«No podemos estar mirando del palco cuando algunos compañeros sin ningún derecho pueden estar avasallando a algún sector minero y eso no tiene que ocurrir», enfatizó Santos y complementó que el gobierno será implacable contra quienes incumplan las leyes mineras y vulneren los derechos de propiedad legalmente establecidos.
El ministro de Minería, Alejandro Santos, anunció medidas contundentes contra los avasallamientos mineros tras los recientes incidentes registrados en Potosí y Beni donde grupos de mineros han tomado ilegalmente concesiones privadas, destruido propiedad e incluso amenazado a autoridades del sector.
«El avasallamiento no está permitido, está penado por ley. Está claro eso. Cada compañero de cada sector debe trabajar en su área de trabajo. Así como tal cual les dio pues la Corporación Minera de Bolivia bajo un contrato», declaró Santos ante los medios y agregó que estas acciones están expresamente prohibidas por las normativas vigentes en el país.
Santos advirtió que el Estado aplicará mano dura contra estos ilícitos: «El Estado, al sector minero particularmente, va a tener que meter mano dura en este tema porque entre nosotros tiene que haber respeto. Si no vamos a colocar mano dura, cualquier otro momento va a haber algún avasallamiento y eso no puede ser». El ministro subrayó que no se permitirá que grupos sin derecho continúen avasallando sectores mineros legalmente establecidos.
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Las declaraciones del ministro se producen luego de que la Asociación Nacional de Mineros Medianos (ANMM) expresara su rechazo a las persistentes amenazas y actos de avasallamiento que ya no solo afectan a concesiones privadas sino que se extienden hacia instituciones del Estado y autoridades bajo presión indebida. La organización calificó estas acciones como una grave vulneración al Estado de Derecho.
«No podemos estar mirando del palco cuando algunos compañeros sin ningún derecho pueden estar avasallando a algún sector minero y eso no tiene que ocurrir», enfatizó Santos y complementó que el gobierno será implacable contra quienes incumplan las leyes mineras y vulneren los derechos de propiedad legalmente establecidos.