El experto sostuvo que urge la necesidad de fortalecer la institucionalidad y garantizar la seguridad de los operadores de justicia, para enfrentar el creciente poder del crimen organizado en Bolivia.
eju.tv / Video: La Hora Pico
Santa Cruz.- El especialista en criminalística, Cristian Sánchez, advirtió que la reciente amenaza contra un fiscal en el Beni refleja que el crimen organizado ha escalado su poder e influencia en Bolivia, y representa un desafío nacional que debe ser abordado con urgencia.
Sánchez explicó que la amenaza a un fiscal no debe ser tomada a la ligera, ya que evidencia un empoderamiento del crimen organizado, que ahora se atreve a intimidar a autoridades nacionales y departamentales. “El hecho de que haya violencia recurrente, secuestros y ahora amenazas a fiscales demuestra que el crimen organizado ha dado una vuelta de tuerca en sus actividades”, indicó en entrevista con La Hora Pico de eju.tv que conducen Belén Mendivil, Jorge Robles y Ernesto Justiniano.
El especialista señaló que, mientras los pequeños infractores o personas en situación de vulnerabilidad son los que terminan en la cárcel, los grandes líderes, financiadores y capos del narcotráfico suelen escapar de la justicia. Por ello, consideró esencial que las autoridades políticas y judiciales actúen con transparencia, probidad y dotando a fiscales, jueces y policías de tecnología e insumos necesarios.
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Sánchez también denunció que, en Santa Cruz, y a nivel nacional, existe una especie de relación clientelar o contubernio entre el crimen organizado y ciertas autoridades políticas o del sistema de justicia, lo que ha generado impunidad y debilitado la efectividad de la lucha contra el narcotráfico.
“Parte de la crisis estructural del sistema de justicia tiene que ver con que ha sido perforada por la corrupción. Esto se refleja en la falta de respaldo a las autoridades que intentan enfrentar al crimen organizado”, afirmó.
No obstante, Sánchez aclaró que, aunque la situación es grave, Bolivia no es un narcoestado, como Venezuela o Haití, donde el crimen organizado controla ministros o legisladores. Sin embargo, alertó que existe un nivel de facilidades o impunidad que favorece el negocio del tráfico de sustancias controladas.
Remarcó que la amenaza a un fiscal, marca un precedente importante, evidenciando que hay miembros del Estado dispuestos a enfrentar al crimen organizado, pero que requieren del respaldo firme y coordinado de todo el sistema judicial, policial y fiscal.
Estas declaraciones pueden escuchar desde el minuto 05:40 del video adjunto en la presente nota.