La Asociación Nacional de la Prensa conformó su Tribunal de Ética. Dimite otro juez del Tribunal de Imprenta que juzga a La Prensa
Directorio de la Asociación Nacional de la Prensa, presidido por Marco Antonio Dipp, director del diario Correo del Sur de Sucre.
El Diario
Asociación Nacional de la Prensa conforma su Tribunal de Ética
=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas
Fortalecimiento institucional
La Asociación Nacional de la Prensa (ANP) conformó su Tribunal de Ética con personalidades del más alto nivel del ámbito del periodismo y el derecho, dando cumplimiento así al inciso II del artículo 107 de la Constitución Política del Estado (CPE), informó el presidente de esa institución que agrupa a los 23 principales diarios y periódicos impresos del país, Marco Antonio Dipp.
Explicó que este tribunal está integrado por personalidades del más alto nivel como los abogados Armando Villafuerte y Willman Durán, y los periodistas Alberto Zuazo Nathes, Jaime Humérez Seleme y Harold Olmos Mercado. Su misión será procesar las denuncias de la sociedad sobre las faltas éticas que puedan cometer los medios de comunicación social afiliados a la ANP y determinar la responsabilidad de periodistas, ejecutivos o trabajadores de otras áreas de los medios, en dichas faltas.
Dipp manifestó que no fue fácil la conformación de este Tribunal, donde el mayor esfuerzo fue la búsqueda de personalidades con altísima credibilidad, reconocida responsabilidad, seriedad e idoneidad. Ello permitirá que las decisiones del tribunal gocen de la totalidad confiabilidad de la sociedad y sean adoptadas con absoluta independencia.
INTEGRANTES
Recordó que el doctor Villafuerte fue presidente de la Corte Suprema de Justicia y el doctor Durán, fue presidente del Tribunal Constitucional de la Nación. Ambos tienen una intachable trayectoria en el campo de la judicatura nacional, la que los llevó a ocupar funciones en las más altas instituciones de la justicia del país.
Los periodistas Zuazo, Humérez y Olmos, fueron reconocidos, a su turno, con el Premio Nacional de Periodismo, la más alta distinción a la carrera periodística que se otorga hasta ahora en Bolivia. Sus también límpidas trayectorias periodísticas, en las que han desempeñado diversos cargos, desde reporteros a ejecutivos de medios impresos, constituyen una garantía de idoneidad e imparcialidad, señaló el Presidente de la ANP, mediante un comunicado emitido por esta organización.
Dijo que “la designación de este tribunal de lujo”, cuyo funcionamiento gozará de total autonomía e independencia, significa también la voluntad de los asociados de la ANP de someterse a las decisiones que emanen del organismo que, por la calidad de los miembros que lo conforman, inspiran la seguridad de que sus fallos serán totalmente justos y, por lo tanto inapelables.
Agregó que, con la creación de dicho Tribunal, se aplica además lo señalado en el inciso II del artículo 107 de la CPE, que a la letra dice: “La información y las opiniones emitidas a través de los medios de comunicación social deben respetar los principios de veracidad y responsabilidad. Estos principios se ejercerán mediante normas de ética y autorregulación de la organización de periodistas y medios de comunicación”
El Tribunal tendrá como base de su trabajo, el Código de Ética aprobado por todos los miembros de la ANP en septiembre de 2007, y al que adhirieron los medios que se asociaron al organismo nacional después de esa fecha. Además, sus miembros están elaborando el reglamento que establecerá sus mecanismos de trabajo.
La posesión de los tribunos se realizará tan pronto se hubiera coordinado la fecha más adecuada para realizar la ceremonia, informó el presidente de la ANP, quién divulgó también el Código de Ética de la institución que dirige, señalando que, como todo instrumento, “es perfectible”.
MIEMBROS DEL TRIBUNAL
ALBERTO ZUAZO NATHES (Nattes)
Nació en la ciudad de Tarija (1931). Se inició como periodista en el diario La Nación (1952-1955), desempeñando las funciones de Reportero, Redactor y Jefe de Redacción. En EL DIARIO (1955-69), trabajó como Redactor, Jefe de Informaciones y Jefe de Redacción y Subdirector (1989). En Última Hora, fue Jefe de Redacción y Subdirector (1970-1982). Corresponsal de la agencia de noticias United Press Internacional-UPI (1971-1989), igualmente de Business International, que pasó a constituirse en la Unidad de Inteligencia de la revista británica The Economist (1975-1998) y de la Oficina de Comercio Exterior del Japón-Jetro (1980-2000). Es columnista y comentarista de La Razón (1991)
Fue Secretario Ejecutivo del Sindicato de Trabajadores de la Prensa, Co-fundador de la Federación Sindical de Trabajadores de la Prensa de Bolivia y dos veces Presidente de la Asociación de Periodistas de La Paz (1973-75 y 1982-85). El Congreso Nacional lo eligió como Vocal de la Corte Electoral de La Paz (Sala Murillo) entre 1991-95.
Cuenta con las distinciones al “Mérito Sindical” (1970), Premio de Periodismo de la Fundación Manuel Vicente Ballivián (1978), Premio Nacional de Periodismo (1989) y las medallas “Bautista Saavedra” y “Honor al Mérito” de la Asociación de Periodistas de La Paz.
ARMANDO VILLAFUERTE CLAROS
Lic. en Derecho y Ciencias Políticas, Universidad Mayor de San Andrés (UMSA). Abogado (Examen de Corte). Ejercicio independiente de la profesión.
Profesor Derecho Civil; Derecho Civil (Personas, Derechos Reales, Derecho Obligaciones, Contratos, Sucesiones), UMSA; profesor en curso de posgrado en Derecho de familia actualizado. Derecho Civil y Derecho de familia, Universidad Católica Boliviana. Profesor de Derecho Civil y posgrado, Universidad
Franz Tamayo; Director de la Maestría de Derecho Civil, Universidad Andina Simón Bolívar, La Paz; profesor invitado, Maestría de Derecho Civil, Caracas, Venezuela; profesor posgrado, Derecho de familia boliviano, Facultad Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Central; Profesor invitado, cursos de Derecho sucesiones, Universidad Técnica de Oruro y magistrado invitado, Ministerio de Justicia de Portugal en 1970.
MAGISTRADURA
Vocal y Conjuez de la Corte Superior de Justicia de La Paz; Conjuez Tribunal Fiscal de la Nación; Conjuez de la Corte Suprema de Justicia; Ministro de la Corte Suprema de Justicia; Presidente de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de la Judicatura.
COMISIONES CODIFICADORAS
Revisión del Código Civil, 1971; revisión del Código de Familia, 1971; revisión del Código Civil, 1983; elaboración y revisión del Código del Menor (Unicef).
JAIME HUMÉREZ SELEME
Periodista y Abogado
Nació en Cochabamba (1932). Estudió Derecho en la Universidad Mayor de San Andrés. Empezó a ejercer el periodismo en el diario católico Presencia, primero como Jefe de Informaciones (1958-1961), luego como Jefe de Redacción (1961-75), Editor General y Director a.i. (1986-1998). Desempeñó las funciones de Director en el diario Hoy (1975-1978), Codirector y Gerente General de la empresa editora del referido periódico, Siglo Ltda. (1978-1980). Fundó y dirigió el diario Meridiano (1980-1984). Igualmente, fundó y ha sido Director del diario Primera Plana (1991-1994). Fue Director de Ultima Hora (1998).
En la actividad gremial, fue Secretario Ejecutivo del Sindicato de Trabajadores de la Prensa de La Paz (1962-1964), Secretario Ejecutivo de la Federación Nacional de Trabajadores de la Prensa de Bolivia (1965-68), Presidente de la Asociación de Periodistas de La Paz (1974-1977), Vicepresidente de la Asociación Nacional de la Prensa de Bolivia (1978-1979) y Presidente de esta misma institución (1979-1980). Por su trayectoria profesional, recibió el Premio Nacional de Periodismo (1996) y el Premio de Periodismo ¨Guillermo Gutiérrez Vea Murguía¨ otorgado por la Fundación Manuel Vicente Ballivián (1998).
WILLMAN R. DURÁN RIBERA
Abogado, doctorado en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid.
Profesor de posgrado en Derecho Penal y Constitucional, en las universidades: Gabriel René Moreno de Santa Cruz; Mayor de San Andrés de La Paz; Andina Simón Bolívar de La Paz, Santa Cruz y Pando; San Simón de Cochabamba; Aquino de Bolivia (Santa Cruz); ex Magistrado y Presidente del Tribunal Constitucional de Bolivia (1998-2006).
HAROLD OLMOS MERCADO
Periodista boliviano, nacido en Beni. Se ha desempeñado activamente en su profesión durante más de cuatro décadas. Trabajó como Redactor y Asistente de Dirección en el diario Presencia, de La Paz. Fue Director de la Associated Press (AP), en Venezuela (1982-1993) y Brasil (1993-2006). Ahora reside en Santa Cruz de la Sierra. En diciembre del año pasado, la Asociación de Periodistas de La Paz lo distinguió con el Premio Nacional de Periodismo 2007.
CÓDIGO DE ÉTICA DE LA ANP
INTRODUCCIÓN.-
La Asociación Nacional de la Prensa, ANP, tiene como obligación estatutaria y de principio fundamental, defender indeclinablemente las libertades de prensa y expresión, como elementos vitales para que el periodismo pueda cumplir su misión de informar y orientar a la sociedad sobre los acontecimientos locales, nacionales y mundiales con la mayor veracidad, honestidad, seriedad y responsabilidad. Esas libertades son indispensables para preservar el derecho del ser humano de tener acceso a información oportuna y suficiente.
La ANP y sus miembros están comprometidos con el ejercicio de un periodismo independiente, veraz, equilibrado, desideologizado políticamente, de alta calidad y de servicio únicamente a la sociedad. La preservación de la credibilidad y el prestigio de los medios impresos, estará dada por la decisión de los asociados a la ANP de mantener una práctica honesta del periodismo serio, responsable y de alta confiabilidad.
Para ello ha puesto en vigencia un código de ética de obligatorio cumplimiento por todos sus asociados y periodistas de los medios impresos afiliados.
También ha decidido crear un Tribunal de Ética, encargado de velar por el cumplimiento del código y de emitir sanciones morales cuando estos principios éticos hubieran sido transgredidos.
Este código debe ser respetado y ejercitado por los propietarios, directores, editores, reporteros y todos los empleados de los medios afiliados a la Asociación Nacional de la Prensa, que incluye a gerentes, administradores, publicistas y trabajadores de otros sectores, para mantener la credibilidad de la sociedad en sus periódicos impresos.
CÓDIGO DE ÉTICA
1. La veracidad de la información debe ser la primera condición imprescindible para su publicación. Los periodistas deben agotar todos los recursos lícitos para llegar a esa verdad o aproximarse lo más cerca de ella. Los editores y jefes de información deberán evitar la publicación de noticias que carezcan de veracidad. La mentira, los rumores, las versiones de corrillos de oficinas públicas o privadas no deberían ser publicados porque afectan a la credibilidad y seriedad de los medios. Sólo deberán publicarse hechos comprobados y corroborados por fuentes responsables e idóneas o respaldados por documentos.
2. Los medios deben tener claramente diferenciados sus sectores editorial, de opinión, de información y de publicidad. La información debería estar totalmente exenta de juicios de valor, opiniones o comentarios de los periodistas porque pierde su pureza, se distorsiona y tergiversa. Agregar opiniones o comentarios es manipular la información y los resultados son la confusión del lector y la pérdida de credibilidad del medio.
3. La información tiene que ser exacta y los hechos, descriptos con precisión. Solo deben ponerse entre comillas las frases textuales de los protagonistas, informantes o testigos de los hechos noticiosos. Las fotografías e imágenes gráficas no deberán ser retocadas ni manipuladas. La distorsión intencional de la información, la manipulación de imágenes y fotografías por cualquier medio, constituirán siempre una falta grave. El plagio es un delito.
4. La imparcialidad es elemento indispensable para la credibilidad de la información. Los reporteros, editores, directores y propietarios deberían evitar ser influenciados por amistades, familiares, personalidades públicas y privadas, por sus propias tendencias ideológicas y sentimentales en el manejo de las noticias y del medio. Sólo obrando honestamente se podrá practicar la imparcialidad.
5. La equidad y equilibrio deben ser parte importante de la práctica periodística noticiosa. Para ello será siempre necesario que cualquier noticia cuente con “parte y contraparte” y con consultas a personas e instituciones involucradas en la información, aunque los elementos o documentos que respalden la noticia sean irrebatibles. Generalmente, cada una de las partes cree tener la razón y los medios tienen la obligación de hacer conocer a sus lectores los argumentos de cada parte.
6. Detrás de regalos e invitaciones a periodistas, generalmente hay un marcado interés en que por lo menos se divulgue la información que le interesa al interlocutor. Debería rechazarse todo regalo, especialmente cuando tenga un valor significativo. Las invitaciones de fuentes gubernamentales o instituciones a viajes para coberturas de acontecimientos noticiosos pueden condicionar la independencia del periodista y del medio. Los medios deberían hacer el mayor esfuerzo para pagar los gastos de viajes de sus periodistas, quienes jamás deberían recibir pago que no sea el de su medio, por publicación de noticias. Lo contrario será soborno y corrupción.
7. Las discriminaciones raciales, sociales, étnicas, religiosas, de género, sexo, procedencia geográfica, incapacidad o apariencia física, deben estar erradicadas de los medios, que tienen obligación de dar un trato respetuoso e igual a todas las personas e instituciones.
8. La consideración y compasión deben llevar a los medios a respetar la vida privada de las personas y a no publicar nombres de sospechosos que no hubieran sido oficialmente imputados. Tampoco deberían publicarse nombres ni fotografías de menores de edad que cometieran actos delictivos o estuvieran mezclados en incidentes o reyertas, ni fotografías que atenten contra la moral o causen impacto desagradable. Debería evitarse la agresividad contra los entrevistados. Los periodistas deberían buscar siempre ser respetados y no temidos por la sociedad y las fuentes.
9. Los medios están obligados moralmente a rectificar los errores, equivocaciones o inexactitudes en las que hubiera incurrido al difundir informaciones o comentarios, aunque no hubiera reclamos ni pedido de rectificación de los afectados. Las rectificaciones deberían publicarse tan pronto como fue descubierto el error. Si el error causara daños, el medio no debería dudar en pedir disculpas.
10. Los métodos encubiertos para conseguir información, son contrarios a la ética porque encierran un engaño. Se deben acudir a los métodos lícitos a menos que por esta vía sea imposible obtener la información que se busca. Aún así, debería primero analizarse en la redacción si no queda otra alternativa que recurrir al método encubierto y si la noticia obtenida de esa forma beneficia a la sociedad. Estos métodos jamás deberían ser práctica corriente, sino la excepción.
11. Los trabajadores de los medios no deberían utilizar su popularidad o influencia en beneficio personal o de familiares y amigos y deberían evitar prestar o alquilar su imagen para publicidades o propagandas, porque pueden poner en riesgo su credibilidad.
12. Los medios deben evitar el sensacionalismo, porque éste no es periodismo. Por el contrario, es una forma de manipulación de la información, Tampoco deben hacer apología del delito ni difundir comportamientos delictivos que induzcan a la imitación.
13. Las fuentes de información usadas por los medios deben ser idóneas y confiables y los periodistas deben respetar su compromiso de mantenerlas en reserva cuando hubiera un pedido expreso de hacerlo, evaluando el riesgo que corre la fuente. También se debe mantener la confidencialidad de hechos y declaraciones que conozca el periodista sobre los que hubiera comprometido su silencio. La búsqueda de la verdad permitirá saber si alguna fuente intenta usar al medio para fines deshonestos.
14. Los medios deberían mantener y alentar la suscripción de una cláusula de conciencia y respetar, tras analizar, los argumentos de los periodistas para abstenerse de realizar alguna cobertura que le implique un conflicto de de interés.
15. Los medios deberán respetar las informaciones adelantadas y no difundirlas sino hasta que acabe el embargo impuesto por las autoridades o fuentes. Lo contrario significaría violar un acuerdo implícito y perder credibilidad.
16. Los titulares de los medios deberán siempre reflejar el contenido de los textos y los editores deberán respetar el trabajo de los reporteros sin distorsionarlo, porque de lo contrario confundirán al lector. Esta pulcritud jerarquiza al medio.
17.. Sólo son delincuentes consumados quienes reciben una sentencia de la justicia. Quienes están siendo procesados, son sólo presuntos delincuentes y debería nombrárselos como acusados.
Dimite otro juez del Tribunal de Imprenta que juzga a La Prensa
MARIO ALFONSO IBÁÑEZ DENUNCIA SUPUESTAS IRREGULARIDADES
La Prensa
El Presidente reconoció que había sostenido encuentros con los dirigentes de los contrabandistas. El Gobierno presentó una demanda penal, cuando correspondía un juicio de Imprenta. Desde la demanda planteada y la constitución del Tribunal ya transcurrieron diez meses.
Mario Alfonso Ibáñez renunció como miembro del Tribunal de Imprenta, en el que se sustancia el juicio abierto por el presidente Evo Morales contra el periódico La Prensa; denunció una supuesta negligencia del Concejo Municipal de La Paz para completar los cargos que quedaron vacantes en ese juzgado especial abierto el 18 de mayo, y advirtió la existencia de una velada intención política por obstaculizar el cumplimiento de la Ley de Imprenta.
En una carta enviada a este periódico, Ibáñez afirma: “Existen fuertes indicios de pretender cancelar la Ley de Imprenta porque ella se constituye en obstáculo para imponer la arbitrariedad, el abuso de poder y en el instrumento que tenemos los bolivianos para precautelar el buen uso de la gestión pública, pero también representa el instrumento para evitar un discrecional uso de los medios de comunicación por efecto de presiones políticas y económicas”.
El especialista destaca que, en mayo de este año, aceptó formar parte del Tribunal de Imprenta, establecido por el juez Aníbal Miranda Balboa, “para esclarecer en el marco de la equidad, la justicia y la verdad la demanda interpuesta por la Presidencia de la República contra el periódico La Prensa por sus publicaciones de fechas 9, 10 y 11 de diciembre de 2008”.
Los hechos
El 5 de diciembre del año pasado, el ex presidente de la Aduana Nacional de Bolivia César López presentó una denuncia formal ante el Congreso respecto de la liberación ilegal de 33 camiones con mercadería de contrabando en Pando, en la que involucró al ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana; al actual prefecto de ese departamento, Rafael Bandeira, y a otros funcionarios del Órgano Ejecutivo.
A partir de esos hechos de interés público denunciados por López, La Prensa publicó una serie de notas documentadas y contrastadas con fuentes calificadas que relacionaban a importantes autoridades del Gobierno con el caso, entre ellas el presidente Evo Morales.
El 9 de diciembre, el periódico tituló: “Evo negoció ‘luz verde’ con los contrabandistas dos meses antes”, con base en cartas enviadas por los comerciantes al Ejecutivo y un documento de la Aduana Nacional que revelaban las conversaciones entabladas, en junio de 2008, por dirigentes de los contrabandistas con autoridades del Gobierno, 60 días antes de la salida irregular de los camiones con contrabando desde la Zona Franca de Cobija.
La documentación muestra que los dirigentes de los comerciantes sostuvieron encuentros en Pando y en el mismo Palacio de Gobierno con el fin de “resolver” la situación de irregularidad en la que se encontraba su mercadería, después de que la Aduana determinara que se trataba de contrabando.
El Primer Mandatario reconoció que había sostenido encuentros con los dirigentes de los contrabandistas, pero negó que hubiera sido para “resolver” la situación de irregularidad en la que se encontraban los 33 camiones, tal como aseguran las cartas publicadas por La Prensa.
La demanda
La noticia desató la ira del Presidente, quien increpó públicamente al editor de la sección Al Filo de este medio, Raphael Ramírez, durante un acto que se desarrolló en el Palacio Quemado con motivo de conmemorarse el Día Internacional de la Lucha Contra la Corrupción.
El Gobierno anunció, entonces, que iniciaría un proceso legal contra el periódico La Prensa por considerar que las denuncias eran calumnias e injurias que buscaban dañar la imagen del Jefe de Estado.
Este medio rechazó las imputaciones, ratificó los términos de la información publicada y advirtió de que el caso sólo podía sustanciarse ante un Tribunal de Imprenta, tal como lo prevé la Ley de Imprenta vigente desde 1925, frente al que presentaría su defensa legal.
Sin embargo, en contra de los postulados de esa norma, el 12 de marzo, el Gobierno presentó una demanda penal ante la Fiscalía de Distrito bajo los cargos de “desacato a una autoridad, calumnias e injurias”, situación que generó el rechazo de los gremios de prensa y de los medios de comunicación por considerar que el caso debía resolverse en el Tribunal. Esta figura también fue rechazada por la Fiscalía por considerar que se trataba de un caso de imprenta.
El 27 de marzo, el fiscal Edward Mollinedo se declaró incompetente para proseguir el proceso y remitió los documentos a un Juez de Instrucción. Argumentó que, de acuerdo con el artículo 33 de la Ley de Imprenta, la demanda debía ser formulada ante un juez de Partido, quien debía convocar a un tribunal especial para el gremio.
El mencionado artículo de la norma sectorial dice: “La denuncia o querella se hará por escrito, ante el Juez de Partido, quien mandará citar en persona o a domicilio al autor, editor o impresor, si fueren diferentes, al fiscal y partes interesadas señalando día, hora y lugar para el sorteo de jurados”. Este rechazo dio paso a la formación del Tribunal de Imprenta antes mencionado.
El 7 de abril, el Ejecutivo resolvió modificar su demanda, quitando de la denuncia el supuesto delito de “desacato” y solicitando que el caso se sustancie ante un Tribunal de Imprenta, como dispone la ley.
El tribunal
El 18 de mayo, esa instancia fue conformada con 12 personas: Mario Ibáñez, Florencia Ballivián, Deysi Orozco, Dulfredo Retamozo, Sandra Aliaga, Enrique Rada, Ronald Grebe, Julieta Paredes, Ramiro Molina, Armando Martínez, José Luis Aguirre y Enrique Díaz Romero como Presidente.
En su carta a La Prensa, Ibáñez lamentó que a poco de iniciarse las reuniones preparatorias de la entidad, Díaz Romero hizo conocer a los medios de comunicación su decisión de dimitir al cargo sin siquiera haberla formalizado de forma escrita al seno del Tribunal.
Luego, el organismo quedó con menos miembros tras la renuncia de Deysi Orozco y el fallecimiento de Dulfredo Retamozo.
El resto de los miembros del Tribunal solicitó al juez Miranda Balboa cubrir dichas vacancias, según Ibáñez, “a fin de no perjudicar el trabajo de acumular antecedentes sobre el caso, formar criterios adecuados y acelerar pasos procedimentales para encontrar soluciones reflexivas y razonables al respecto”.
Ibáñez asegura que habría sido aconsejable que el mismo juez cubriera aquellas vacancias con los seis suplentes originalmente elegidos como lo propuso Enrique Rada, otro miembro del Tribunal de Imprenta.
Sin embargo, en agosto, el juez Miranda Balboa solicitó al Concejo Municipal de La Paz la designación de nuevos miembros para cubrir las vacantes, lo que, según
la defensa de este periódico, contraviene la normativa prevista en la Ley de Imprenta.
Ibáñez recordó que, desde la demanda planteada y la constitución del Tribunal, ya transcurrieron diez meses.
Del requerimiento del juez al Concejo Municipal pasaron dos meses, tiempo en que el ente edil no respondió al pedido. “Me da la impresión de que existe negligencia para atender la solicitud o que se ha creado una extraña actitud para no hacerlo”, destaca Ibáñez en su carta a La Prensa. En el mismo sentido, comentó que “primero estuvo el descabezamiento de la Presidencia del Tribunal de Imprenta, luego forzar el desbande de sus miembros, ya que algunos de ellos se encuentran fuera de la sede del Gobierno, en el exterior, por razones profesionales. De otro lado, tampoco se observa reacción alguna de las partes interesadas”.
“Frente a este panorama de extrañas actitudes que parecen estar dirigidas al irrespeto y el desconocimiento del Tribunal de Imprenta, presento mi renuncia como miembro titular de dicho organismo legal”.
Por ello, Ibáñez insistió en que hay fuertes intereses que buscan anular la Ley de Imprenta para dar paso a la vigencia del abuso de poder en el país.
El letrado aseveró: “La vigencia del Tribunal de Imprenta debe merecer paralelamente su intransigente defensa por parte de los bolivianos del campo y de las ciudades, porque en él está la defensa de la dignidad, el derecho y el honor de las personas, así como el esclarecimiento de la justicia y la verdad sin apasionamiento alguno”.
Concejo dice que cubrirá vacíos
El Concejo Municipal de La Paz anunció que resolverá esta semana las vacantes del Tribunal de Imprenta que se creó el 18 de mayo para conocer el juicio que el presidente Evo Morales instauró contra La Prensa, por sus publicaciones del 9, 10 y 11 de diciembre de 2008 relacionadas con el supuesto contrabando de 33 camiones en el departamento de Pando, caso en el que fue involucrado el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana.
El presidente de esa instancia edil, Luis Revilla (MSM), informó que este asunto está agendado para ser tratado esta semana, aunque no precisó el día ni la hora. “Está agendado que esta semana podamos completar el número de jurados”.
Mario Alfonso Ibáñez, quien renunció a ser parte de ese Tribunal, creado por Aníbal Miranda, juez Tercero Penal Liquidador, solicitó al Concejo Municipal, en agosto, que cubra las vacantes que se presentaron con las renuncias de otros integrantes sin que, a los dos meses de ese requerimiento, se lo hubiera atendido.
“Me da la impresión —afirmó— de que existe negligencia para atender la solicitud o que se ha creado una extraña actitud para no hacerlo”. Empero, en agosto, el Concejo ya hizo una convocatoria pública para llenar esas acefalías.
Revilla explicó que el Tribunal de Imprenta tiene 40 miembros, de ellos, 24 ingresaron en un sorteo y fueron elegidos 12, que son los que son parte del jurado en el proceso contra este medio.
De ellos, tres renunciaron, César Enrique Díaz Romero, Deysi Orozco y Mario Alfonso Ibañez; uno falleció, Dulfredo Retamozo.
Según Revilla, a pesar de las acefalías existe “el número suficiente para hacer el sorteo, no debería ser ninguna razón para que el proceso se paralice”. No obstante, reiteró que esta semana se intentará completar ese Tribunal.
El 18 mayo, el juez Miranda tomó juramento a César Enrique Díaz Romero como presidente del Tribunal, y como miembros titulares al presidente de la Asociación de Periodistas de La Paz, Ronald Grebe; a la historiadora Florencia Ballivián; Enrique Rada, Deysi Orozco, Ramiro Molina, Armando Martínez, la periodista Sandra Aliaga y Mario Alfonso Ibáñez. Como suplentes fueron elegidos Dulfredo Retamozo, la activista por los derechos de las mujeres Julieta Paredes y José Luis Aguirre.
Este Tribunal es el segundo que se forma desde 1999, cuando uno de similares características trató una demanda del actual senador Wálter Guiteras (Podemos), cuando era ministro de Gobierno, contra el diario Extra.
La ANP conforma su Tribunal de Ética
La Asociación Nacional de la Prensa (ANP) conformó su Tribunal de Ética con personalidades del ámbito del periodismo y el derecho, dando cumplimiento así al inciso II del artículo 107 de la Constitución Política del Estado (CPE), informó el presidente de esa institución que agrupa a los 23 principales diarios y periódicos impresos del país, Marco Antonio Dipp, quien además es director del diario Correo del Sur.
Indicó que este tribunal está integrado por los abogados Armando Villafuerte y Willman Durán, y los periodistas Alberto Zuazo Nattes, Jaime Humérez Seleme y Harold Olmos Mercado.
Su misión será procesar las denuncias de la sociedad sobre las faltas éticas que puedan cometer los medios de comunicación social afiliados a la ANP y determinar la responsabilidad de periodistas, ejecutivos o trabajadores de otras áreas de los medios en dichas faltas.
Dipp confesó que no fue fácil la formación de este Tribunal y que el esfuerzo mayor fue puesto en la búsqueda de personalidades con altísima credibilidad, reconocida responsabilidad, seriedad e idoneidad.
Ello permitirá que las decisiones del Tribunal gocen de total confiabilidad de la sociedad y sean adoptadas con absoluta independencia.
Recordó que Villafuerte fue presidente de la Corte Suprema de Justicia, y Durán fue presidente del Tribunal Constitucional de la Nación. Ambos tienen una “intachable trayectoria en el campo de la judicatura nacional”, la que los llevó a ocupar las presidencias de las más altas instituciones judiciales del país, dijo el directivo de la ANP.
Los periodistas Zuazo, Humérez y Olmos fueron distinguidos con el Premio Nacional de Periodismo, la más alta distinción a la carrera periodística que se otorga hasta ahora en Bolivia. “Sus también límpidas trayectorias periodísticas, en las que han desempeñado diversos cargos, desde reporteros a ejecutivos de medios impresos, constituyen una garantía de idoneidad e imparcialidad”, afirmó el Presidente de la ANP en un comunicado emitido por esta organización.
Agregó que “la designación de este Tribunal de lujo”, cuyo funcionamiento gozará de total autonomía e independencia, significa también la voluntad de los asociados de la ANP de someterse a las decisiones que emanen del organismo que, por la calidad de los miembros que lo conforman, inspiran la seguridad de que sus fallos serán totalmente justos y, por lo tanto, inapelables.
Subrayó que con la creación de dicho Tribunal se aplica además lo señalado en el inciso II del artículo 107 de la Constitución Política del Estado, que dice: “La información y las opiniones emitidas a través de los medios de comunicación social deben respetar los principios de veracidad y responsabilidad.
Estos principios se ejercerán mediante normas de ética y autorregulación de las organizaciones de periodistas y medios de comunicación”.
El Tribunal tendrá como base de su trabajo el Código de Ética aprobado por los miembros de la ANP en septiembre de 2007, y al que se adhirieron los medios que se asociaron al organismo nacional después de esa fecha. Además, sus miembros están elaborando el reglamento que establecerá sus mecanismos de trabajo.
La posesión de los tribunos se efectuará tan pronto se hubiera coordinado la fecha más adecuada para realizar la ceremonia, informó el Presidente de la ANP, quien divulgó también el Código de Ética de la institución que dirige, señalando que, como todo instrumento, “es perfectible”.
En una entrevista en la Red Erbol, el secretario ejecutivo de la ANP, Juan Javier Zeballos, anunció ayer que la posesión de los miembros del Tribunal de Ética será el 27 de octubre, aunque no precisó el lugar ni la hora.
Los detalles
El Gobierno cuestionó a este medio por la información del contrabando de 33 camiones.
El Mandatario, en un acto público, increpó al periodista Raphael Ramírez por esa noticia.
Ese mismo día amenazó con iniciar un juicio contra este periódico.
En marzo, el Ejecutivo presentó una denuncia penal en el Ministerio Público.
La Fiscalía se declaró incompetente y derivó el caso a un Juzgado de Instrucción.
La denuncia debió presentarse ante un Juez de Partido para convocar a un tribunal especial.
La Prensa rechazó un juicio ordinario, pues el caso debía ir a un Tribunal de Imprenta.
El 18 de mayo se constituyó dicha instancia formada por 12
titulares y seis suplentes.
El proceso no avanza porque hay cuatro acefalías que el Concejo Municipal debe cubrir.
Juicio
El Gobierno presentó una demanda contra La Prensa por tres publicaciones.
El tema en cuestión es que 33 camiones pasaron con contrabando en Pando.
El caso involucró al ministro Juan Ramón Quintana y al actual prefecto Rafael Bandeira.