Clanes familiares en el trópico de Cochabamba: el poder oculto que blinda al narcotráfico en el bastión de Evo Morales


El experto en seguridad Jorge Santistevan advierte que redes familiares, como el clan Terán, operan desde hace décadas con protección política y sindical; la reciente captura de Elba Terán revela fallas graves en los controles antidroga.

eju.tv / Video: DTV

La caída de Elba Terán González con 10 kilos de cocaína en Villa Tunari no es un hecho aislado, sino – según el analista en temas de seguridad Jorge Santistevan – es la evidencia de un sistema de clanes familiares que existen en el trópico de Cochabamba, los cuales, respaldados por redes políticas y sindicales, han convertido la región que es considerada el bastión del expresidente Evo Morales Ayma, en un centro neurálgico y estratégico del narcotráfico boliviano.



El domingo pasado, la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) aprehendió a Elba Terán González, en un operativo en Chipiriri, localidad del municipio de Villa Tunari. Terán es hermana de la histórica dirigente cocalera y exsenadora del Movimiento al Socialismo (MAS) MAS, Margarita Terán, fue sorprendida con 10 kilos de cocaína en un vehículo Nissan X-Trail. Mientras el chofer huyó, la mujer quedó bajo arresto y será imputada por tráfico de sustancias controladas en las próximas.

Pero para el experto Santistevan, la aprehensión solo confirma un fenómeno mayor, porque desnuda que en la región considerada la ‘republiqueta’ gobernada por Evo Morales y las seis federaciones del trópico de Cochabamba, los denominados clanes familiares que se dedican al negocio ilícito están más vigentes que nunca; es más, gozan de plena protección del poder político y sindical instalado en la zona, lo que les permite diversificar las actividades ligadas a la cadena de producción de estupefacientes.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Foto: captura pantalla.

“Estamos mirando un caso más de una familia que está dedicada a narcotráfico y es una de las 200 familias involucradas. ¿Qué significan esto? Son los clanes familiares, que están precisamente en su auge y que en ese territorio del Chapare, precisamente es donde tienen laboratorios, donde tienen fosas de maceración, las que nunca, las que nunca son intervenidas. Y cuando (los efectivos antidroga) entran a intervenir, ya no encuentran nada, ya no encuentran a nadie”, puntualizó.

Santistevan sostiene que estos grupos han consolidado un manto de impunidad gracias a sus vínculos con sindicatos cocaleros y con el poder político, incluso – afirma – a lo largo de la historia del MAS en el poder pusieron asambleístas en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) y autoridades en diferentes reparticiones estatales, tal el caso del actual ‘zar antidrogas’, Jaime Mamani Espíndola, de quien asegura es una cuota de poder de estos grupos que dominan el trasiego de drogas en el Chapare.

Foto: captura pantalla.

“Ponen senadores, ponen diputados en la Asamblea y además hay algo importante, que el propio ‘Zar Antidrogas’, que es el viceministro de Defensa Social, es una cuota de ellos, es una cuota de los clanes familiares”, apuntó el policía retirado a modo de crítica sobre la contaminación del cargo al tener supuestos nexos directos con los grupos delincuenciales. Añade que es una estructura organizada desde el punto de vista político, ya que tienen cuotas en diferentes instituciones del Estado, de esa manera evitan que ingrese algún sistema diferente al de ellos.

El especialista recordó que Elba Terán fue detenida en 2008 con 146 kilos de cocaína y liberada meses después, y que incluso fue condenada a 15 años de prisión en 2020 por tráfico de drogas, pero no cumplió la sentencia. A su juicio, la reincidencia desnuda la debilidad del sistema judicial, ya que “la responsabilidad de que esta señora reincida con lo mismo es del juez y del fiscal que le dieron la libertad”. “Este es el caso del clan Terán, y no es el único: hay al menos 200 familias operando bajo este esquema”, reiteró.

Foto: captura pantalla.

Por ello, para Santistevan, la aprehensión de Elba fue fortuita y no respondió a un plan sistemático de la Policía Boliviana. “Este clan familiar sigue trabajando porque precisamente el negocio es un negocio en el que no está controlado por las fuerzas del orden. Las fuerzas de seguridad no están controlando, hacen operativos falsos, realizan intervenciones inútiles, insulsas, porque generalmente no encuentran nada. Esto que estamos viendo ahora son precisamente controles rutinarios de personal de la Policía Boliviana (5:21) y que lo hacen, es decir, de una forma accidental en la que cae la señora Terán”, remarcó.

El experto advierte que, de no enfrentarse con decisión, estos clanes podrían recurrir a tácticas violentas vistas en otros países; por ello, la tarea del próximo gobierno será bastante delicada, porque tendrá la misión de restablecer el imperio de la Ley en una zona en la que el Estado no tiene ingreso hasta la fecha y se controla bajo las reglas que pone Evo Morales y los dirigentes cocaleros, quienes conformaron un poder paralelo en ese bastión impenetrable para las fuerzas de seguridad en la actualidad.

Foto: captura pantalla.

“Estamos entre una situación de alto riesgo en la pacificación del Estado, porque cuando se intente imponer la ley, ya la guerra no va a ser entre ellos, porque hay una guerra por territorio y por droga. La guerra va a ser contra los funcionarios de gobierno, Policía, Fuerzas Armadas, y esa es una guerra más peligrosa, porque ellos, como una forma de contrarrestar a un gobierno que los reprime, ponen coches bombas, ponen explosivos en lugares públicos donde gente inocente muere, y eso para frenar precisamente la lucha contra el narcotráfico La respuesta que dan al gobierno es matar gente inocente, como lo hicieron y lo hacen en el Ecuador, en Colombia, y como lo están haciendo en México”, dijo.

El análisis de Santistevan coloca nuevamente al Chapare en el centro del debate sobre la producción de cocaína y coca excedente, así como la resistencia del MAS al retorno de agencias extranjeras como la DEA (Drugs Enforcement Agency, por su sigla en inglés). Para el experto, mientras el poder político y sindical proteja a estos clanes, la lucha contra el narcotráfico en Bolivia continuará – en sus palabras – como ‘una fachada sin resultados reales’.