El activista dijo que el Gobierno debe «emitir un indulto para las personas que realmente han sido sentenciadas sin la prueba» y anunció una demanda contra la directora de la cárcel de Oruro
Por: eju.tv / Video: Que No Me Pierda
El exlíder de la Resistencia Juvenil Cochala (RJC) salió de la cárcel de Oruro este jueves tras beneficiarse con libertad condicional. En el nuevo capítulo de su vida, el activista afirmó que la agrupación que dirigió «nunca» cometió delitos y, por el contrario, salió en «defensa del pueblo».
En ese marco, anunció acciones legales contra la directora del penal de San Pedro de Oruro, Benigna Paredes, y sus denunciantes, pero además consideró que el MAS debe buscar el perdón de Dios.
Molina y los hermanos Mario y Favio Bascopé fueron sentenciados a seis años de cárcel el 12 de abril de 2023 por destrozos en la infraestructura de la Fiscalía General del Estado de Sucre en medio de una protesta que tuvo lugar en Sucre en octubre de 2020.
=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas
Molina consideró que su encarcelamiento fue parte de una persecución política puesto que «la Resistencia nunca ha sido un grupo que haya cometido ilícitos».
«Nosotros solo salimos en defensa del pueblo cochabambino, en defensa del pueblo boliviano porque existe Resistencia en los nueve departamentos», señaló en una entrevista en Que No Me Pierda de la red UNO.
En su criterio, el Gobierno debe «emitir un indulto para aquellas personas que realmente han sido sentenciadas sin la prueba idónea».
En ese marco, se dirigió al Movimiento Al Socialismo (MAS). «A ese partido que ya se va es que están a tiempo de hacer las paces con Bolivia y con Dios, de buscar el perdón de Dios, yo creo en la justicia divina»
En ese marco, anunció acciones legales contra la directora de la cárcel de Oruro. «Voy a tomar acciones legales contra la doctora Benigna Paredes. Ella intentó perjudicarme y hay hacinamiento por no verificar la situación jurídica de los detenidos», dijo.
Libertad
Según la resolución, Molina cumplió cuatro años de los seis años de sentencia en la cárcel de San Pedro en Oruro.
La ley 2298 de Ejecución de Penas y Supervisión establece la libertad condicional cuando se cumplen dos tercios de la pena, aunque con ciertas condiciones.
La justicia dispuso que el exintegrante de la RJC acredite un domicilio, no cometer delitos o involucrarse en casos de sustancias controladas y no puede salir de Oruro. Además, tiene arraigo y debe conseguir una fuente de trabajo.