El informe se presentó en un contexto alarmante: el Ministerio de Medio Ambiente confirmó que 2024 fue el peor año histórico con 12.6 millones de hectáreas calcinadas a nivel nacional (11.5% del territorio), superando récords previos.
Durante el VI Congreso Internacional de la Soya en Santa Cruz, el Colegio de Ingenieros Agrónomos de Bolivia (CIAB) presentó un estudio que demuestra el vínculo directo entre el incremento de incendios forestales y la falta de control estatal en tierras fiscales en un departamento donde solo en 2024 se quemaron 12.6 millones de hectáreas a nivel nacional, la cifra más catastrófica de la historia boliviana.
«El documento establece los diversos orígenes de los incendios durante estos años y su incremento, sobre todo, en tierras fiscales sin control del Estado», reveló Juvenal Bonilla, presidente del CIAB, al entregar formalmente el estudio «Incendios forestales en el departamento de Santa Cruz 2010-2024: Causas e impactos» al presidente de la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (ANAPO), Abraham Nogales. La investigación detalla cómo la ausencia de políticas de control territorial ha facilitado la proliferación de quemas ilegales que escalaron a incendios devastadores.
El informe se presentó en un contexto alarmante: el Ministerio de Medio Ambiente confirmó que 2024 fue el peor año histórico con 12.6 millones de hectáreas calcinadas a nivel nacional (11.5% del territorio), superando récords previos. Desde 2019, cada año se quema un mínimo de 4 millones de hectáreas (equivalente a todo Tarija), con picos de 6 millones en 2023 (similar a Cochabamba completa).
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El congreso, organizado por ANAPO, destacó la paradoja de que el sector agroindustrial promueva la sostenibilidad mientras Santa Cruz se mantiene como el epicentro de incendios. Abraham Nogales insistió en que «Bolivia puede y debe avanzar hacia un futuro agrícola sostenible», aunque el estudio sugiere que sin control estatal en tierras fiscales la contradicción persistirá.
La investigación del CIAB llega en un momento crítico donde los incendios ya no son fenómenos aislados sino una tendencia estructural que cuestiona la efectividad de las políticas ambientales y de ordenamiento territorial en el departamento que concentra la mayor producción agroindustrial del país.