntas de periodistas, el acceso libre a las bases de datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), la publicación mensual de las reservas disponibles de gas y litio, y la publicación por parte del Banco Central de Bolivia (BCB) de las reservas internacionales de divisas, además de otra información relevante sobre las finanzas del país de forma diaria, semanal y, máximo, mensual.
Una de las medidas más llamativas del decreto es la anulación explícita del convenio de cooperación en defensa con Irán, suscrito por el gobierno de Luis Arce. Aunque no profundiza en las razones, el gesto apunta a marcar distancia con ese tipo de alianzas internacionales cuestionadas por diferentes sectores políticos y sociales del país. “Se anula y queda sin efecto el acuerdo de cooperación en materia de defensa firmado por el anterior gobierno de Bolivia con el Estado de Irán”, señala escuetamente el punto 2 del decreto.
El decreto se presenta en un momento cargado simbólicamente por el aniversario del Bicentenario. Mientras el gobierno celebra 200 años de independencia con actos oficiales, desde la oposición se insiste en que el país atraviesa una ‘crisis de institucionalidad y democracia’. Doria Medina intenta así apropiarse de un relato fundacional al proponer una nueva era de gobierno abierto y transparente. “La oscuridad que implican los delitos contra el Estado solo puede ser combatida por medio de la luz de la transparencia estatal”, sentencia.
La medida también busca enviar un mensaje a los mercados y los potenciales inversores al declarar el fin del secretismo y las reglas claras para trabajar en el país, donde los contratos se han firmado con mínima supervisión pública, como señalan varios detractores de los gobiernos progresistas. El compromiso de transparencia institucional puede resultar sumamente atractivo para actores económicos que demandan la seguridad jurídica.
Si gusta leer el texto completo del proyecto de decreto supremo, consulte en: Segundo decreto de SDM