Ribera espera que se concreten las garantías necesarias para retornar al país de manera segura, con la certeza de que la justicia actuará con independencia.
eju.tv / Video: La Hora Pico
Santa Cruz.- Maricruz Ribera esposa del exalcalde de La Paz, Luis Revilla, exiliados desde hace tres años y medio, afirmó que anhela retornar a Bolivia, aunque aún no existen las garantías necesarias debido a que pesa sobre su esposo una orden de aprehensión que impide su regreso.
“Recibimos con mucha fe el pedido del presidente del TSJ, con la esperanza de que esta nueva justicia actúe correctamente. Yo quisiera volver mañana, pero tenemos que esperar ciertas garantías. Pesa contra mi esposo una orden de aprehensión que debe ser retirada”, sostuvo Ribera en entrevista en el programa radial de La Hora Pico de eju.tv que conducen Belén Mendivil, Jorge Robles y Ernesto Justiniano.
Ribera relató que el acoso político no solo afectó a su esposo, sino también a su familia. “Hace dos años, de la noche a la mañana, tomaron presa a mi mamá, la llevaron enmanillada a La Paz como si hubiera cometido un delito. La tuvieron en celdas tres semanas; ahora tiene detención domiciliaria, pero sigue coartando su libertad”, denunció.
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La mujer explicó que las acusaciones sobre presuntas ganancias ilícitas carecen de fundamento, ya que los bienes de su madre provienen de herencias y seguros de vida obtenidos mucho antes de su matrimonio con Revilla. “Recibe un seguro de vida que tenía mi papá y la indemnización de la Universidad Gabriel René Moreno, donde trabajó como catedrático por 30 años. Administra los bienes de la familia desde 2011, mucho antes de que yo conociera a mi esposo. Aun así, argumentan que esos bienes son ilícitos”, señaló.
Ribera calificó la situación como una injusticia y un abuso del poder judicial. “¿No será que si voy a investigar primero tengo que notificar para que uno declare? No, a ella la tomaron presa sin aviso. Incluso hoy no le aceptan una pericia que demuestra que todos los bienes son legítimos”, remarcó.
Ribera espera que se concreten las garantías necesarias para retornar al país de manera segura, con la certeza de que la justicia actuará con independencia y respeto a los derechos humanos.