El director de Régimen Penitenciario revela que más de 11.000 presos llevan más de un año en detención preventiva y al menos 4.500 han sobrepasado los tres años sin sentencia. Las protestas crecen en todo el país.
eju.tv / Videos: Bolivia TV
El estallido de motines y protestas en varios centros penitenciarios del país debido a la instrucción del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de verificar los tiempos procesales de las detenciones preventivas de la expresidenta Jeanine Áñez, el exlíder cívico Marco Pumari y el gobernador cruceño Luis Fernando Camacho desnudan la condición crítica de los privados de libertad, quienes reclaman ‘igualdad jurídica’ y cuestionan que solo esos casos sean considerados por las autoridades, cuando miles de reclusos llevan años esperando sentencia.
El director nacional de Régimen Penitenciario justificó la medida al calificar como una ‘aberración’ que en los centros penitenciarios se presenten casos de personas que llevan entre 8 y 9 años encerradas en detención preventiva, cuando la ley establece plazos de 90, 120, 180 días o, como máximo, tres años. “La justicia debería dictar sentencia, culpable o inocente, pasado ese plazo. Pero tenemos personas que siguen presas sin resolución, lo que representa un abandono judicial inaceptable”, lamentó.
Foto: captura pantalla
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Asimismo, la autoridad penitenciaria refirió que el problema de todos los detenidos preventivos debe ser atendido por igual en el sistema judicial. “Están pidiendo igualdad jurídica. Tenemos cerca de 18.500 privados de libertad en el país; de ellos, más de 11.000 ya pasaron un año en detención preventiva, casi 7.000 superaron los dos años y al menos 4.500 llevan más de tres años presos sin que se declare su culpabilidad o inocencia”, preciso Limpias en el reclusorio de San Pedro, en La Paz, donde los privados de libertad se amotinaron.
El funcionario confirmó que las manifestaciones se llevan adelante en diferentes centros penitenciarios del país. En Palmasola, Santa Cruz; Villa Busch, Cobija y en San Pedro, en La Paz, los movilizados difundieron manifiestos y resoluciones internas para exigir a las autoridades jurisdiccionales tratar a todos los privados de libertad con equidad; en consecuencia, pidieron a la Defensoría del Pueblo interceder por ellos, para que todas aquellas personas con detención preventiva se puedan defender en libertad.
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“Hay varias medidas que están asumiendo, como la huelga de hambre, las familias se están organizando, esa es la información que tenemos en varios centros penitenciarios, porque son las familias las que peregrinan en el ámbito judicial, son las familias que están tratando de buscar justicia en el ámbito judicial, por eso también la indignación. Y nosotros, bueno, vamos a hacer lo que nos corresponde”, informó, para luego establecer que se coordina con los comandos departamentales para el control de las protestas.
Régimen penitenciario dispuso la presencia policial en algunos centros como medida de prevención ante posibles brotes de violencia. “No sabemos si también un motín o un mitin puede derivar en alguna situación difícil e incontrolable, por eso estamos nosotros en alerta también como administración penitenciaria, coordinando con las diferentes unidades tácticas de nuestra policía boliviana para reforzar los centros penitenciarios. Tenemos que garantizar la seguridad, obviamente, de los centros penitenciarios, pero también respetando los derechos que le asistan a las personas privadas de libertad”, precisó.
Los privados de libertad anunciaron que sus resoluciones llegarán al Ministerio de Justicia, al Ministerio de Gobierno y también a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en busca de apoyo internacional. “Van a hacer llegar sus notas hasta estas instancias. Esto es lo que corresponde a nosotros, simplemente garantizar que el orden también no se vaya a disparar dentro de los centros penitenciarios”, remarcó.
La situación carcelaria se enmarca en un sistema judicial ampliamente cuestionado. Según organismos nacionales e internacionales, Bolivia tiene uno de los índices más altos de detenidos preventivos en Sudamérica: cerca del 70% de la población carcelaria está sin sentencia. Al respecto, Limpias señaló que, “no estamos comparando delitos, estamos hablando de que la ley ya establece plazos. Y si esos plazos no se cumplen, hay que revisar la legalidad de cada caso. Esa es la justicia que claman miles de bolivianos privados de libertad”.