El Gobierno ecuatoriano justificó la medida con base en un aumento de la violencia criminal, que dejó 491 muertes en 24 días.
Fuente: Infobae.com
Por: Yalilé Loaiza
El presidente de Ecuador, Daniel Noboa declaró un nuevo estado de excepción por 60 días en las provincias de Guayas, El Oro, Los Ríos y Manabí, todas en la Costa ecuatoriana. La medida fue adoptada tras una evaluación de la situación de seguridad que, según informes oficiales, evidencia una escalada de violencia atribuida a grupos armados organizados y a la persistencia del conflicto armado interno reconocido por el gobierno desde enero de 2024, aunque el tribunal constitucional de Ecuador ha negado que se cumplan los requisitos para un conflicto armado no internacional (CANI).
La declaratoria se sustenta en informes del Ministerio del Interior, la Policía Nacional, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, el Centro Nacional de Inteligencia y el Sistema de Emergencias ECU 911. De acuerdo con el reporte del ECU 911, entre el 11 de julio y el 3 de agosto de 2025 se registraron un total de 80.992 emergencias, de las cuales 57.492 —equivalentes al 71%— estuvieron relacionadas con seguridad ciudadana. Dentro de ese rubro, la provincia de Guayas concentró el 64,8% de las emergencias, seguida por Los Ríos con el 12,2%, Manabí con el 12% y El Oro con el 11,1%.
La Policía Nacional reportó que en ese mismo período de 24 días hubo 491 muertes violentas a nivel nacional, lo que representa un aumento del 5% respecto al mismo periodo de 2024, cuando se registraron 467 casos. El tipo de muerte con mayor incidencia fue el asesinato, que representó el 95,5% de los casos. Además, se determinó que el 97,6% de los homicidios intencionales estuvieron relacionados con violencia criminal, mientras que la violencia interpersonal alcanzó el 2,4% y la violencia sociopolítica no registró casos.
Respecto a las motivaciones de los homicidios por violencia criminal, los datos oficiales identifican tres principales causas: amenazas (71,6%), tráfico interno de drogas (23,8%) y robos a personas (1,5%). Estas tres categorías concentran el 96,9% de los asesinatos. En cuanto a los lugares donde ocurrieron estos hechos, el 68,9% se produjo en espacios públicos.
El análisis estadístico provincial comparó el mismo periodo de 2024 y 2025, revelando que Guayas presentó una disminución de muertes violentas del 15%, pasando de 215 a 183. Sin embargo, las otras tres provincias incluidas en el decreto presentaron incrementos significativos: Manabí pasó de 65 a 105 muertes violentas (+61,5%), Los Ríos de 56 a 87 (+55,3%) y El Oro se mantuvo con 45 casos. Estas cuatro provincias concentran el 83,7% de la violencia a nivel nacional durante el periodo analizado.
La decisión presidencial también se fundamenta en la recomendación de las Fuerzas Armadas, que remitieron un informe técnico con base en la “Matriz de eventos registrados por los grupos armados organizados (GAO)” entre el 1 de enero y el 4 de agosto de 2025. Entre los hechos registrados durante ese periodo se incluyen atentados con explosivos, uso de armas de fuego, decomiso de municiones, uso de uniformes policiales y militares por parte de los grupos delictivos, y detenciones realizadas por el bloque de seguridad.
El informe de inteligencia oficial identificó que muchas de las muertes reportadas durante julio y los primeros días de agosto fueron resultado de disputas entre bandas criminales —y no de delincuencia común—, ya que se trató de atentados armados y ataques con explosivos en viviendas, mercados, embarcaciones, sitios recreativos e incluso instalaciones públicas. Estos actos violentos han tenido como víctimas a menores de edad, personal sanitario, fuerzas del orden, docentes y civiles en general.
El decreto se enmarca en la reforma constitucional aprobada mediante referéndum el 21 de abril de 2024, que autoriza el apoyo complementario y subsidiario de las Fuerzas Armadas a la Policía Nacional, bajo parámetros de excepcionalidad, proporcionalidad y regulación, para enfrentar delitos como narcotráfico, terrorismo, minería ilegal, lavado de activos, tráfico de armas y personas, delincuencia organizada, extorsión e intimidación, así como casos de grave conmoción en el sistema penitenciario.
Esta es la segunda declaratoria de estado de excepción en 2025 que se justifica por grave conmoción interna atribuida al conflicto armado interno, cuya persistencia fue reiterada por el Decreto Ejecutivo No. 55 del 16 de julio de 2025. El presidente también había identificado como grupos armados organizados con incidencia directa en este conflicto al Frente Oliver Sinisterra, Disidencias Comuneros del Sur y Comandos de la Frontera, y calificó al Tren de Aragua como grupo terrorista mediante decretos previos.
Según los criterios establecidos por la Corte Constitucional en el dictamen 3-25-EE/25, para declarar grave conmoción interna deben verificarse dos condiciones: que los hechos sean de tal intensidad que afecten gravemente la seguridad y el ejercicio de derechos, y que generen considerable alarma social. A juicio del Ejecutivo, ambos requisitos se encuentran cumplidos, dada la extensión de la violencia en zonas públicas, la alarma generada en la ciudadanía y la afectación directa a la vida cotidiana, como en el caso del cantón Playas, donde se suspendieron celebraciones locales debido a las masacres ocurridas.
El decreto tendrá una vigencia de 60 días y será remitido a la Corte Constitucional para su respectivo control.