El Observatorio Cubano de Derechos Humanos informó que cuatro de los arrestados permanecen detenidos y que el resto está bajo vigilancia. Las manifestaciones se produjeron el sábado en reclamo de electricidad, alimentos y mejores condiciones en medio de la crisis que atraviesa la isla.
Al menos 27 personas han sido arrestadas en Gibara, en la región oriental de Cuba, tras las protestas pacíficas celebradas el sábado pasado, según informó este viernes el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) en un comunicado difundido en Madrid.
La ONG, con sede en la capital española, aseguró que cuatro detenidos siguen privados de libertad y que la mayoría de los arrestados se encuentra bajo fianza y sometidos a vigilancia.
El OCDH comunicó a través de su página de Facebook que tras las manifestaciones se han producido acciones intimidatorias por parte de las fuerzas de seguridad en la localidad. Los principales focos de tensión se han localizado en La Loma de los Caneyes y El Güirito, donde “el ambiente se ha vuelto aún más tenso” desde las protestas. En el comunicado, la organización alertó sobre “la gravedad de la situación en Gibara” y exigió “el cese de la represión, así como la liberación de todos los ciudadanos detenidos por ejercer su derecho a la protesta pacífica”.
Testimonios recogidos en videos y medios no oficiales describieron a decenas de personas recorriendo las calles de Gibara el sábado con cacerolas y gritos como “¡Corriente y comida!“, ”¡El pueblo unido jamás será vencido!» y “¡Libertad, libertad!“. Las imágenes muestran a ciudadanos marchando en actitud pacífica, sin que se observara violencia. En contraste, medios oficiales locales se refirieron a la movilización como la expresión de “inconformidades desde una postura de respeto y diálogo”.
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Según diversos testigos, la protesta fue detonada por un apagón de más de 20 horas, una situación habitual en los últimos meses, impulsada por la crisis energética que atraviesa la isla. La precariedad en la generación de energía se debe a averías recurrentes en las centrales termoeléctricas y a la carencia de divisas para la importación de combustible. Este contexto se enmarca en una grave crisis general que afecta a la población cubana, con escasez de productos básicos, inflación elevada, falta de medicamentos y un clima de descontento social que alimenta la emigración y las protestas esporádicas.
Por otra parte, en el plano internacional, más de 30 organizaciones no gubernamentales (ONG) y destacadas figuras de la disidencia cubana dirigieron esta semana una carta al Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) de la Unión Europea (UE) solicitando una revisión de la política comunitaria hacia la isla. En el texto, califican la estrategia actual de la UE como “ineficaz” y piden que se alinee con los principios democráticos y de derechos humanos del bloque.
Entre los firmantes figuran Berta Soler (líder de Damas de Blanco), Iván Hernández Carrillo (sindicalista independiente), Alina Bárbara López (intelectual), Orlando Gutiérrez-Boronat (Asamblea para la Resistencia Cubana) y Elena Larrinaga (Red Femenina de Cuba), entre otros. La carta plantea la necesidad de sustituir el Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación (ADPC), vigente desde 2016, por una política exterior de condicionalidad democrática, que supervise de forma transparente el destino de los fondos europeos.
Entre las propuestas, se demanda reconocer oficialmente la existencia de presos políticos, promover a la sociedad civil independiente como “actor legítimo e indispensable” y sancionar a los responsables de violaciones a los derechos humanos.
Y a esta problemática se añade un reciente informe de la ONG Prisoners Defenders, que documenta el uso sistemático de trabajo forzoso en cárceles cubanas. El estudio, basado en 53 declaraciones individuales y más de 60 entrevistas adicionales, señala que al menos 60.000 internos son obligados a trabajar bajo condiciones descritas como “esclavitud”. La investigación fue verificada externamente por el Institute for Crime & Justice Policy Research de la Universidad de Londres.
El informe detalla que el régimen de Miguel Díaz-Canel en Cuba emplea a los reclusos como mano de obra forzada para la producción de bienes destinados principalmente a la exportación, en especial carbón vegetal de marabú y tabaco. Las condiciones reportadas incluyen jornadas superiores a 63 horas semanales, remuneraciones ínfimas —entre 34 y 62 centavos de dólar por tonelada de carbón producida—, ausencia de contratos formales y una exposición constante a riesgos físicos y ambientales.
La situación general, según los informes de ONG y las denuncias de la sociedad civil, evidencia un aumento de la represión, la criminalización de toda protesta y el empleo sistemático del trabajo forzoso en la estructura penitenciaria de Cuba.
(Con información de EFE)