La deuda del gobierno nacional asciende a Bs 62.210.300, de los cuales Bs 34.596.000 corresponden específicamente al pago anual de alimentación para reclusos. Estos recursos también financian el bono de vacunas al personal de salud, alimentación en centros de acogida, seguridad ciudadana y atención de emergencias, servicios que se encuentran igualmente afectados por la falta de transferencias.
El gobernador de La Paz, Santos Quispe, y el director del Régimen Penitenciario, Juan Carlos Limpias, exigieron conjuntamente al gobierno nacional la inmediata transferencia de recursos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) para solventar el pago de prediarios a reclusos. La autoridad paceña reveló que mantuvo una reunión de coordinación con Limpias donde ambos identificaron la falta de transferencias nacionales como la causa raíz del problema.
«Le hemos explicado, le dije que no solamente es atacar al Gobernador, tenemos que ver cuál es el problema de fondo, quien no está depositando, en la cual él (Juan Carlos Limpias) comprendió y él dijo que se va a comunicar con el ministro de Economía (Marcelo Montenegro)», explicó el gobernador.
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La deuda del gobierno nacional asciende a Bs 62.210.300, de los cuales Bs 34.596.000 corresponden específicamente al pago anual de alimentación para reclusos. Estos recursos también financian el bono de vacunas al personal de salud, alimentación en centros de acogida, seguridad ciudadana y atención de emergencias, servicios que se encuentran igualmente afectados por la falta de transferencias.
Quispe reveló que anteriormente la Gobernación cubrió los prediarios con otras partidas institucionales, pero que ahora agotó esas alternativas y no dispone de recursos extras. «Esperemos que haya buenos resultados, solo queremos el depósito de los 42 millones (de bolivianos), nosotros, mañana mismo vamos a depositar (a cuentas de Régimen Penitenciario)», expresó Quispe.
Hasta la fecha, la Gobernación paceña envió cinco notas de alerta al Ministerio de Economía sobre este desfase, sin obtener respuesta alguna, mientras las poblaciones vulnerables como los reclusos que dependen de los prediarios para su alimentación básica sufren la falta de este pago.