La víctima, vinculada a la investigación contra Morales por presunta trata de personas agravada, acudió a las autoridades argentinas solicitando protección internacional. A inicios de este mes, Gutiérrez se excusó de pronunciarse sobre el caso hasta contar con documentación oficial, señalando que conoció sobre el supuesto asilo únicamente a través de los medios de prensa.
eju.tv / Video: Cadena A
La fiscal departamental de Tarija, Sandra Gutiérrez, aseguró este lunes que hasta la fecha el Ministerio Público no cuenta con ninguna notificación oficial sobre el refugio en Argentina que obtuvo Cindy Saraí V. P., presunta víctima del expresidente Evo Morales, a quien se investiga por el delito de trata de personas agravada.
“Nosotros desconocemos oficialmente sobre el refugio del que se habla. Al Ministerio Público no llegó absolutamente ninguna nota oficial respecto a que ella habría obtenido esa condición en Argentina”, declaró Gutiérrez, tras mencionar que, pese a ello, el Ministerio Público abrió de oficio una investigación por el delito de trata, en el que las víctimas eran Cindy y su hija.
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No obstante, la autoridad añadió que la causa no prosperó debido a la falta de colaboración de los familiares de la víctima. «Este caso no pudo prosperar porque siempre encontramos renuencia por parte de los familiares, quienes jamás quisieron coadyuvar con la investigación», sostuvo.
Según un informe oficial de la Cancillería argentina, publicado por los medios de prensa a principios de este mes, el 22 de agosto pasado el Gobierno de ese país otorgó asilo diplomático a Cindy, a su madre y a la menor de 9 años. La solicitud fue presentada en el marco de la Convención de Ginebra de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados y de la Ley General de Reconocimiento y Protección al Refugiado Nro. 26.165.
La víctima, vinculada a la investigación contra Morales por presunta trata de personas agravada, acudió a las autoridades argentinas solicitando protección internacional. A inicios de este mes, Gutiérrez se excusó de pronunciarse sobre el caso hasta contar con documentación oficial, señalando que conoció sobre el supuesto asilo únicamente a través de los medios de prensa.
Sobre el caso, la diputada de Comunidad Ciudadana (CC), Luciana Campero, viene cuestionando el rol del Ministerio Público en Bolivia. En ese sentido, observa que el proceso judicial contra Morales está paralizado. Según Campero, el expresidente fue imputado desde fines de 2024, por la cual se emitieron tres órdenes de aprehensión tras su incomparecencia, pero hasta la fehca no se ha presentado una acusación formal.