Este caso evidencia a la opinión pública la creciente conflictividad en zonas mineras del país y cuestiona la capacidad del Estado para proteger las inversiones legales y hacer cumplir el derecho de propiedad.
La empresa Eaglecrest Exploration Bolivia S.A. (EEBOL) denunció que desde el 1 de abril de 2025 su campamento minero en la serranía de San Simón, municipio de Baures, Beni, sufre un avasallamiento ilegal en el que un grupo liderado por Juan Carlos Contreras Fernández desalojó violentamente a 35 trabajadores –incluido su gerente general– y tomó posesión ilegítima de todas las instalaciones de la compañía.
El hecho ocurrió cuando Contreras Fernández, «con apoyo de comunarios de la zona, desalojó de manera violenta a más de 35 trabajadores, incluido el gerente general, Carlos Gustavo Barrios De los Ríos, tomando posesión ilegítima de las instalaciones de la compañía», se lee en el comunicado.
La empresa, que ha invertido más de 50 millones de dólares en exploración minera en la zona, advirtió que este acto ilegal estancó negociaciones con inversionistas internacionales para un financiamiento de «varios cientos de millones de dólares» que representaban un «importante impulso económico para Bolivia y el Beni».
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En la misma denuncia, el gerente y principal accionista Carlos Gustavo Barrios fue acusado de estafa por Contreras Fernández y permanece recluido en la cárcel de Palmasola de Santa Cruz, pese a haber obtenido una acción de libertad el 1 de agosto de 2025. Mientras tanto, minas de propiedad de EEBOL como «Amelia» son explotadas ilegalmente por terceros sin respaldo legal alguno.
La empresa exigió al Ministerio Público y a la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) la apertura inmediata de una investigación para «restituir la legalidad», «procesar a los responsables» y «garantizar seguridad jurídica a las inversiones mineras en Bolivia». EEBOL reiteró su compromiso con el desarrollo responsable y la generación de empleo digno en la región.
Este caso evidencia a la opinión pública la creciente conflictividad en zonas mineras del país y cuestiona la capacidad del Estado para proteger las inversiones legales y hacer cumplir el derecho de propiedad en regiones alejadas como el Beni, donde grupos informales operan impunemente.