Luis Fernando Camacho y Marco Pumari volverán este martes al Tribunal de Justicia de La Paz para la audiencia en la que se revisará su detención preventiva en el caso «golpe de Estado I»
Por: eju.tv
El exministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, ha cuestionado las nuevas decisiones de la Justicia sobre el caso de la crisis de 2019 y afirmó que «la memoria del pueblo no puede ser estropeada por la justicia y sus nuevos dueños».
La tarde del lunes, un juzgado de La Paz se declaró incompetente, anuló los obrados y resolvió que la expresidenta Jeanine Añez no debe ser enjuiciada por la vía ordinaria en el caso Senkata, por lo tanto, le corresponde un juicio de responsabilidades.
«Simplemente quiero decir que la historia recordará que, este día se defendió la legalidad, volvió la independencia judicial y se dio paso a una Bolivia más justa y libre. ¡Que viva Bolivia!», celebró Añez tras escuchar esa resolución.
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Horas después, Del Castillo publicó un video en el que se muestra pasajes de la crisis de 2019 que para el Movimiento Al Socialismo (MAS) fueron parte de un golpe de Estado, una versión que han rechazado los procesados en este caso como Añez y los excívicos Marco Antonio Pumari y Luis Fernando Camacho.
«Hay quienes quieren hacernos olvidar la historia, nuestro deber es recordarla. La memoria del pueblo no puede ser estropeada por la justicia y sus nuevos dueños. ¡Esto pasó el 2019!», afirmó el también excandidato presidencial del oficialismo en un breve mensaje que acompañó al audiovisual.
Políticos y analistas han observado el cambio en la Justicia tras la derrota del MAS en las elecciones del 17 de septiembre.
Audiencias
Camacho y Pumari volverán este martes al Tribunal de Justicia de La Paz para participar en la audiencia en la que se revisará su detención preventiva en el caso «golpe de Estado I». Su defensa está confiada en que se dispondrá su libertad porque hace mucho feneció el plazo legal de seis meses.
Las audiencias se desarrollan luego de que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ordenara la revisión de los plazos de la detención preventiva de Añez, Camacho y Pumari.
La viceministra de Seguridad Ciudadana, Carola Arraya, ha calificado como política esa decisión y observó que en primera instancia solo beneficiaba a las tres citadas personas.
Ante las protestas de los reos y las observaciones de la Defensoría del Pueblo, el TSJ amplió la medida a todos los privados de libertad del país.